Odebrecht: de qué era acusado el expresidente de Perú Alan García

LIMA.- Esta mañana, minutos después de que la Policía llegara a su casa, ubicada en el barrio Miraflores de Lima, para detenerlo, el expresidente peruano Alan García se disparó en la cabeza. Horas después, se confirmó su muerte.

Los agentes habían llegado hasta allí con una orden de detención por un plazo de diez días en medio de la investigación que lo vincula con el escándalo de corrupción de Odebrecht, la constructora de origen brasileño que confesó haber pagado a varios gobiernos de la región para ganar proyectos.

García, expresidente de Perú entre 1985-90 y 2006-2011, de 69 años, estaba acusado de la presunta comisión del delito de lavado de activos. Era investigado por sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña.

De acuerdo con lo publicado por el diario RPP, el exmandatario estaba sospechado de haber recibido de un empresario llamado Miguel Atala más de un millón de dólares a través de una compañía offshore creada en Panamá. Uno de sus exasesores, Luis Nava Guibert, está señalado como actuar de vínculo entre ambos.

Anoche, en una entrevista con RPP, García admitió conocer a Atala: "He tenido una amistad social con el señor Atala, porque era un textilero grande. Él es un empresario muy importante". Además, explicó que se relacionó con él "en algunas ocasiones", por ejemplo, al crear el Instituto de Trabajo.

"Teníamos que poner a personas vinculadas al mundo laboral y empresarios; era un tema para generar ideas de cómo emplear a las personas; es decir, en vez de utilizar grandes maquinarias en las minas, usar mano de obra. Nunca tuvo funcionamiento lamentablemente", dijo.

Asimismo, el exmandatario se mostró entonces "convencido" de que Guibert iba a dar sus "explicaciones" sobre las acusaciones que señalan que recibió dinero de la firma de Brasil.

Odebrecht está en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina, después de admitir en 2016 como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornó a funcionarios de toda América Latina con cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos importantes de infraestructura.

Agencias DPA y AFP