Volver al sentido común

Luego del paro con movilización de ayer, es necesario entender que ni la descalificación ni la extorsión mutua pueden ser el camino
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28 de junio de 2012  

Tras la movilización a la Plaza de Mayo convocada por Hugo Moyano y los cruces de acusaciones entre la presidenta de la Nación y el secretario general de la CGT sólo cabe concluir que ninguno de los desafíos socioeconómicos que enfrenta la Argentina podrán resolverse si prevalecen los discursos confrontativos, y hasta violentos, en los que no se escucha al otro, y sigue imperando una metodología basada en la extorsión mutua.

No puede desconocerse que detrás del paro llevado a cabo por varios sindicatos encabezados por el camionero y del acto efectuado ayer en las inmediaciones de la Casa Rosada hay más motivaciones políticas que reivindicaciones gremiales, aunque la convocatoria se haya centrado en los cuestionamientos a la fuerte presión impositiva sobre los asalariados.

Del mismo modo, podría decirse que en la cerrada negativa del gobierno nacional a las demandas planteadas por Moyano ha prevalecido un particular criterio que considera que estamos ante una pulseada política en la que el Poder Ejecutivo Nacional no parece dispuesto a ceder un ápice, al tiempo que procura destruir a un antiguo socio estratégico al que hoy visualiza como su peor enemigo.

En esta feroz pugna política, en la cual la sociedad en general y los trabajadores en particular aparecen como rehenes, es imposible encontrar un mínimo de autocrítica por parte de los contendientes. Si el poder de Moyano creció hasta límites insospechados fue porque quienes gobernaron desde 2003 lo llenaron de prebendas y privilegios a cambio de servirse de su aparato de movilización y de su capacidad de presión sobre algunas empresas a las cuales se pretendió hacerles llegar algún mensaje desde el Gobierno. Basta, simplemente, con recordar los bloqueos del gremio camionero a las plantas de Clarín y LA NACION, entre otras resonantes medidas de fuerza.

De igual manera, no puede dejar de llamar la atención el hecho de que quien ahora cuestiona el abultado patrimonio de los Kirchner o critica un estilo de gestión al que compara con el de una dictadura, como Moyano, permaneció durante años en silencio y fue hasta no hace mucho un instrumento al servicio del Gobierno.

En favor del dirigente camionero hay que señalar, sin embargo, un mensaje representativo del sentido común, cuando ayer le sugirió a Cristina Fernández de Kirchner que "dialogar demuestra grandeza" y que "no puede seguir con esa soberbia abrumadora".

Ni la defensa a rajatabla de un esquema de pago del Impuesto a las Ganancias por trabajadores sin contemplar mínimamente una actualización del mínimo no imponible en función de la elevadísima inflación, ni haber dispuesto el retiro de las fuerzas policiales de la Plaza de Mayo en oportunidad del acto moyanista pueden ser consideradas decisiones saludables por parte de la Presidenta.

Quien dirige los destinos de la Nación no puede ser presa del resentimiento o del odio a la hora de tomar decisiones. Por un lado, el Estado tiene el deber constitucional de garantizar el orden público, por lo que mal puede retirar a las fuerzas de seguridad frente a un acontecimiento como el ocurrido ayer. Por otro lado, no debería desconocer que el reclamo vinculado con el Impuesto a las Ganancias aplicado a los asalariados no es una demanda exclusiva del líder camionero, sino que es compartida por la inmensa mayoría de los gremios y los trabajadores. Es de esperar que, tras su férrea negativa inicial a tratar el tema, la primera mandataria se avenga a reconsiderarlo.

Independientemente de las luchas políticas que se avecinan, es menester que se entienda que el diálogo y la búsqueda de consensos deberían ser la regla en la democracia. Ni la descalificación artera, ni la intolerancia, ni la extorsión, ni la paranoia pueden ser el camino para dirimir políticas públicas.

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