A un año de la muerte de Floyd, EE.UU. bajó las tensiones internas, pero persisten los problemas de fondo

WASHINGTON.- Un año después del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Estados Unidos vive un clima de calma que contrasta con el ambiente de convulsión que desató su muerte en el país. Un nuevo presidente, Joe Biden, bajó la espuma, colocó a la lucha contra el racismo y la desigualdad en el centro de su agenda política, y llevó a la Casa Blanca a Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra, mujer, e hija de inmigrantes. Pero la profundidad del problema del racismo aún se debate, y aunque varios estados y ciudades impusieron nuevas reglas a sus fuerzas de seguridad, una ambiciosa reforma policial de Biden está estancada en el Congreso, rehén de la grieta partidaria.

El presidente recibió en la Casa Blanca a la familia de Floyd, cuyo asesinato galvanizó un movimiento global de protesta contra el racismo que tuvo ramificaciones políticas y culturales. Derek Chauvin, el policía que lo asfixió con su rodilla sobre su cuello durante nueve minutos y 29 segundos mientras Floyd, de 46 años, repetía más de veinte veces “no puedo respirar”, fue condenado por un jurado. El veredicto llevó alivio y justicia, y marcó un histórico quiebre en el largo prontuario de brutalidad policial que han sufridos los afroamericanos en Estados Unidos, uno de los síntomas más punzantes del racismo heredado de la época de la esclavitud.

Más de 30 estados y decenas de grandes ciudades –la gran mayoría, bajo control de los demócratas– han impuesto nuevas reglas para prevenir nuevos casos de brutalidad policial. Los dos cambios más comunes han sido la prohibición de las maniobras en el cuello, como la que usó Chauvin, y exigir a los policías que intervengan cuando un compañero utiliza fuerza desmedida.

“Creo que las cosas han cambiado, creo que estamos avanzando lentamente, pero estamos progresando”, dijo su hermano, Philonese Floyd, en una entrevista con la cadena CNN.

El asesinato de Floyd globalizó al movimiento Black Lives Matter, y le dio una nueva vida. La ola de protestas forzó un giro en la campaña presidencial, al darle más impulso a Biden y al ascenso de Harris como su compañera de fórmula. Y desató un efecto dominó de cambios culturales. Multinacionales como Adidas, Facebook, Amazon o McDonald’s se comprometieron a contratar más afroamericanos. El rechazo a la bandera confederada –para unos, un símbolo del racismo; para otros, sobre todo en el sur del país, un emblema sagrado– creció. Mississippi cambió su bandera estatal para desterrarla. Y NASCAR, la competencia de automovilismo más popular de Estados Unidos, la prohibió.

Las estatuas y monumentos de líderes confederados en todo el país comenzaron a ser blancos de vandalismo, o fueron derrumbadas o removidas de sus pedestales. Para principios de este año, más de 160 símbolos de la Confederación que defendió la esclavitud habían sido eliminados, según un recuento del Southern Poverty Law Center, una organización que combate los crímenes de odio en el país.

Pero ese impulso todavía no se ha traducido en reformas de gran escala. El gobierno de Biden aspiraba a marcar el aniversario de la muerte de Floyd con algún logro político, ya sea una ley para imponer cambios en las policías o para erradicar el “racismo sistémico” de la justicia penal. Al final, Biden solo pudo recibir a la familia de Floyd en la Casa Blanca para dar una señal política luego de la condena a Chauvin.

“El veredicto del mes pasado brindó algo de justicia. Pero no resuelve el problema persistente de la mala conducta de la policía y el uso de fuerza excesiva. No quita el dolor. Debemos hacer más”, dijo la vicepresidenta tras esa reunión.

“El Congreso debe actuar con rapidez y actuar con un sentido de urgencia. Aprobar leyes no recuperará vidas perdidas, pero representará un progreso muy necesario. Debemos abordar la injusticia racial dondequiera que exista. Ese es el trabajo que tenemos por delante”, indicó.

El gobierno de Biden aún no ha marcado avances concretos para reformar la justicia penal, y si bien la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para reformar las policías del país que lleva el nombre de George Floyd, la legislación quedó cajoneada en el Senado debido al rechazo de los republicanos, entre quienes muchos descreen que el país sufra de “racismo sistémico”, como sostienen los demócratas, y avalan estadísticas sobre los ingresos y la calidad de vida de la gente, el nivel educativo, los arrestos y casos de brutalidad policial, las condenas judiciales y los problemas de salud.

“Seguimos presionando de la manera que creemos que es más eficaz y constructiva”, se limitó a decir la vocera presidencial, Jen Psaki.

El estancamiento de esa iniciativa devela un problema de fondo: en Washington, republicanos y demócratas todavía discuten la gravedad del racismo latente en el país, y mientras los demócratas insisten en que es un flagelo “sistémico” que requiere reformas de fondo, los republicanos niegan que sea así.