Una propuesta de agenda para la Justicia 2015-2020

Reconstruir el Estado de Derecho y recrear los principios constitucionales para que el sistema de justicia dé respuestas a las crecientes demandas de la población es un reto central para la Argentina y para el próximo gobierno. Por eso, el reconocido Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), institución que siempre ha realizado aportes en la materia, presentó anteayer la Agenda de la Justicia Argentina para el período 2015-2020.

A partir de la detección de los núcleos problemáticos del Estado de Derecho y la justicia argentina en la actualidad, identifica, entre ellos, la debilidad institucional que afecta la independencia de los jueces, la inseguridad ciudadana y la estructura organizacional y procesos de trabajo obsoletos.

Acierta esta organización –que lleva años de trabajo en pos de mejoras en la Justicia– en señalar en primer lugar la percepción social de que existe un muy débil respeto desde los poderes políticos por la independencia de los jueces y sus decisiones.

Mientras se generaliza el aumento en la violencia de los delitos, y salen a la luz casos de corrupción de funcionarios públicos, crece el rechazo ante la pasividad policial en la prevención y aplicación de la ley y la falta de reacción del sistema judicial penal.

Se percibe, además, que estas actitudes de los responsables estatales de brindar seguridad a la ciudadanía llevan a la impunidad, por un lado, y a falta de legitimidad del desempeño policial, por el otro. Este diagnóstico atribuye la falta de reacción del sistema judicial penal a la generalización de las posturas abolicionistas y minimalistas entre jueces, fiscales y defensores: desde esta visión, el delito es una consecuencia de las inequidades sociales; el delincuente, una víctima, y la represión estatal es ilegítima. Como esta visión tiñe la gran mayoría de las decisiones que se toman, éstas causan rechazo social y fortalecen el sentimiento de impunidad de quienes ejercen la delincuencia.

Pero el núcleo de la Agenda de la Justicia lo constituyen siete ejes de acción, desplegados en 28 propuestas contundentes que contiene el documento presentado, aunque sintéticamente expuestas. A propuestas con más consenso, como la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación con eje en selección, disciplina y capacitación de magistrados y de la ley de Ministerio Público Fiscal para fortalecer la independencia de los fiscales, se agregan otras más originales, como la persecución sistémica de casos con autores ignorados y organizaciones delictivas, la generalización del juicio inmediato para casos de flagrancia, la adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables, un nuevo diseño de las oficinas judiciales y la oralización efectiva de los procesos.

Aborda también la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y propone la suspensión de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial por un año a fin de sumar consensos que hoy distan de existir tras la apresurada aprobación parlamentaria. Los coordinadores de la propuesta, el ex fiscal general de la ciudad de Buenos Aires Germán Garavano y el especialista Héctor Chayer, advirtieron precisamente contra la ejecución fragmentaria y voluntarista de reformas que terminan en nuevos fracasos.

Fores abordará de ahora en más un proceso de construcción de consensos en torno de esta Agenda para entregar a mediados de 2015 los resultados a los candidatos presidenciales. El objetivo final es articular políticas de Estado en materia judicial, que logren las necesarias transformaciones para sentar las bases del progreso en libertad.