"Valijagate": preguntas sin respuestas

El Gobierno parece haber apostado a que la opinión pública olvide que los 800.000 dólares eran para la campaña presidencial
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16 de marzo de 2010  

Hace hoy un año que el venezolano Franklin Durán fue hallado culpable por un jurado de 12 ciudadanos estadounidenses de actuar como agente encubierto de su país para ocultar el origen y el destino de la maleta con casi 800.000 dólares que se descubrió en el aeroparque metropolitano en agosto de 2007.

Durán, un fiel exponente de la "boliburguesía" venezolana, como todo el empresariado que floreció alrededor del presidente Hugo Chávez, se convirtió así en el cuarto y último detenido y condenado en Miami por el llamado "caso de la valija". Un resultado que se alcanzó apenas un año y medio después de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) iniciara su pesquisa y el fiscal Thomas Mulvihill tomara las riendas del caso.

En febrero de este año, para más datos, la Corte Federal de Apelaciones confirmó la condena de Durán. Y reafirmó, tras cotejar las evidencias, que el dinero era una "contribución" de Chávez a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Quizá por eso en Venezuela y en la Argentina las preguntas que surgen alrededor de este escándalo sigan siendo más que las respuestas. Tanto en el ámbito judicial como en el político.

En los estrados argentinos, el caso sigue irresuelto. Los principales sospechosos venezolanos -Guido Alejandro Antonini Wilson, y Diego y Daniel Uzcátegui- continúan prófugos, mientras que el entonces titular del Occovi (además de recaudador de la campaña presidencial kirchnerista), Claudio Uberti, goza de falta de mérito.

El juez en lo penal económico Daniel Petrone, sin embargo, logró algunos avances valiosos junto a la fiscal María Luz Rivas Diez. En primer lugar, halló el video que demuestra que Antonini estuvo en la Casa Rosada dos días después del decomiso de la valija, algo que siempre negó el Gobierno y, con particular énfasis y agresividad, el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Petrone y Rivas cosecharon otras evidencias que debilitan la versión oficial de los hechos. Pueden citarse, por ejemplo, los registros telefónicos que detallan las comunicaciones que protagonizaron Uberti, Antonini y Daniel Uzcátegui. También, un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que detalla que un teléfono registrado bajo un nombre y un número de documento de identidad falsos fue utilizado, en realidad, por Julio De Vido durante aquellos días vertiginosos.

El Gobierno mantiene pendientes varias respuestas. El locuaz Aníbal Fernández, sin ir más lejos, prometió iniciar una investigación administrativa para determinar cómo logró ingresar Antonini en la Casa Rosada para presenciar el acto que encabezaron Chávez, el presidente Néstor Kirchner y la entonces candidata Cristina Fernández. Los resultados de esa investigación, si es que concluyó, se desconocen.

Ni el jefe de Gabinete ni ninguna otra autoridad del Gobierno desmintieron el rol que jugó el secretario privado de De Vido para que Antonini, en efecto, ingresara en la Casa Rosada. Un dato que reveló LA NACION en su portada el 24 de noviembre de 2009. Es decir, casi cuatro meses de silencio.

Un silencio oficial que resulta aún más notable si se lo contrasta con otros hechos. Marcelo Saín, el responsable máximo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza que detectó la valija, habló ante la Justicia poco después de renunciar sobre una "zona franca" en el Aeroparque. Y Ricardo Echegaray, responsable de la fuerza que procuró minimizar lo ocurrido y centrar la responsabilidad en Antonini, la Aduana, fue ascendido. Hoy es titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Un silencio oficial que se agiganta todavía más si se lo contrasta con la efusividad con que esos mismos y otros funcionarios -y legisladores- oficialistas responsabilizaron a los Estados Unidos de orquestar una supuesta operación de inteligencia. Con la misma efusividad con que desmintieron que Antonini hubiera estado en la Casa Rosada hasta que apareció el video, negaron que aquellos 800.000 dólares y los otros 4,2 millones que al parecer superaron los controles del aeropuerto eran, en efecto, un aporte bolivariano a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

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