Un nuevo atropello de la dictadura chavista

Al cuestionar lo que ocurre en Venezuela, el gobierno argentino no debería sentir vergüenza de calificar a Maduro como lo que es: un dictador
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7 de enero de 2020  

El régimen dictatorial de Nicolás Maduro les asestó un nuevo golpe a las instituciones de Venezuela y a la democracia, al imponer, mediante un procedimiento fraudulento y vergonzoso, al presidente de la Asamblea Nacional, luego de que efectivos de las fuerzas de seguridad bloquearan el acceso al Parlamento de los legisladores de la oposición, encabezados por Juan Guaidó, a quien se iba a ratificar al frente del Poder Legislativo.

La Asamblea Nacional, el único poder que no controlaba directamente el régimen chavista, debía realizar anteayer la elección de su titular. Pocos imaginaron que desde el Palacio de Miraflores se ordenaría a las fuerzas policiales que impidieran el ingreso de los diputados antichavistas por medio de acciones represivas, que también afectaron a los periodistas.

Aprovechando la ausencia forzada de los legisladoresde la oposición, los partidarios de Maduro consagraron presidente de la Asamblea a Luis Parra -dirigente investigado por favorecer a un empresario colombiano que es presunto testaferro de Maduro-, en lo que puede ser considerado una auténtica farsa.

La maniobra provocó un fuerte rechazo internacional, que incluyó una dura declaración del Grupo de Lima, lamentablemente no suscripta por la Argentina.

El gobierno de Alberto Fernández se limitó a emitir un comunicado en el que lamentó los episodios ocurridos en Venezuela, que calificó como "un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho", y señaló que son "inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento". También instó a "recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales".

Si bien el gesto del gobierno argentino fue públicamente agradecido por Guaidó, no deja de sorprender a estas alturas que las nuevas autoridades nacionales hayan elegido con tanto cuidado los términos de una declaración que puede considerarse lavada y que se resistan a calificar al régimen encabezado por Maduro como lo que es: un lisa y llana dictadura. Sobran razones para decir con todas las letras que gobierna Venezuela un auténtico dictador, que no ha dejado de violar elementales derechos humanos, para lo cual basta leer el informe emitido el año pasado por Michelle Bachelet, que da cuenta de 6859 muertes por "resistencia a la autoridad" entre 2018 y mayo de 2019.

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