Usurpaciones en Jujuy

Las usurpaciones de tierras continúan a la orden del día en numerosas provincias. Recientemente, en Jujuy, de manera violenta e ilegal, personas inescrupulosas pretendieron apropiarse de tierras que fueron adquiridas legítimamente por privados.

En abril de 2019, un hombre de apellido Maraz, nacido en Bolivia, usurpó un predio en la ciudad de Palpalá, situada a 12 kilómetros de la capital jujeña. Se presentó como poseedor "ancestral" del lugar, junto a sus "hermanos aborígenes" de la Comunidad Mayu Los Alisos –que curiosamente no figura en los registros oficiales, ni provinciales ni nacionales–, acompañado por su abogada de entonces, Paula Álvarez Carreras, codefensora de Milagro Sala y actual funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Tras la ocupación, la empresa Sucre SRL radicó la denuncia penal y demostró ser propietaria de los terrenos en cuestión desde hace 52 años, desmintiendo también a Maraz con documentación satelital que confirma que, en los últimos años, no se ha realizado allí ningún tipo de trabajo agrícola.

Maraz no solo no se retiró pacíficamente, sino que comenzó a utilizar como ardid una supuesta pertenencia a otro grupo llamado Comunidad Aborigen Tusca Pacha, carente asimismo de existencia legal.

Con orden de un juez, el desalojo se ejecutó el 20 de octubre por la mañana. Como suele ocurrir en estos casos, personas sin vinculación con los terrenos ni con la disputa, incluyendo niños y embarazadas, se presentaron en el lugar para intentar impedirlo. Ante la resistencia de medio centenar de personas, la policía utilizó balas de goma; hubo forcejeos y varios detenidos, incluyendo a Anastasia García, coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. García, junto con varios diputados provinciales del kirchnerismo como Alejandra Cejas, Emanuel Palmieri y Fátima Tisera, entre otros dirigentes y políticos, estuvieron presentes en el desalojo, avalando el delito de usurpación e intentando impedir el accionar judicial. No es la primera vez que funcionarios toman partido e ignoran las disposiciones judiciales, como ya ocurrió en Entre Ríos.

Mintieron también respecto de lo intempestivo de la medida y en que había sido forzada por un funcionario del gobierno de Gerardo Morales, ligado a la empresa propietaria. El desalojo judicial había sido ordenado ya cuatro veces a lo largo de un proceso penal de un año y medio en el que participaron un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, un juez de Control y la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy, por lo que mal pueden aducir el factor sorpresa. El falaz relato kirchnerista al que se sumaron también algunos medios perjudicó a una empresa con más de medio siglo de trayectoria.

Los conflictos por la tierra se multiplican y cuestiones ideológicas y políticas se entremezclan con intereses de quienes se aprovechan de los más humildes para promover la ilegalidad. El accionar responsable del gobierno jujeño –que se expresó en favor de la propiedad privada– y de la Justicia son claves para garantizar la paz social y evitar que estos procederes se sigan extendiendo.

Resolver los problemas habitacionales de vastos sectores de nuestra población es una asignatura pendiente, desatendida por distintas administraciones. Restituir su derecho a un techo digno debe ser un imperativo, pero de ninguna manera puede esgrimirse como argumento para pisotear derechos garantizados por nuestra Constitución. Asegurar el marco jurídico de respeto a las leyes es fundamental para generar la confianza que el desarrollo nos demanda.