Una comisión tan onerosa como inútil

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20 de mayo de 2008  

En su primer año de existencia, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo aprobó automáticamente los 391 decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por los diversos gobiernos que se sucedieron desde 1994 hasta el año último.

Si el uso y abuso de estos decretos del Poder Ejecutivo que reemplazan a las leyes ya es de por sí condenable, la labor mecánica de esta flamante comisión que se ha revelado como un simple sello para convalidar lo hecho por el Ejecutivo demuestra ser, además de un formalismo inútil, una burla a los preceptos constitucionales. Y una burla cara.

Mediante los DNU la facultad de legislar se desvirtúa al desplazarse del Congreso al Ejecutivo. Los decretos los firman el presidente de turno y su jefe de Gabinete. Durante su gestión, el presidente Néstor Kirchner firmó 270 DNU; Carlos Menem, 545 en sus dos presidencias, y Raúl Alfonsín, sólo diez.

En octubre de 2000, una legisladora protestaba con razón: "La práctica establecida durante el último decenio de sortear las dificultades para la aprobación de las leyes mediante el instrumento de marras (los DNU) y que hoy goza de buena salud, ha desnaturalizado el rol de este cuerpo y violentado la letra constitucional". Así se pronunciaba en 2000 la diputada por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner. En 2006, ya como senadora por Buenos Aires, primera dama e inminente candidata presidencial, el criterio de la actual Presidenta varió sustancial y acomodaticiamente.

Como su nombre lo indica, los DNU sólo se ven justificados para enfrentar situaciones excepcionales en las que, por razones de tiempo, es preciso sortear los trámites habituales que requiere la sanción de una ley. Fue el ex presidente Menem quien inauguró la etapa del abuso de estos instrumentos.

Para ponerle coto, Alfonsín impuso que se los reglamentara en la Constitución de 1994 y, para ello, se previó la creación de una Comisión Bicameral que en el plazo de diez días debía analizar los DNU presidenciales y en otros diez días debía elevar su dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, que debía efectuarse en forma inmediata.

De ese modo, se buscaba junto con un posible freno al Ejecutivo devolverle al Congreso parte de su indelegable rol legislativo. Ya que en estos excepcionales casos los legisladores no podían tener la primera palabra en materia legislativa, por lo menos tendrían la última.

Poco de eso ocurrió. La Comisión nació con doce años de demora, en 2006, y comenzó su labor el año último. Pero al aprobar todos los DNU desde 1994 a 2007, mostró ser una simple escribanía que certifica la obra legislativa del Ejecutivo. Y esto se entiende porque dos tercios de sus integrantes pertenecen al oficialismo, donde también milita su presidenta, la diputada Diana Conti, representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

Tampoco hace honor la Comisión a su nombre de Permanente -su obligación es reunirse cada vez que el titular del Ejecutivo firma un DNU- y, así, el año pasado, suspendió sus tareas entre agosto y noviembre en coincidencia con la campaña presidencial. En ese lapso, el presidente Néstor Kirchner firmó, entre otros, un DNU que modificó la ley de presupuesto para poder reasignar y distribuir partidas por 1400 millones de pesos sin control.

Aquel presupuesto previó un aumento del 80 por ciento en los fondos destinados a la Comisión, que pasaría de un millón a 1.800.000 pesos. Conti justificó el injustificable incremento en la necesidad de pagarles a los asesores: "El monto se justifica por el esfuerzo doctrinario que hay que hacer, que no es menor." En verdad, no se entiende cuál es el "esfuerzo doctrinario" que requiere la aprobación mecánica de cuanto traiga membrete del Poder Ejecutivo, salvo la violencia moral a que algún legislador oficialista podría verse sometido al tener que actuar por obediencia debida. En definitiva, demasiado dinero para una Comisión donde la mayoría sólo dice o escribe "sí" para cumplir con una división de poderes puramente formal.

Durante su presidencia, Néstor Kirchner firmó más DNU que proyectos que se convirtieron en leyes en el Congreso: 249 contra 174. Es clara la deformación del sistema republicano cuando es más sencillo conseguir la aprobación parlamentaria de un decreto que obtenerla para un proyecto de ley, hecho que estimula la emisión de esta clase de normas que deberían ser extraordinarias. Si ya es suficientemente grave que el Ejecutivo legisle por decreto, tan o más grave es que los legisladores, elegidos para cumplir la función que su nombre indica, no sólo no defiendan a ultranza la plena vigencia de la separación de poderes, sino que convaliden mecánicamente los DNU, confirmando de esa manera que estamos ante un Congreso ausente.

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