Venezuela, sumida en el terror

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10 de septiembre de 2019  

Más de cuatro millones de venezolanos han huido ya de la miseria y el cercenamiento de las libertades esenciales impuesto por el autoritario régimen que encabeza Nicolás Maduro. La mayor parte, hacia Colombia, que hoy ampara -con las dificultades del caso- a casi un millón y medio de desplazados venezolanos. Perú, por su parte, ha recibido a casi 900.000 y Ecuador, a 330.000, cifra similar a la de Chile. A la Argentina han llegado alrededor de 150.000 venezolanos.

Este trágico flujo de emigrantes no solo no se ha detenido, sino que está aumentando fuertemente. En algunos puntos fronterizos de Venezuela, cada día unos cinco mil venezolanos abandonan su país, con intención de no regresar mientras se prolongue la dictadura chavista.

Frente a la dimensión de la crisis venezolana, las Naciones Unidas (ONU) acaban de señalar que, lejos de tratarse de una situación meramente regional, se ha transformado ya en un problema de orden global. El desastre humanitario venezolano no tiene miras ni de cesar ni de desacelerarse. Las penosas filas de personas venezolanas agolpadas en los puestos fronterizos, con alta participación de mujeres, ancianos y niños, hablan de un flujo alimentado por la desesperación.

En las últimas semanas, un informe de la ONU apunta contra las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Venezolana, atribuyéndole al terror que ellas siembran el carácter de acelerador del drama humanitario. Centenares de denuncias acerca de ejecuciones extrajudiciales y de toda suerte de abusos cometidos contra el pueblo venezolano sustentan este dramático cuadro. Como sucediera durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, sus oficiales visten de negro y suelen tener los rostros cubiertos por máscaras. Sus vehículos no tienen placas ni leyendas que permitan identificarlos.

Estas siniestras fuerzas procuran disimular el clima de constante terror que provocan, sosteniendo que las muertes que generan son tan solo episodios de presunta resistencia a la autoridad. Toda suerte de manipulaciones administrativas y judiciales se tejen con el fin de disimular los aberrantes crímenes cometidos. En rigor, las fuerzas actúan como perversos escuadrones de la muerte, acompañando a otros contingentes, igualmente violentos, a los que recurre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

Venezuela está sumergida en un clima de violaciones de los derechos humanos y de total ausencia de libertades. Distintas organizaciones no gubernamentales sostienen que las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad venezolanas entre los años 2017 y 2018 serían superiores a las 3000. Evidencian la constitución de un mecanismo activo al que las violentas fuerzas maduristas estarían recurriendo sistemáticamente, incurriendo así en crímenes de lesa humanidad.

Si a todo lo antedicho sumamos el notorio desmoronamiento de un Poder Judicial que está muy lejos de ser independiente, la situación del pueblo venezolano se ha tornado cada vez más desesperada. Frente al tamaño y a las características de la crisis humanitaria del país caribeño, ni las organizaciones internacionales ni las instituciones regionales ni los distintos gobiernos nacionales de nuestro hemisferio pueden permanecer en un silencio que apañe el clima terrorista que la cuestionada administración de Maduro siembra constantemente y que alimenta el dramático e incesante éxodo de millones de venezolanos.

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