Un pésimo precedente para la Justicia

La obstaculización de una inspección ordenada por la Justicia en la sede de las Madres de Plaza de Mayo violenta el principio de igualdad ante la ley
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4 de mayo de 2019  

Según uno de los principios básicos de la Justicia, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, aunque en muchas ocasiones el Poder Judicial interprete de manera bastante ambigua o arbitraria este concepto.

Pero lo que no se puede permitir de ninguna manera es un precedente como el del pasado 15 de abril, cuando las autoridades de la Fundación Madres de Plaza de Mayo reiteraron explícitamente su negativa a ser objeto de una inspección judicial. A pesar de que pueda quedar en nuestra sociedad cierto resabio de respeto por lo que alguna vez esa organización significó, definitivamente no pueden pretender obstruir un procedimiento judicial.

No olvidemos que la misma institución se había visto involucrada en el difundido escándalo de Sueños Compartidos, el programa de construcción de viviendas sociales contaminado por la corrupción, que culminó con el procesamiento de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender. Toda persona física o jurídica está obligada a acatar una orden judicial de inspección para evitar caer en un acto de rebeldía institucional. Aplica a todos, sin importar el tipo de institución o el cargo, dado que, de no ser así, el principio de igualdad ante la ley quedaría sin sustento práctico y totalmente bastardeado.

El procedimiento había sido ordenado por el magistrado Fernando Javier Perillo, titular del Juzgado Comercial número 13, quien entiende en la causa de la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se pretendía hacer un inventario para permitir que los escribanos pudiesen contabilizar debidamente los bienes existentes en la causa por pedido de quiebra, que data de junio de 2017, llevada adelante por exempleados de la Fundación que reclaman salarios no abonados y cargas sociales no cubiertas.

La iracunda Bonafini convocó con arengas públicas a resistir la orden judicial. Activistas y militantes participaron de una movilización que se concentró en la sede de la entidad, en la zona de Congreso, para impedir el ingreso al edificio de los agentes judiciales.

Más allá de los habituales discursos belicistas de Bonafini y de sus continuos exabruptos, no hay verdaderamente motivos para aducir que pudiera tratarse de una persecución personal, menos aún de una supuesta violación de derechos humanos, sino simplemente de responder ante la ley por obligaciones laborales y comerciales adeudadas.

Cabe recordar que la ex Universidad de las Madres de Plaza de Mayo fue estatizada por el último gobierno nacional con el nombre de Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (Iunma). Javier Alejandro Buján, a cargo del rectorado, destacó que "hace un año y medio que se intenta concretar el inventario para determinar qué bienes entran en la masa de la quiebra y cuáles no".

El juez Perillo había dispuesto la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ante la "insuficiencia de fondos" para pagarle a un empleado despedido que no fue indemnizado. Dispuso también el magistrado la "constatación y eventual clausura de los inmuebles" donde funcionaba la fundación. El juicio había sido iniciado en 2016 por el exempleado Miguel Ángel Ortiz Benítez, quien, luego de obtener sentencia favorable en el fuero laboral y al no haber cobrado sus haberes, inició una causa en el fuero comercial. Según Perillo, existía una "insuficiencia de fondos para desvirtuar el estado de cesación de pagos imputado". Solicitó por ello información acerca de si en verdad la "fundación fallida" se encontraba escindida de la ex Universidad de las Madres para poder resolver su situación.

Con relación al malogrado intento de inspección, de acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, se trató del cuarto intento dirigido a concretar la mencionada diligencia legal, lo que testimonia, sin duda, otro pésimo ejemplo de cómo se comporta Bonafini frente a la Justicia.

Es determinante para toda república que el Estado de Derecho funcione. No han de haber prerrogativas de ningún tipo. Nadie puede pretender erigirse por encima de la ley.

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