A casi cuatro años del atentado de Manhattan, los familiares de las víctimas argentinas todavía esperan el juicio al terrorista uzbeko

“La causa sigue sin resolverse y tengo una desilusión muy profunda. Necesito que la Justicia actúe. ¿Cómo les explico a mis hijos que no le pasa nada a quien asesina, que los terroristas parecen tener más derechos que las víctimas? Necesito una fecha de juicio y una condena”, dijo a LA NACION Ana Evans, la viuda de Hernán Mendoza, uno de los cinco rosarinos que murieron en el ataque terrorista de Nueva York perpetrado por un conductor de Uber uzbeko, en nombre de Estado Islámico, en octubre de 2017.

A casi cuatro años del atentado, el juicio oral para condenar al agresor sigue en pausa y el representante legal de la familia Mendoza viajó a Estados Unidos para ejercer presión sobre la justicia federal, tras calificar de “inadmisible” la dilación del proceso judicial.

Desde Manhattan, el abogado Juan Félix Marteau explicó a este medio: “Vine a hablar en nombre de Ana Evans y sus tres hijos [que hoy tienen siete, 13 y 16 años]. Hubo una nueva suspensión de la apertura del juicio oral, al invocarse la pandemia por coronavirus y una cuestión general de reprogramación de juicios que la emergencia sanitaria ha provocado”.

Marteau, socio fundador de la firma Marteau Abogados, se presentó ante la Fiscalía Federal de Nueva York tras considerar “imprescindible” que el magistrado Vernon Broderick destrabe el juicio por el homicidio cometido el 31 de octubre de 2017, en el cual se pone en juego la pena de muerte de Sayfullo Habibullaevic Saipov, responsable de haber embestido con una camioneta a una veintena de transeúntes y ciclistas, de los cuales ocho murieron y 12 resultaron heridos. El ataque tuvo lugar en el centro sur de Manhattan, sobre la vera del río Hudson.

Por la magnitud de la condena a dirimir, la Justicia estadounidense se ve obligada a recoger una cantidad de testimonios mayor a la habitual, que involucran declaraciones de familiares de Saipov que residen en Uzbekistán, cuyo arribo a Estados Unidos se ha visto obstaculizado por los protocolos sanitarios.

Si bien ningún testimonio torcería la culpabilidad del terrorista uzbeco, según afirma Marteau, “deben ser escuchados por respeto del procedimiento”. Esto constituye ahora un nuevo motivo para el atraso de la labor del tribunal federal, que, aún sin pandemia, tampoco avanzó, y ahí funda su insistencia del abogado argentino, quien espera que el juicio se realice “a más tardar entre abril y junio de 2022, como lo ha solicitado la Fiscalía Federal”.

Es la cuarta vez que el juicio contra Saipov se posterga. Pasó de octubre de 2018 a abril de 2019, de abril de 2019 a octubre de 2019, y de octubre de 2019 a abril de 2020; siempre, por pedido de la defensa. Cuando finalmente estaba por darse, la pandemia sacudió la ilusión de los familiares argentinos, quienes se vieron forzados a volver a esperar.

“Esto es un gris aprovechado por la defensa porque la legislación americana, en un caso tan grave de terrorismo, donde se pone el juego la pena de muerte, debe tomar declaración a múltiples testigos. Eso parece razonable, pero hay una cuestión de orden práctico no resuelta y la burocracia dilata el proceso”, detalló el abogado argentino.

Y remarcó, bajo ese contexto: “La dilación es inadmisible, y más si se circunscribe a sumar testigos del atacante”.

Marteau considera que con las declaraciones de la familia directa de Saipov –radicada en Nueva Jersey–, el proceso judicial podría avanzar. “Entendemos que la idea de garantizar la comparecencia en el juicio de la familia del atacante, que vive en Uzbekistán, puede ser una medida dilatoria y, además impracticable, considerando las nuevas restricciones para viajar al país. Consideramos que resulta más que suficiente la presencia de la familia directa del acusado, que vive todavía aquí”, insistió el abogado.

La viuda de Mendoza está cansada de esperar y necesita que sus hijos consigan justicia: “Si por cada pedido de la defensa esto se va a postergar, ¿cuándo va a suceder? Estados Unidos es potencia mundial, tiene herramientas para resolverlo. Mis hijos necesitan un cierre. Me preguntan cuándo va a ser el juicio y me quedo sin palabras. Les tengo que explicar que dependemos de la familia del terrorista, que no puede viajar de Uzbekistán por Covid-19″.

Si bien Saipov se encuentra detenido desde 2017, Evans y sus hijos apuestan a conseguir que se cumpla la condena de muerte, abolida en el estado de Nueva York, pero pertinente al caso, que es de competencia federal.

La familia Evans-Mendoza y el resto de las familias de las víctimas argentinas –que no acudieron a una representación legal extra– tuvieron una petición favorable durante el gobierno del presidente Donald Trump, pero con el cambio de Gobierno y de Procurador, en el entorno de los fallecidos temen que la Justicia de marcha atrás con la condena.

Sin indemnización

En paralelo, el juicio por daños civiles está condicionado al resultado del juicio penal. “No fuimos indemnizados para nada. Hoy lo civil es solo una demanda, pero está trabada por la penal”, explicó Evans a LA NACION.

Al momento del ataque, el terrorista uzbeco tenía 29 años. Saipov cuenta con la residencia estadounidense permanente, y había entrado al país en 2010 bajo el Diversity Visa Program, que impulsa el acogimiento de personas provenientes de países con bajos niveles de inmigración a Estados Unidos. El joven trabajaba en la empresa de transporte Uber, pero el atentado lo cometió al volante de una pick-up alquilada a la empresa Home Depot, con la cual atropelló a los cinco argentinos y otras ocho personas que circulaban por la bicisenda que bordea el río Hudson.

Los cinco argentinos asesinados habían viajado a Nueva York en un grupo de exalumnos del Colegio Politécnico de Rosario, para celebrar 30 años de egresados. “Ellos estaban en bici. Eran diez e iban pedaleando de a dos, en dos hileras de cinco y cinco. El atacante impactó sobre la hilera en la que estaba mi marido, junto a las otras cuatro víctimas fatales”, detalló la rosarina, que hoy tiene 46 años, un año menos del que tenía Mendoza cuando murió.

“He tenido toda la paciencia que me han pedido. Pero esto así no puede seguir, y yo sola no puedo. Necesito que mis hijos tengan la certeza de que hay justicia en el mundo y de que su papá descansa en paz. Es un derecho que les corresponde. No es justo que nos mantengan así”, concluyó la mujer.