Una oposición a la altura de las circunstancias

La situación del país, sumada al estado de desorden en que se encuentra la región, exigirá de los nuevos gobernantes y de la oposición la voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo para construir los imprescindibles consensos en los muchos y muy delicados asuntos por resolver. Si una política de acuerdos básicos por encima de los intereses partidarios es lo que aconsejan los intereses superiores de la Nación, tanto o más racional aún es esperar que la cohesión y el sano criterio prevalezcan en la fuerza política llamada a actuar, en el Congreso de la Nación, como fiscalizadora del gobierno que se constituirá dentro de pocos días. Esa minoría opositora deberá actuar animada por iguales propósitos en los órganos de contralor que le toque conducir.

La importante recuperación que, en términos de votos, exhibió la coalición Juntos por el Cambio entre las primarias abiertas del 11 de agosto y las elecciones generales del 27 de octubre, en que recortó a la mitad la distancia respecto de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y el hecho de que más del 40% de los votantes la hayan apoyado deben constituir un aliciente para los dirigentes de la alianza que ahora deberá actuar desde la vereda opositora.

Esa mejora, que se reflejó en un aumento en dos millones de votos respecto de las PASO, debe ser vista como el resultando de un espíritu de lucha que salió espontáneamente a expresarse en las calles y en las urnas, nada más y nada menos que en defensa de los valores republicanos.

Fue la notificación de que para una parte tan grande como homogénea de la sociedad hay valores tanto o más importantes que las legítimas urgencias económicas. Entre ellos, el de la defensa de la institucionalización política y de la división de poderes; la ratificación del vivo repudio por los actos de corrupción en funciones de gobierno, sancionados por el artículo 36 de la Constitución nacional, reformada en 1994, según el cual "atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento", y la garantía de la libertad de expresión y de prensa como condiciones indispensables de vigencia real de la democracia.

Quedó señalado con claridad que esa porción del electorado, superior al 40%, observará con particular atención la política del gobierno que asumirá el 10 de diciembre en relación con el cumplimiento estricto de la legalidad. Especialmente luego de que, como ocurrió en los últimos días, distintas voces del frente que se impuso en los comicios han puesto en duda los avances judiciales frente a diversos escándalos de corrupción pública, han presionado a los jueces con amenazas de distinto tono y hasta señalado la necesidad de "apoderarse" desde el poder político de los medios de comunicación.

Frente al peligro de que las concepciones autoritarias vuelvan a enseñorearse en la escena política y de que una vez más la proclamada emergencia dé lugar a arbitrariedades y a normas excepcionales que incluyan desmedidas delegaciones de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, la oposición debe estar muy atenta y cohesionada.

No todos en Juntos para el Cambio se están comportando como si entendieran esta imperiosa necesidad. El caso más patético, hasta ahora, es el de tres diputados nacionales que, habiendo llegado a sus bancas integrando listas de Cambiemos dos años atrás, acaban de anunciar que conformarán un bloque aparte junto a legisladores de otras extracciones políticas, en una actitud que representa una traición a sus votantes.

Fuera de eso, los dirigentes de la coalición política que ahora dejará de ser oficialismo han cometido errores y no siempre han sabido escuchar los reclamos de la ciudadanía. Más allá de las necesarias autocríticas que deberán realizar sus representantes, los intereses de la Nación no pueden estar subordinados a disputas intestinas por el control de los distintos espacios de poder.

El deber de sus dirigentes no es pelearse por quiénes ejercerán la representación de la oposición en el Consejo de la Magistratura o en órganos como la Auditoría General de la Nación. Tampoco desgastarse en debates como los derivados de la desafortunada resolución de un funcionario del área de Salud sobre el protocolo para el aborto legal o acerca de otras cuestiones. Su deber pasa hoy por honrar el mensaje de los más de diez millones de ciudadanos que apoyaron en las urnas un proyecto de país cimentado en valores republicanos y que no quieren retroceder a oscuras épocas.

El mensaje central de esa gran porción del electorado es que impere ente ellos el concepto de una coalición lista para fiscalizar de manera constructiva al próximo gobierno, como para intentar volver a gestionar cuando llegue su turno democrático. Una coalición con todas las letras, sin fracturas por liviandad de espíritu o por intereses personales subalternos.

Veremos cómo se interpreta este mensaje tan presente en grandes movilizaciones ciudadanas y en la última elección, en la conjunción de Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Claramente, las urnas han confiado a la oposición un rol tan destacado como trascendente. La madurez democrática de nuestra clase política se pondrá una vez más en juego cuando los pesos y contrapesos deban contemplar el interés de la República. No hay espacio para mezquindades ni protagonismos personalistas o partidarios cuando la Nación demanda de todos sus ciudadanos una vocación capaz de superar los desafíos que nos plantea la construcción de un futuro de desarrollo para todos, sin exclusiones de ningún tipo.