Un saludable giro

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) que acaba de reunirse en La Plata ha sido uno de los hechos políticos más promisorios de los últimos tiempos, valioso además por tratarse de una de las fuerzas esenciales de Juntos por el Cambio.

Por lo pronto, el radicalismo ha vuelto a mostrarse como uno de los pocos partidos políticos argentinos capaces de cumplir con la disciplina estatutaria que la ley y la democracia esperan de estas agrupaciones de intermediación entre la sociedad y el Estado. No es un asunto menor que se haya atenido a todas las formalidades del caso la puesta en escena de La Plata, pues gran parte de los partidos tienen una existencia más simulada que real en relación con el comportamiento que de ellos se espera en su vida interna.

El encuentro platense ha traído, pues, una bocanada de aire fresco en la principal franja de oposición, que nuclea a la UCR junto con Pro, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, liderado por el exsenador Miguel Ángel Pichetto. Urgía que algo de esto ocurriera después de meses de apresuramientos y tembladerales en una coalición que la sociedad observa con crecientes chances de volver al poder en 2023.

Fuera por infortunios derivados del impulso de afirmar tal o cual candidatura lo antes posible, incluso antes de que haya programas de gobierno debidamente delineados, o por el hábito de hablar sin pensar adecuadamente lo que se ha de decir, o por recelos naturales de competencia entre dirigentes con más experiencia en coaliciones electorales que en coaliciones gubernamentales, lo cierto es que en los meses recientes Juntos por el Cambio había dejado excesivos flancos abiertos para la crítica.

La convención radical de La Plata fue un paso en la buena dirección, tanto para ese partido como para sus aliados. Aproximó en la UCR posiciones doctrinarias con Pro. No es poco que el radicalismo haya reafirmado que no quiere déficit fiscal en el Estado o que el Estado prolongue una política de gastos excesivos que carecen de impacto positivo en la calidad de vida de los argentinos. O el compromiso de que el país produzca más alimentos, incremente su capacidad de exportación, reforme de una vez por todas el régimen impositivo, abra más la Argentina hacia el mundo o llame a los protagonistas de la vida pública a tener conductas transparentes y ejemplares. Sería notable que esto último lo dijeran también, desde la vereda de enfrente, la vicepresidenta de la Nación o algunos de los acólitos abrumadoramente acusados de corrupción en el ejercicio de sus cargos.

La UCR, fuerza fundada allá por 1891, ha hecho saber que trabajará para que el próximo presidente sea radical. Está bien que así sea como anticipo de una voluntad que deberá ser evaluada, junto con candidaturas de partidos aliados, en las elecciones primarias y abiertas que precederán a los comicios de octubre de 2023. Pero tanto los radicales como sus asociados en Juntos por el Cambio harían mal si olvidaran que las candidaturas deberán sostenerse sobre el piso político y moral de un programa de gobierno y del conocimiento de quiénes serán, en caso de triunfar, los llamados a ejecutar el programa que finalmente se consensúe.

No es hora de hablar con la oscuridad de esos lenguajes que omiten el nombre de Rusia al condenar el holocausto que sufre Ucrania o con la huidiza fragilidad de instituciones aplicadas al estudio de la política internacional que no han dicho todavía una sola palabra de calificación sobre la catástrofe humanitaria dispuesta por Moscú. No ha caído el documento radical en tales clases de omisiones específicas; por el contrario, ha anatematizado expresamente al régimen de Putin y se ha solidarizado con la resistencia ucraniana. Ha hecho por igual causa común con los otros integrantes de Juntos por el Cambio al requerir para la Argentina una política exterior que promueva la libertad y la democracia, el pluralismo y la tolerancia, y condene sin ambigüedades las dictaduras y las seudodemocracias.

En las elecciones parciales de 2021, la principal coalición opositora cosechó el 43 por ciento de los votos. Con solo dos puntos más, alcanzaría en 2023 la presidencia de la Nación sin necesidad de someterse a un ballottage. Esto impone extremar las responsabilidades ante la sociedad, que no sale de la estupefacción por un gobierno cuyo presidente ataca a la Corte y al periodismo independiente como vía para mantener algo abierta la relación con la jefa política que lo ungió candidato del Frente de Todos en 2019. A eso hemos llegado.

La oposición se halla en esta situación sin márgenes para juegos absurdos y –por qué no decirlo– canallescos, de negociar con un gobernador como Axel Kicillof, nada menos, que dos puestos de segundo orden en la administración provincial y facilitarle en canje la designación del titular del Tribunal de Cuentas, cargo vitalicio. Cuando resta apenas un año y medio para que sepamos quiénes serán nuestros gobernantes hasta fines de 2027, todo cálculo, todo gesto, toda palabra deberán ser mensurados con la mayor pulcritud si la oposición está dispuesta a aprovechar para el bien común la situación que deja un oficialismo en dispersión después de haber deshecho y deshonrado al país.

En ese sentido, cabe reconocer que al hacerse cargo la UCR al fin de la herencia ejemplar de Marcelo T. de Alvear –tan denostado en su tiempo por la intransigencia yrigoyenista–, ha dejado abierta una nueva esperanza, como cuando reclamó en el documento de La Plata “volver a imponer la idea de que el trabajo, el estudio, la solidaridad, los bienes públicos de calidad” deben hacer posible una vida digna entre los argentinos.