Advierten en Paraguay sobre la amenaza de las FARC

Creen que ponen en riesgo la soberanía y la integración
Jorge Elías
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24 de septiembre de 2005  

ASUNCION.- De un cajón del escritorio sacó un par de transparencias. En ellas, bajo el título de "Concentración y focalización de la presión sobre los niveles de decisión", dice en letra manuscrita que debe haber una "exaltación de la resistencia pacífica, insinuaciones de próxima violencia y/o estallidos sociales" e "intransigencia absoluta de las nuevas organizaciones obreras".

Continúa con una serie de pasos, como una "campaña contra el orden, la ley y la autoridad con sentadas en las iglesias y en las plazas", otra de "rumores y trascendidos golpistas", otra de "ocupaciones pacíficas de tierras" y así sucesivamente, promoviendo huelgas y el descrédito de autoridades políticas, militares y judiciales hasta "tomar el gobierno".

El coronel Elio Flores Servín, director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares de Paraguay, dijo a LA NACION que las transparencias, hechas en 1992 por el difunto diputado colorado Celso Velázquez, antes liberal, han sido "proféticas", si uno repara, agregó, "en la dureza de los movimientos campesinos".

Sobre ellos desvió su mirada como terreno fértil para la penetración de grupos que, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han dejado el sello de su presencia en el país con el secuestro y el asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, y con otros en los cuales se lograron los rescates. En especial, por el "discurso duro" de sus líderes, "con tendencia de izquierda".

En coincidencia con el primer aniversario del caso Cubas, en el cual estuvo involucrado el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, el Congreso de Paraguay aprobó anteayer una ley antisecuestros que contempla penas de 15 a 30 años de prisión para los autores.

La primera víctima de la ola de secuestros fue Edith Debernardi, parienta de Enzo Debernardi, ex ministro de Economía, en 2001. Por el rescate se pagó dos millones de dólares: la mitad, según confiaron a LA NACION fuentes parlamentarias, habría sido cobrada por las FARC. Hasta septiembre de 2004 hubo 27 casos denunciados, pero, al parecer, había habido otros que, como sucede en Colombia y México, habrían sido negociados entre la familia y los captores sin intervención de las fuerzas de seguridad.

Flores Servín no vinculó a ninguna organización campesina en particular con las FARC, pero señaló la frase que corona una de las transparencias: "Construcción de ideas base para fundamentar la quiebra moral y de hecho del orden constitucional y legal". En un país que tuvo con Alfredo Stroessner una dictadura vitalicia, la mera apelación a una alternativa no democrática no sorprende a nadie.

"Las FARC amenazan la seguridad nacional y existe preocupación por la soberanía de nuestro país y su integridad territorial -dijo Flores Servín-. Nosotros no tenemos radares para controlar vuelos, por más que hemos hecho ejercicios conjuntos con los brasileños en Campo Grande (Brasil) y en Concepción (Paraguay), ni tenemos tecnología y equipamiento. En donde estuvo secuestrada Cecilia hallamos cajetillas de cigarrillos colombianos. Eso puede darnos un indicio de que había allí colombianos o gente que estuvo en Colombia."

Al margen de ello, entre los campesinos prima, más que en ningún otro sector, el rechazo a los ejercicios militares combinados con los Estados Unidos, aprobados por el Congreso a pedido de Nicanor Duarte Frutos. Entre ellos, el Movimiento Campesino Paraguayo, dirigido por ex líderes de la mayor organización de labriegos sin tierra propia, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, criticó "la presencia de los norteamericanos disfrazados de médicos".

Su lema es "Yanquis, tapehome (vuelvan a casa)", versión guaraní de "Yanquis, go home".

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