Agobiado por la crisis, Piñera abre la puerta a una reforma constitucional

SANTIAGO, Chile.- En los días más asfixiantes que ha enfrentado como presidente, Sebastián Piñera afronta la presión del movimiento social chileno probando diversas fórmulas que le permitan salir de la crisis, en un estallido que se ha extendido por tres semanas con masivas manifestaciones y focos de violencia en las calles.

En una entrevista que brindó a BBC Mundo, Piñera descartó renunciar y admitió por primera vez que está dispuesto a reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, en un intento de acallar las protestas y tras un lunes en el que hubo un rebrote de los hechos conflictivos en distintas ciudades. Dos hechos habían generado amplias reacciones: el de una pareja de carabineras quemada tras el ataque con una bomba molotov en Plaza Italia y el de un vehículo policial que atropelló a un sujeto que cruzaba en una calle de Santiago.

"Esto no para, ¿que está esperando el gobierno?", escribió en Twitter la socióloga Marta Lagos, dando cuenta de una sensación que se apoderó de los chilenos en el inicio de la semana: que se está muy lejos de encontrar una solución y que las demandas principales del movimiento no han sido resueltas. Entre ellas, una nueva Constitución, un cambio del modelo de desarrollo de Chile y medidas drásticas para reducir la desigualdad.

Golpeado y sin respuestas políticas, y enfrentando una histórica tasa de rechazo que ni el tardío cambio de gabinete pudo modificar, Piñera se refirió a la crisis en la entrevista. "Escuché la voz del pueblo chileno", dijo el presidente, que también inició una polémica por una respuesta asociada a su continuidad en el poder, muy cuestionada en las marchas. Y por la acusación constitucional que la oposición estudia interponer en su contra.

"Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron. Si alguien quiere hacer una acusación constitucional, está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro de que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar porque la solución en democracia es respetar sus reglas", expresó Piñera, que esta semana le pidió la renuncia a Alejandra Bravo, ahora exsubsecretaria de Bienes Nacionales, tras acusaciones de corrupción.

Entre los temas que abordó el gobernante en la entrevista con el medio inglés, destacó su disposición a dialogar sobre el elemento que más reluce en la agenda: la de las reformas de la Constitución, vigente desde 1980 y elaborada durante el gobierno dictatorial de Pinochet. Incluso, políticos de oposición también se han abierto a este planteamiento, lo que tiene a Piñera en una suerte de fuego cruzado con el ala más derechista y dura de su base electoral. "Por supuesto, después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma de la Constitución", respondió el presidente, que de paso marcó distancia ante la posibilidad de que ese cambio se realice a través de una Asamblea Constituyente.

Para el senador oficialista José Manuel Ossandón, una de las voces más críticas desde el propio sector político de Piñera, el cambio de Constitución debería ser inminente. "Es un gran paso para recomponer las confianzas, pero sin duda debe ser llevada desde la vía institucional. Pero es aquí en donde el presidente tiene una tremenda oportunidad de hacer parte a los ciudadanos, es aquí donde las personas podrán ser escuchadas, por eso es tan importante que tome el liderazgo y conversemos, escuchemos y tomemos acciones claras. Estoy convencido que debemos estudiar todos sus artículos y pensar en lo mejor para nuestro país, como te dije antes, esto se construye con todos, desde los empresarios hasta los obreros, sin excepción", dijo a LA NACION.

Ossandón, que tras la crisis ha surgido como un potencial presidenciable de la derecha, les exigió a las autoridades asegurar la participación efectiva de los ciudadanos en el nuevo pacto social. "El presidente debe ser el gran impulsor del diálogo, debe ser el quien tome el liderazgo y en las últimas declaraciones dejó sumamente claro que para esto está disponible. Y valoro su apertura a dialogar sobre las modificaciones que debe tener la Constitución, una nunca debe tenerle miedo a la democracia", completó el senador.

Puntos en debate de la carta magna chilena

Origen dictatorial. Herencia de Pinochet

Uno de los primeros argumentos sobre los cuales se pretende crear una nueva Constitución es que la actual no tiene legitimidad democrática por haber sido creada bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Aprobada en 1980 en un discutido plebiscito, la Carta Magna chilena ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y su origen dictatorial. Según los manifestantes, es el origen de las desigualdades y carece de consenso social por el momento histórico en el que se aprobó.

Carácter subsidiario. El rol del Estado

Uno de los argumentos centrales del debate es el principio de la subsidiariedad, según el cual la Constitución original relegó al Estado a un rol eminentemente subsidiario y favoreció la entrada de la iniciativa privada en temas esenciales como la salud, la educación o las pensiones y la jubilación. Los manifestantes exigen ahora que el Estado adopte un rol más social y demandan políticas públicas verdaderamente garantistas que permitan el acceso de todos los ciudadanos chilenos a los derechos básicos.

Barrera de los quórum. Mayorías parlamentarias

Otro punto de debate es que la Constitución estableció la exigencia de elevadas mayorías parlamentarias para poder acometer reformas al texto de la Carta Magna o a otros aspectos institucionales claves en la actualidad. En los casos en los que las reformas logran superar la barrera de los quórums, a menudo chocan con el Tribunal Constitucional, un organismo que realiza una interpretación extremadamente conservadora del texto legal para lograr cambios de fondo, según buena parte de los académicos constitucionalistas.