Villa Mascardi continúa al margen de la ley

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5 de noviembre de 2020  • 00:15

El miedo se ha apoderado de los ciudadanos honestos ante la inaudita pasividad de las autoridades frente a los recurrentes hechos de violencia

Basta mirar las desoladoras imágenes del estado en que se encuentra el predio de la Administración de Parques Nacionales donde iba a funcionar la Escuela Nacional de Guardaparques, en Villa Mascardi, pleno Parque Nacional Nahuel Huapi, para entender qué nos pasa como país.

En 2017 se había consolidado la toma de seis hectáreas en terrenos de Parques Nacionales. La primera denuncia de usurpación del edificio data de julio de 2018. Un grupo de encapuchados, delincuentes bajo nuestras leyes, quemó también los automóviles de la dependencia allí estacionados, que hoy se oxidan tras el desguace. También destruyó lo que años atrás fue el reconocido Hotel Villa Mascardi. El video difundido por Diego Frutos, un vecino cuya cabaña también fue incendiada, muestra el estado de vandalización y destrucción de las instalaciones: sus enormes ventanales y vidrios, rotos; los objetos de su interior, robados; las maderas de los techos, arrancadas para distintos usos o simplemente para hacer fuego; las paredes, ennegrecidas por el humo o cubiertas de grafitis soeces. La Escuela de Guardaparques debía ser un centro de capacitación teórica y práctica para los guardaparques alojados en el lugar. Sin embargo, no hay reacción por parte de las autoridades nacionales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan Cabandié, de quien depende la Administración de Parques Nacionales, no solo no ha condenado los hechos, sino que tampoco ha impulsado acción alguna para prevenirlos, y menos aún para penarlos. El propio titular de Parques Nacionales, Daniel Somma, asiste impávido a una usurpación de tierras sobre las que debería ejercer su autoridad. Tampoco ha promovido la expulsión de estas personas que toman propiedades, destruyen árboles centenarios y pintan expresiones de odio en los muros exteriores.

Es difícil no recordar al doctor Francisco Pascasio Moreno. A principios del siglo XX, el reconocido Perito realizó una donación de unas 7500 hectáreas para la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero de la Argentina. Moreno tenía la firme convicción de que esas bellezas debían preservarse como patrimonio público para las futuras generaciones. El silencio de las autoridades, su condescendencia, evidencia el nivel de desprecio por los bienes públicos y su anuencia ante la violación de la ley. No hay excusas. El silencio y la pasividad de funcionarios de alto rango evidencian el grado de complicidad con el intrusivo avance sobre el edificio. Lo que es peor, los líderes encapuchados admiten la colaboración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de la que ya hemos dado cuenta en estas columnas.

La agrupación autodenominada mapuche sostiene que se trata de una "reivindicación ancestral" y pretende así justificar los daños y el despliegue de una violencia intransigente que desconoce las leyes argentinas, aunque cobren sus planes. La Justicia provincial ha ordenado el desalojo del predio del Obispado de San Isidro, también usurpado, y se teme que, cuando se concrete, los delincuentes se dispersen en los terrenos lindantes por la falta de control y firmeza estatal.

Alejados de la realidad, los "matruchos", como se los ha dado en llamar, despliegan una visión utópica que promueve conductas primitivas y que, en nombre de una libertad disociada de la ética, se alza contra el estilo de vida de la sociedad occidental. Los vecinos refieren que los asiste un abogado, Eduardo Soares, ladero en su momento de Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, quien fogonea junto a otros de los intrusos para que no claudiquen, posiblemente con la mira puesta en apropiarse ellos también de algún terreno en la repartija.

Hace tiempo ya que el miedo se adueñó de la ciudadanía en la zona del lago Mascardi frente a cortes de rutas, violentas pedradas, incursiones nocturnas y una toma de tierras que se prolonga sin que nuestras autoridades ni la Justicia restablezcan el Estado de Derecho. El nivel de confrontación física y verbal entre los vecinos y los vándalos socava los más elementales términos de convivencia civilizada que los argentinos elegimos como modo de vida. Nunca serán el delito y la violencia recursos de cambio. Transgredir a tal extremo los límites tiene graves consecuencias. Jamás debemos convalidar lo que Carlos Nino llamó "un país al margen de la ley", o, lo que es lo mismo, una sociedad sin porvenir alguno.

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