Acusan a Lula de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción en Petrobras

La justicia brasileña se enfoca cada vez más en Lula
La justicia brasileña se enfoca cada vez más en Lula Fuente: Archivo
El coordinador de los fiscales de la Operación Lava Jato acusó al ex presidente de liderar el esquema de sobornos; consideró que incurrió en delitos de corrupción y lavado de dinero
Alberto Armendáriz
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14 de septiembre de 2016  • 20:39

RIO DE JANEIRO.- El cerco judicial alrededor de Luiz Inácio Lula da Silva se volvió más estrecho; mucho más estrecho. Por primera vez, el Ministerio Público Federal, que investiga el multimillonario caso de corrupción en Petrobras, acusó ayer formalmente al popular ex presidente de Brasil (2003-2010) de haber sido el principal líder de la red de sobornos que imperó en la petrolera estatal.

“Lula fue el comandante máximo del esquema de corrupción en Petrobras”, señaló Deltan Dallagnol, coordinador de los fiscales de la llamada Operación Lava Jato, durante una conferencia de prensa en Curitiba, donde están concentradas las investigaciones que desde hace poco más de dos años sacuden al mundo político y empresarial de Brasil.

“Sin el poder de decisión de Lula, este esquema sería imposible”, agregó el procurador, luego de presentar cargos de corrupción y lavado de dinero contra Lula y su esposa, Marisa Leticia; el titular del Instituto Lula, Paulo Okamotto; el ex presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, y otros cuatro altos ejecutivos de la compañía (Paulo Gordilho, Agenor Medeiros, Fábio Yonamine y Roberto Moreira). Ahora, el juez federal Sergio Moro, responsable del caso del petrolão, deberá decidir si acepta la denuncia contra el ex dirigente sindical y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), que se convirtió en una referencia para toda la izquierda latinoamericana.

En su presentación, los fiscales aseguraron tener pruebas de que Lula recibió favores indebidos por al menos 3,7 millones de reales (unos US$ 1,1 millones) de parte de la constructora OAS, una de las grandes empresas ya condenadas por haber pagado sobornos a ex directivos de Petrobras y políticos oficialistas de entonces a cambio de contratos con la compañía petrolera. Según la acusación, OAS pagó, reformó y amuebló un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que las autoridades judiciales alegan es propiedad de Lula y su esposa, aunque ellos lo niegan; la constructora también habría financiado el almacenamiento de todas las pertenencias con las que Lula dejó la presidencia en 2011. De acuerdo a Dallagnol, a cambio, Lula consiguió para OAS al menos tres contratos con Petrobras por un valor 87 millones de reales (US$ 26,4 millones).

La Policía Federal ya había recomendado el mes pasado el procesamiento de Lula por el caso del tríplex en Guarujá, mientras que el ex mandatario enfrenta asimismo otras dos causas judiciales: una por una chacra en el interior del estado de San Pablo también presuntamente adquirida a cambio de favores indebidos a constructoras, y otra por supuestos intentos de obstruir las investigaciones del petrolão por medio de su influencia.

“Tras asumir el cargo de presidente de la República, Lula comandó la formación de un esquema delictivo de desvíos de recursos públicos destinados al enriquecimiento ilícito, así como la perpetuación criminal en el poder, comprar el apoyo de legisladores y financiar caras campañas electorales”, destacó la denuncia que citó como “dos caras de la misma moneda” al petrolão y el anterior escándalo del mensalão, que en 2005 puso en jaque al primer gobierno de Lula por compras de votos en el Congreso.

Consciente del daño que estas acusaciones implican para la imagen de Lula, Dallagnol subrayó que no se buscaba juzgar al ex presidente por su gobierno o por lo que hizo por el pueblo brasileño, ni se está intentando criminalizar al PT.

“Sólo se le está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas”, afirmó.

Aunque la mayoría de los partidos políticos brasileños han sido salpicados por el “petrolão”, el PT es el que más involucrados ha tenido, entre ellos dos de sus ex tesoreros y el jefe de la bancada petista en el Senado. El rechazo al gigantesco escándalo de corrupción sirvió como combustible para las manifestaciones callejeras que en los últimos dos años exigían el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula, a quien el Senado finalmente fue destituida de su cargo el 31 de agosto, por manipulación de las cuentas públicas. Entonces asumió el poder de manera definitiva su ex vice, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), también bajo sospecha de irregularidades vinculadas con Petrobras.

Todavía no había terminado la conferencia de prensa de los fiscales en Curitiba que Lula y sus abogados lanzaron una fuerte campaña de defensa. Sus representantes convocaron a periodistas en San Pablo para denunciar la “farsa” con “motivaciones políticas” de los fiscales, y Lula utilizó las redes sociales para hacer su descargo.

“Jamás fui propietario del tríplex o siquiera dormí una noche en el supuesto departamento que la Lava Jato desesperadamente intenta atribuirme”, aseguró el ex presidente, quien varias veces ha explicado que su esposa había pensado adquirir una vivienda en ese edificio a través de la cooperativa Bancoop en 2005, pero que pese a haber pagado las primeras cuotas, desistió del negocio en 2010, luego de que la cooperativa quebró y el emprendimiento fue tomado por OAS.

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