Alcances de una medida polémica

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29 de mayo de 2003  

LIMA (El Comercio).- No es la primera vez en sus casi dos años en el poder que el presidente Alejandro Toledo declara el estado de emergencia para reprimir violentas protestas. En junio de 2002, Arequipa, la segunda ciudad del país, debió acatar la medida al ser centro de un estallido social contra dos controvertidas privatizaciones.

Según la legislación peruana, el estado de emergencia otorga a las fuerzas armadas el control interno y político en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Anteanoche, Toledo decidió recurrir a la drástica medida para restablecer el orden ante la creciente amenaza de estallido social.

El estado de emergencia implica la suspensión automática de derechos constitucionales concernientes a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y las libertades de reunión y de tránsito.

Esto significa, por ejemplo, que un ciudadano puede ser detenido sin que haya cometido un delito y sin orden judicial. O que se puede ingresar en los domicilios para registrarlos sin necesidad tampoco de un mandato judicial ni de la autorización del propietario.

Para declarar el estado de sitio, en cambio, las condiciones deben ser más extremas: se decreta en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, y no debe exceder los 45 días. En el estado de emergencia, el plazo no puede superar los 60 días y su prórroga requiere nuevo decreto.

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