Alertan por riesgos en la región para la libre expresión

WASHINGTON. Los principios de la libertad de expresión en el continente se encuentran en riesgo si se aprueba en marzo próximo un paquete de reformas que reduciría las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las reformas serían aprobadas por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se refieren al funcionamiento de la CIDH en general, pero algunas eliminarían o debilitarían las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El interés por reformar la CIDH existe desde hace varios años, pero tomó fuerza en 2011 cuando Brasil, Ecuador y Venezuela, molestos con cuestionamientos y medidas cautelares emitidos por la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión, amenazaron con retirarse de la OEA. Así lograron que el organismo aprobara una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Aunque la CIDH está de acuerdo con la necesidad de hacer cambios, algunas propuestas han hecho que en ocasiones el término "fortalecimiento" parezca más un eufemismo que un objetivo real.

Una de las recomendaciones es modificar la estructura de financiamiento de la CIDH para que las nueve relatorías reciban igual cantidad de recursos y las donaciones vayan directamente a la CIDH en lugar de a una relatoría específica.

Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia, dijo que esa recomendación reduciría el financiamiento de la Relatoría y de su capacidad para investigar.

Para Karina Banfi, de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la propuesta de "equidad" del presupuesto "esconde una seria amenaza de retroceso en la protección específica de la libertad de expresión".

Otra propuesta sugiere que la CIDH incorpore los informes de las relatorías en su reporte anual, lo cual restringiría la libertad de las relatorías de difundir sus propios informes y llamar la atención pública a situaciones críticas en los países.

Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica, recordó que los Estados no están obligados a acatar las recomendaciones de la CIDH y sus relatorías. Al impedirles difundir sus informes más de una vez al año, se anula un importante instrumento de presión para motivar a los Estados a proteger la libertad de expresión.

Desde que las recomendaciones fueron acogidas por la Asamblea General de la OEA en junio, los Estados miembros de la OEA, la CIDH y más de 50 organizaciones de la sociedad civil se abocaron a ofrecer propuestas.

No obstante, en el proceso se enfrentan visiones radicalmente opuestas. Países como la Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela comparten las posiciones más restrictivas. El canciller y vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo: "Les decimos a nuestros hermanos de América latina y el Caribe: ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana y de la CIDH".

Ecuador propone que se suprima la capacidad de la CIDH y sus relatorías de emitir medidas cautelares, y dejar esa facultad exclusivamente en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá y Uruguay defienden la necesidad de hacer reformas sin restringir o eliminar las facultades clave de esos órganos.

En un punto intermedio están México, Chile y Colombia, que mantuvieron un rol conciliador, pero sin alinearse con ningún lado. Brasil pareciera moverse hacia esta posición. Ante consultas del GDA, la cancillería brasileña aseguró que el país no está a favor de restricciones a las contribuciones voluntarias para las relatorías de la CIDH, pero sí avala que las necesidades del SIDH se atiendan con recursos del Fondo Ordinario de la OEA con una distribución equitativa.

Si se aprueba el paquete, sería la primera vez desde su creación en 1959 que los Estados de la OEA imponen reformas a la CIDH, concebida como un ente autónomo e independiente.

Hazel Feigenblatt