Amplio operativo contra la corrupción en España: 51 detenidos

Arrestaron a alcaldes, funcionarios y un hombre fuerte del PP, acusados por una trama que presuntamente firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales; el partido gobernante, el más afectado
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27 de octubre de 2014  • 12:53

MADRID.- La Guardia Civil española protagonizó hoy una gran operación contra la corrupción en ayuntamientos y regiones del país que terminó con 51 detenidos, entre ellos Francisco Granados, ex senador del Partido Popular de Mariano Rajoy y ex número dos de la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre.

Entre los arrestados también hay alcaldes y funcionarios públicos de ayuntamientos y gobiernos regionales de Madrid, Valencia, Murcia y León. La mayoría pertenece al Partido Popular, pero también hay alguno del Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España.

Se trata de la llamada Operación Púnica, dirigida por la Audiencia Nacional española y la Fiscalía Anticorrupción, destapa una trama que presuntamente firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

El detenido más conocido es Francisco Granados, que durante años fue vicepresidente de la región de Madrid y "número dos" del conservador Partido Popular (PP) en esta Comunidad.

Entre los alcaldes detenidos figuran los "populares" Agustín Juárez, de Collado Villalba (62.600 habitantes) y José Carlos Boza, de Valdemoro (71.500 habitantes), así como el socialista José María Fraile, de Parla (125.600 habitantes).

Los registros se han dado en otros ayuntamientos, entre los que destaca el de Móstoles (206.000 habitantes), gobernado por el PP.

El Partido Popular (PP) de Rajoy anunció que suspenderá hoy mismo de militancia a todos los detenidos afiliados a la formación. El siguiente paso será exigir la dimisión de aquellos que tengan responsabilidades políticas.

Una trama extendida por 250 millones de euros

Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" con concejales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.

La Fiscalía afirma que la trama se habría asegurado el éxito de adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, a cambio de comisiones ilegales, "a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Los beneficios eran blanqueados a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también le servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo la libre concurrencia.

La operación, que ha sido declarada secreta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción.

Los primeros datos apuntan que fue en enero cuando se inició la operación después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.

Otro golpe para el PP

La operación supone otro golpe para el PP de cara a las elecciones municipales y generales que se celebrarán en 2015 en España, en medio de la polémica desatada por otros casos de fraude y corrupción en los que se han visto envueltos miembros del partido.

Hace unos días el ex ministro Ángel Acebes, ex secretario general del PP, fue imputado en la investigación judicial sobre la presunta contabilidad paralela de la formación.

La misma semana, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex ministro Rodrigo Rato pidió la baja en el partido por su supuesta implicación en otro escándalo de fraude durante su presidencia de las entidades financieras españolas Caja Madrid y Bankia.

A la lista se suma ahora el ex senador Francisco Granados, de 50 años, quien en febrero ya dejó sus cargos tras conocerse que había tenido una cuenta bancaria en Suiza con 1,5 millones de euros.

La operación de hoy llevó al PSOE, el más importante de la oposición en España, a romper las negociaciones con el gobierno de Rajoy para alcanzar un pacto anticorrupción.

Agencias EFE y DPA

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