Un presidente que debe reaccionar

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3 de octubre de 2020  • 00:00

En vez de quejarse de las críticas, el primer mandatario debería tomar distancia de quienes lo arrastrarán al despeñadero

El presidente Alberto Fernández , al igual que algunos de sus colaboradores, viene haciendo generalizadas críticas a los medios periodísticos. Más precisamente, el primer mandatario ha dicho que "tergiversan la realidad de acuerdo con sus necesidades empresariales".

Como cualquier ciudadano, el Presidente está en su derecho de expresar disenso con la tarea y las opiniones de la prensa. Pero lo que no se puede pasar por alto es que quien lleva casi cuarenta años actuando en la política nacional desde tan variadas perspectivas, como las que ofrecen las sucesivas parcialidades en que ha militado, pueda confundir supuestos intereses empresariales con las líneas doctrinarias que refleja el periodismo, instrumento de tanta gravitación, por idoneidad y responsabilidad, en la opinión pública.

El jefe del Estado puede decir que discrepa con el pensamiento editorial de un medio y con los comentarios y el tratamiento informativo con los que este expresa su identidad periodística. No puede ni debe pretender, en cambio, asimilar el estilo y los argumentos de ese medio al de los políticos que amañan a diario un relato falso y ajustado a las propias conveniencias.

En la misma conferencia de prensa que encabezó una semana atrás en Entre Ríos y en la que descalificó a la prensa, el Presidente hizo otros llamativos comentarios. Se quejó de que en la oposición haya voces extremas, "muy irracionales, enfrentadas con la gestión gubernamental". Llaman la atención sus palabras cuando en el mundo entero asombra que el poder real de su gestión se halle en manos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, una dirigente cuyos enconos precisamente extremos imposibilitan el diálogo y los consensos que el país requiere con urgencia.

Es difícil entender la queja presidencial de que se tensen al punto de la ruptura las cuerdas del entramado político, cuando el Senado de la Nación se ha convertido, por el voto de la mayoría, en el artífice de un plan destinado a asegurar la impunidad para los actores de la que ha sido una corrupción sistémica organizada desde lo más alto del Estado.

Los partidos políticos han merecido el mayor respeto de la prensa por el papel institucional que les cabe como intermediarios entre la sociedad y el Estado, aun desde antes de su legitimación expresa por la reforma constitucional de 1994. No así las mafias que conspiran contra el honor de la Nación, la seguridad física y personal de sus habitantes y el progreso moral y material de la sociedad.

Dijo el Presidente que no tiene "ganas de perder el tiempo en pelearse con los medios, ni con los periodistas, ni con los locos que piensan que en la Argentina después de todo lo que vivió puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia". Esto último fue en obvia referencia a Eduardo Duhalde , quien habló de la posibilidad de un golpe de Estado. Duhalde se disculpó de haber hecho declaraciones resonantes, y las imputó a un instante "psicótico".

El primer mandatario debería meditar un poco sobre lo que ha dicho. La desestabilización contra el orden constitucional proviene en todo caso desde el mismo Gobierno, cuya política, carente de un programa económico, provoca el clima de desconfianza que impele a un éxodo inaudito de argentinos, a la partida de empresas extranjeras del país y a una desvalorización sin precedente de los títulos públicos pocas semanas después de concluida la reestructuración de la deuda pública.

¿No sintió el Presidente escozor al leer que la cotización del peso argentino en casas de cambio de Montevideo ha caído a cero, aun cuando él no lo hubiera sentido en el momento de pedir a los argentinos que ahorren en pesos, no en dólares, y se queden así a la intemperie total, desprovistos de un último refugio para sus ahorros?

El Presidente ha dicho que muchas posturas no ayudan a la democracia. Tiene razón. Lo asiste, en principio, una idiosincrasia personal propensa a acuerdos para introducir una cuota de sensatez a la marcha del Gobierno. Esa pretendió ser su ventaja en relación con la figura en descenso de la vicepresidenta ante la opinión pública; figura apta para los menesteres estrictamente belicosos de la política, como si esta fuera una guerra fratricida y no un saludable intercambio que se libra dentro de la concordia básica y civilizada que la Argentina espera de sus dirigentes.

Ha perdido el Presidente mucha de la consideración pública desde su mejor momento, el de las primeras semanas de la pandemia. La predisposición natural al diálogo se ensombrece no solo por su sometimiento a la vicepresidenta y sus corifeos, sino por la tendencia a la inestabilidad de sus propias opiniones. De ahí se deriva otra de las fuentes de creciente desconfianza pública en su gestión.

Fernández dijo en Entre Ríos que en los meses que lleva en la Casa Rosada se ha atenido a cumplir con lo prometido en la campaña electoral de fines del año último. No es cierto.

Prometió "cerrar la grieta", muletilla vernácula para referir al abismo existente entre las principales posiciones políticas en colisión. Por lo contrario, ha ensanchado la grieta, entre otras cosas, al desplegar una política de demolición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pretendiendo desempoderarlo, sin acuerdos de ley entre partes, con el claro fin de dañarlo antes de los cruciales comicios del año próximo.

Prometió no interferir en la labor de la Justicia. Pero está abocado, para garantizar la ansiada impunidad de su vicepresidenta y otros exfuncionarios kirchneristas, a sentar, como si fuera el desiderátum para el porvenir nacional, las bases de un Poder Judicial más politizado aún que el de los jueces mentados en la sucia servilleta del menemismo.

Urgió a los empresarios a invertir con la promesa de defender políticas racionales bajo las cuales prosperen la producción de riqueza y el empleo. Sin embargo, ha hecho lo contrario. Basta releer recientes declaraciones empresarias para advertir el desconcierto que ha introducido. El presidente Jair Bolsonaro lo ha acusado de empujar aceleradamente a la Argentina a convertirse en otro paupérrimo ejemplar del tipo de populismo marxista venezolano. A tan grave acusación ha contestado con palabras. El presidente argentino debería contestar con la fuerza de los hechos, que es a esta altura la única manera posible de desmentir una extendida percepción.

Debería nuestro presidente acordar políticas básicas de Estado con las fuerzas de la oposición y los sectores de la producción y del trabajo capaces de entender que no hay viabilidad para un país que entre 2003 y 2015 subió la presión fiscal del 27 al 39 por ciento del PBI, y el gasto público del Estado nacional, provincial y municipal, del 29 al 47 por ciento, y que sigue de mal en peor. Tendría que anticiparse a la crisis energética que sobrevendrá el año próximo de no reanudarse las inversiones paralizadas por medidas demagógicas sobre tarifas.

Como bien aseveró uno de nuestros columnistas, debería hablar por lo menos en horario de protección al menor si se dispone a insistir insensatamente con que el mérito legítimo, el que se logra por el esfuerzo, la capacitación y la educación, no es un valor digno de consideración social ni política. Debería contribuir a la educación de sus conciudadanos y hablarles con la verdad más descarnada: la política asistencialista ha de acotarse a los más desposeídos e inhabilitados para cualquier tipo de labores; no ser adoptada como un recurso para asegurarse votantes que prolonguen o agraven el actual estado de cosas.

Sabe el jefe del Estado que con el número de trabajadores formales que registra un país de informalidades laborales desbordantes, con tantas personas sin producir ni obligadas a rendir cuentas al menos sobre la educación de los hijos, la sociedad que integramos, tarde o temprano, se descompone irreparablemente. Por eso, es menester que actúe ya.

El Presidente debe reaccionar. Y, en vez de quejarse de quienes le señalan errores, distanciarse de quienes lo arrastrarán al despeñadero.

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