Verdugos de la recuperación económica

En el contexto de recesión económica agravado por el coronavirus, estudios de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (Asela) refieren que un 75% de los emprendedores tendrán problemas para sobrevivir a esta crisis y auguran la muerte de demasiadas pymes de la región. Muchos países del mundo han adoptado programas de apoyo especiales para impulsar nuevos emprendimientos, precisamente en tiempos de crisis, por su capacidad resiliente y su habilidad para crear empleo y generar riqueza.

Nuestro gobierno nacional, lejos de gestar acciones inteligentes y creativas para la promoción y supervivencia de las pymes y los emprendedores, adopta medidas que solo amenazan su existencia y contribuyen a su desaparición. Tal el caso del proyecto de ley del oficialismo que contraría lo establecido por la ley de apoyo al capital emprendedor, aprobada de forma unánime por el Congreso, en 2017 y, en particular, contra la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), vehículo natural del emprendedurismo.

La utilización de la figura de la SAS, importada del derecho francés, recomendada por la ONU, la OEA y el Banco Mundial, ya ha sido adoptada por numerosos países, como Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y México. Permite registrar online a una empresa en solo 24 horas, a bajo costo, facilitando la utilización de libros contables y societarios digitales mediante tecnología blockchain, en un formato flexible y simplificado. A contramano de la tendencia mundial, el Estado se alza contra el prevalente concepto de ventanilla única a la hora de formalizar un negocio a través de una página de internet, con una firma digital para el registro, la obtención del CUIT y cuenta bancaria, entre otras muchas ventajas.

Paradójicamente, este tipo societario fue aprobado y discutido por el Congreso nacional mientras que la célebre ley general de sociedades llegó a nosotros por decreto, durante un gobierno de facto, hace ya 48 años.

Los siempre castigados emprendedores y pymes, que arriesgan día tras día su patrimonio y que se esfuerzan por generar empleo genuino, deben recibir apoyo y no maltrato por parte de las autoridades

Desde la Inspección General de Justicia (IGJ), innumerables e ilegítimas resoluciones han procurado modificar la ley de emprendedores, obstaculizando y burocratizando la utilización de sociedades simplificadas, un hecho de gravedad institucional inusitada en tanto que atenta directamente contra el sistema republicano de división de poderes. La Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), que nuclea a 30.000 emprendedores, conjuntamente con más de 40 profesores de derecho societario del país y América Latina, presentó un amparo judicial –aún en trámite– por el que solicita la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones dictadas por la IGJ contra la ley de apoyo al capital emprendedor.

Lo que hasta aquí parecía ser una cuestión ajena al Gobierno, que no deja de sorprendernos con sus descoordinaciones internas, para circunscribirse a una discusión ideológica y personal del titular de la IGJ, Ricardo Nissen, con aplicación solo en la ciudad de Buenos Aires, dejó de serlo.

Como respuesta al amparo presentado por ASEA, los senadores Oscar Parrilli y Jorge Taiana consiguieron la aprobación en comisión, el 2 de este mes, de un proyecto de ley que prohíbe por 180 días la constitución de nuevas SAS; restablece el regreso al papel en trámites antes digitales; veda a las personas jurídicas ser socias de una SAS, dejando afuera a aceleradoras, universidades, e incluso al Conicet, y coarta de facto la existencia de sociedades unipersonales en la Argentina. Cuando uno de los mayores males de nuestra economía es su altísimo nivel de informalidad, de un plumazo miles de pymes se ven impedidas de regularizar su situación, sumado a que el proyecto avanza, además, sobre las autonomías registrales provinciales.

Lo que el Gobierno no puede propiciar son medidas que lo conviertan tan alevosamente en un verdugo

En tan solo dos años, las SAS han generado 47.000 empleos formales, con un crecimiento de la recaudación fiscal superior al 580% anual. No por nada el 55% de las nuevas empresas del país se han constituido como SAS, esto es, más de 30.000. Llama poderosamente la atención que estos datos no hayan sido debidamente ponderados por los senadores al elaborar un proyecto que se aparta de las necesidades de una economía en crisis como la nuestra y de las tendencias mundiales de este siglo.

Aun cuando no hay estadísticas ni sentencias judiciales que lo avalen, el proyecto legislativo se funda en que las SAS facilitarían el lavado de activos, mientras es fácilmente comprobable que la totalidad de casos de lavado local se concretó mediante sociedades de responsabilidad limitada (SRL) o anónimas (SA). Precisamente, la obligación de llevar libros contables digitales en blockchain, lo cual los hace inmodificables e inalterables, difícilmente convertiría a la SAS en la forma elegida para la comisión de tales ilícitos en opinión de los expertos. En todo caso, se debería obligar a todas las sociedades a llevar sus registros de forma digital como lo hace la SAS, y no al revés, para evitar fraudes.

El presidente Fernández había desmentido su intención de "desdigitalizar" los trámites del Estado. Sin embargo, el proyecto de ley al que nos referimos, al igual que las resoluciones previamente dictadas por la IGJ bajo su órbita, vuelven a contradecirlo. De aprobarse el proyecto de ley de la IGJ que impulsa el oficialismo, retrocederíamos inexplicable y ridículamente de la digitalización al papel.

De aprobarse el proyecto de ley de la IGJ, que impulsa el oficialismo, retrocederíamos inexplicable y ridículamente de la documentación digitalizada al papel

La Argentina tiene tres veces menos empresas por habitante que sus países vecinos cuando el desarrollo y la prosperidad se asocian a la creación de empresas y empleos. Paradójicamente, proponiendo la "desdigitalización" de los procesos se favorece el incremento de las barreras de ingreso a la economía formal, la burocratización, el aumento en más de un 500% del costo de apertura de una empresa y la cristalización de derechos y técnicas decimonónicas alentadas por la IGJ. No solo eso, sino que el proyecto oficial va detrás de declarar nulas a miles de pymes y emprendimientos creados en los últimos años bajo la forma de SAS, generando una inseguridad jurídica inaceptable en el ámbito mercantil, que vuelve a expulsar cualquier alternativa razonable de inversión local o extranjera.

Los siempre castigados emprendedores y pymes que arriesgan día tras día su patrimonio y que se esfuerzan por generar empleo genuino deben recibir apoyo y no maltrato por parte del Gobierno. No entender esto es cerrar la puerta a una alternativa de recuperación económica que ha probado su eficiencia. No habrá futuro para la Argentina sobre un nutrido cementerio de pymes y emprendedores. Bastaría solo con dejarlos hacer si no se optara por contribuir a que prosperen. Lo que el Gobierno no puede de ninguna manera propiciar son medidas que lo conviertan tan alevosamente en su verdugo.