Voces y acciones que restan

No hay nada más funcional para los antidemocráticos hacedores del "vamos por todo" que aprovechar el miedo ciudadano lanzando frases temerarias

Un presidente da a conocer el supuesto contenido de una conversación privada con su antecesor en el cargo. Un senador dilata intencionalmente un dictamen para introducirle a último momento una cláusula atentatoria contra la libertad de expresión. Una vicepresidenta avanza desembozadamente sobre la Justicia y advierte que habrá más, que lo anunciado hasta ahora no la contenta, que le sabe a poco. Y un expresidente no solo asegura que el año próximo no habrá elecciones, sino que pronostica un posible golpe de Estado.

Son acciones que, coordinadas o no, tienen un denominador común: se ejecutaron todas inmediatamente después de que una multitud de personas en diversos puntos del país llenara las calles para protestar precisamente contra la profundización de las divisiones generadas desde el propio Gobierno, la arremetida contra las instituciones de la democracia, el estado de encierro permanente, la creciente inseguridad y la comprobación de que no hay certezas sobre la estrategia para salir de semejante crisis.

Lejos de escuchar esas voces y tomar nota del fuerte reclamo, el Gobierno las criticó y decidió ir a fondo contra las demandas de ese extendido sector de la sociedad. El Presidente llegó a decir, incluso, que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri". Una frase ciertamente poco feliz, especialmente para la memoria de las más de 8300 personas fallecidas por la pandemia en el país.

No quedó contento Alberto Fernández con aquel lamentable comentario. Buscó luego ventilar el supuesto contenido de una conversación privada con su antecesor, Mauricio Macri, para denostarlo. Más allá de lo que se haya señalado en aquella reunión –que solo ellos conocen–, la palabra presidencial ha quedado sumamente devaluada. Revelar el contenido de una charla privada lo compromete seriamente para encuentros futuros con cualquier persona, no solo con dirigentes de la oposición. La forma en que también ha virado su discurso público respecto de su ahora aliada Cristina Kirchner es otra muestra contundente del lugar que la palabra parece ocupar entre sus prioridades, lejos de los cánones de honorabilidad que su buen nombre presupondría. Su voz no está sumando, como dijo que iba a ocurrir durante la campaña y ya asumido en el cargo. Su voz ha empezado a restar.

También restan la voz y las acciones del senador Oscar Parrilli, manipulando a gusto un texto de corte legal, dirigido a provocar, si no la censura, la autocensura. La pretensión finalmente abandonada de incluir en la reforma judicial un inciso sobre cómo deben actuar los jueces ante "presiones mediáticas" va más allá de un mero y reiterado intento de controlar a los medios de comunicación. Propende directamente a controlar a toda la ciudadanía. El miedo de la gente les garantiza a los antidemocráticos no tener que aplicar la censura, porque muchos ya se habrán autocensurado anticipadamente. Es el mecanismo autoritario preferido del que se proclama defensor de las libertades, consiguiendo que otros se incriminen sin motivo. Son acciones que, en democracia, no hacen otra cosa que restar, conculcando libertades y cercenando derechos.

Si se tiene en cuenta que todos estos procesos coercitivos se dan en un momento de altísima vulnerabilidad social, el resultado puede resultar aún más catastrófico para el sostenimiento de las instituciones de la república.

Nada más funcional para los antidemocráticos hacedores del "vamos por todo" que aprovechar el miedo ciudadano –cuando no el terror sanitario, un pánico que era casi desconocido hasta la irrupción del Covid-19– para acusar, dañar e intentar someterlos mientras pasan sus días en un curioso régimen de libertad condicional sin haber cometido delito alguno.

El DNU del Presidente que declara servicio público a la telefonía celular y fija, las prestaciones de internet y la TV paga, congelando tarifas y decidiendo el Estado sobre empresas privadas, no parece ser ajeno a este contexto posbanderazo que tuvo su origen el 17 de agosto, máxime teniendo en cuenta que sepultó negociaciones que representantes del sector mantenían con el propio Gobierno. Cuando el mundo mira hacia adelante en materia de tecnologías de la información y la comunicación, a la Argentina se le impone un retroceso.

De más está decir que no suman, sino que restan y mucho las acciones tendientes a regular también el ahorro de ciudadanos que solo intentan resguardarse frente a la notoria ausencia, la falta de claridad en el rumbo o el destino incierto de las políticas macroeconómicas.

En el otro extremo están quienes lejos quedan de poder pensar en ahorrar porque no tienen con qué, aquellos cuya lucha principal es por la supervivencia, los que carecen de ingresos o sobreviven con haberes en negro, sin servicios básicos ni esenciales de los que el Estado sí es responsable; los que, en medio de una recesión monumental, solo ven crecer el temor a perder lo poco que les queda o a no poder acceder a un servicio de salud porque el sistema público es ineficiente, está colapsado o va camino de ello.

Si esas voces y esas acciones, entre otras tantas, son condenables, los dichos del expresidente Eduardo Duhalde en el sentido de que podría ocurrir en el país un nuevo golpe de Estado son temerarios. Es probable que, con sus declaraciones, el doctor Duhalde resulte funcional a la estrategia del miedo que pretenden infundir no pocos funcionarios del Gobierno. Pero que sea probable no quiere decir que se justifique ni que deba aceptarse. Mucho menos cuando al día siguiente es capaz de reconocer que sus comentarios pudieron haber sido fruto de "un comportamiento psicótico momentáneo".

Los dirigentes en general y los que han tenido altísimas responsabilidades de gobierno en particular deberían ser los primeros en sopesar el alcance que pueden llegar a tener sus dichos y sus acciones.

Es conocida la propensión del peronismo a crear confabulaciones interplanetarias cuando no encuentra solución a los problemas del país. Pero es verificable también que la ciudadanía, cada vez más, demuestra no estar dispuesta a seguir callando frente a los atropellos y a las injusticias. Esas son voces y acciones que nunca restan. Siempre tienden a sumar.