Anticorrupción: una lucha que se topa con obstáculos crecientes en la región

Los expertos advierten que el fenómeno en América Latina es cada vez más sofisticado y transnacional, y que para combatirlo hacen falta instituciones sólidas y organismos de control independientes más que "íconos" individuales
Alberto Armendáriz
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11 de agosto de 2019  

RÍO DE JANEIRO.- La reciente filtración en Brasil de conversaciones impropias entre el exjuez Sergio Moro -ahora ministro de Justicia- y los fiscales de la operación Lava Jato no solo sembró sospechas sobre la imparcialidad del entonces magistrado en la emblemática causa que salpicó a toda América Latina, sino que también volvió a poner en evidencia los enormes desafíos que enfrenta la lucha contra la corrupción en la región.

"Más que grandes héroes anticorrupción, lo que América Latina necesita son instituciones sólidas y creíbles: autoridades judiciales y organismos de control independientes del poder político, que cuenten con los recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos apropiados, y tengan las competencias jurídicas adecuadas para combatir un fenómeno cambiante, cada vez más sofisticado y transnacional", resaltó a LA NACION la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, con sede en Berlín.

Según los analistas, el apoyo categórico en la región a esos "íconos anticorrupción" se explica justamente por vacíos institucionales que se replican en todo el continente y que tienen efectos muy negativos.

En Brasil, a pesar de las revelaciones del sitio The Intercept, que publicó los polémicos mensajes entre Moro y los fiscales del Lava Jato durante el proceso que terminó con la condena del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, las encuestas apuntaron que la amplia mayoría de la población mantiene su respaldo al exjuez y a la operación.

"La sociedad brasileña estaba harta de la corrupción y en los últimos años vio con alivio que poderosos políticos y empresarios antes considerados intocables terminaron en la cárcel por aceptar sobornos, financiar campañas electorales o lavar dinero. Moro y el Lava Jato fueron alzados como héroes en medio de instituciones judiciales que durante tanto tiempo miraban para otro lado y no actuaban", explicó Marco Antonio Teixeira, profesor de Ciencias Políticas de la Fundación Getulio Vargas, en San Pablo. "Ahora se descubre que el juez y los fiscales cometieron algunos atropellos, pero a la gente no parece importarle bajo la lógica de que el fin justifica los medios. Eso es muy peligroso: si se naturalizan esas irregularidades, se acaban debilitando aún más las instituciones judiciales y lo que hay que hacer es fortalecerlas mediante un control social constante".

En un contexto global de pérdida de confianza en la democracia, el riesgo que se corre es abrir espacio a figuras populistas -sean de derecha o de izquierda- que enarbolan el discurso anticorrupción, pero que en realidad incurren en las mismas prácticas viciosas, sin instituciones fuertes que las limiten y una ciudadanía tolerante que las consiente.

Mientras en Brasil el presidente Jair Bolsonaro incorporó en su gabinete a Moro como garantía de su compromiso contra la corrupción, aunque no se muestra muy inclinado a investigar las acusaciones de irregularidades que pesan sobre su Partido Social Liberal ni sobre su hijo senador, Flavio, en México, con una larga historia de impunidad y donde menos se investigaron los oscuros negocios de Odebrecht y Pemex, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones agitando la bandera anticorrupción. Sin embargo, llegó al poder y propuso una suerte de amnistía a funcionarios del pasado, a la vez que menospreció el Sistema Nacional Anticorrupción, una iniciativa surgida de la sociedad civil.

"En México, la lucha anticorrupción todavía es un asunto de voluntad del gobierno y, por ahora, hay señales encontradas. Hay un proceso de desmantelamiento de las instituciones y la sociedad civil tiene que encontrar su lugar", señaló Salvador Camarena, director de investigaciones periodísticas de la ONG Mexicanos contra la Corrupción. El especialista destacó el nombramiento del reconocido jurista Alejandro Gertz Manero como primer fiscal general de la república, aunque luego este designó a dos personajes cercanos a López Obrador como fiscal anticorrupción (María de la Luz Mijangos Borja) y como fiscal electoral (José Ortiz Pinchetti).

La situación en Perú ha sido radicalmente distinta: por las derivaciones de la trama Odebrecht fueron procesados cuatro expresidentes (Alejandro Toledo está preso en Estados Unidos a la espera de su extradición; Ollanta Humala estuvo detenido preventivamente y enfrenta una condena de 20 años; Alan García se suicidó antes de ser detenido, y Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario), en tanto que la líder del principal partido, Keiko Fujimori, está bajo prisión preventiva. Y cuando en diciembre el despido de dos fiscales del caso, José Domingo Pérez y Rafael Vela, amenazó detener los peritajes, una manifestación pública obligó a que fueran restituidos, y finalmente el propio cuestionado fiscal general, Pedro Chávarry, renunció.

"Los peruanos tomaron conciencia de la gravedad de la corrupción, que es un problema sistémico muy arraigado, y expresó su apoyo a los fiscales en las calles. Ahora, a pesar de la crisis política, está la sensación de que se está rompiendo una historia de impunidad", opinó el peruano José Ugaz, exprocurador ad hoc de LA NACION en el caso de Alberto Fujimori-Vladimiro Montesinos (2000-2002).

La movilización social, sin embargo, no fue suficiente en otros países, donde elementos corruptos que cooptaron la maquinaria estatal se plantaron con más fuerza.

En la República Dominicana, las "marchas verdes" por el fin de la impunidad en el caso Odebrecht no se tradujeron en progresos jurídicos significativos. En Guatemala, tras encabezar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) las investigaciones del escándalo La Línea (2015-2016), que llevaron a la caída del mandatario Otto Pérez Molina, la exfiscal general Thelma Aldana intentó capitalizar su popularidad y se postuló para las elecciones presidenciales de este año. Pero las autoridades bloquearon su candidatura; por su parte, el presidente Jimmy Morales expulsó del país al comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.

En Colombia, gracias a la presión de la prensa se revelaron los vínculos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con uno de los principales socios locales de Odebrecht, el Grupo Aval, que no permitían que se profundizaran las investigaciones. Martínez resistió a la presión en las calles incluso luego de dos sospechosas muertes de testigos claves, pero al final renunció en mayo por una decisión judicial de no extraditar a un exlíder de las FARC a Estados Unidos. El presidente Iván Duque aún no nombró a su reemplazante.

La Argentina pasó por muchos altibajos en su lucha contra la corrupción, apuntalada tanto por la presión social como por algunas autoridades judiciales, como ha sucedido en los últimos tiempos con la causa de los cuadernos, iniciada por el periodista Diego Cabot, de LA NACION, en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio. Aunque el kirchnerismo hizo acusaciones de oportunismo político por los avances judiciales, la causa ya tiene más de 100 empresarios y exfuncionarios procesados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, a quien se investiga como la jefa de la asociación ilícita que recaudó millones de dólares de coimas.

Algo similar ocurre en Ecuador, donde la nueva fiscal general, Diana Salazar, que la semana pasada pidió la prisión preventiva de Rafael Correa por corrupción, asociación ilícita y tráfico de influencias, inmediatamente fue acusada por el exmandatario de estar al frente de una operación para evitar que vuelva al poder.

"Es un riesgo permanente que las acciones de fiscales y jueces sean atribuidas a motivaciones políticas. Para minimizar esos ataques, es indispensable que los sistemas de selección sean profesionalizados y que existan mecanismos de control internos para evitar abusos y una utilización negativa de la ley", dijo el experto colombiano Eduardo Salcedo-Albarán, director de la Fundación Vortex. "En los últimos cinco años tuvimos grandes avances y reveses en la lucha anticorrupción. Quedaron claras las debilidades de nuestros sistemas judiciales y eso es positivo; ahora debemos tomar medidas para depurarlos", agregó.

Casos emblemáticos de corrupción en la región

Desde el caso Odebrecht, que tuvo impacto en toda América Latina, hasta los cuadernos de las coimas, en la Argentina, en los últimos años salieron a la luz grandes entramados

  • 1. ¿Qué sucedió?
  • 2. ¿Cómo se descubrió?
  • 3. ¿Cuáles fueron las consecuencias?

Caso Odebrecht

1. El caso se inició en Brasil en 2014 con el escándalo del Lava Jato, una red de corrupción que involucraba a un grupo de empresas de construcción y energía que sobornaron a funcionarios de toda la región para obtener contratos. Odebrecht, una de las empresas constructoras involucradas, fue investigada también por las autoridades norteamericanas.

2. En 2016, Odebrecht firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que reveló que desde 2001 había pagado sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países: Brasil, Angola, la Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

3. El escándalo tuvo alto impacto en toda la región. En Brasil, además del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, hay otros 123 políticos condenados. En Perú, cuatro expresidentes fueron llevados ante la Justicia: Alejandro Toledo (detenido en EE.UU. en proceso de extradición), Pedro Pablo Kuczynski (con arresto domiciliario en Perú), Ollanta Humala (estuvo preso y sigue bajo investigación) y Alan García (que se suicidó en abril cuando iba a ser llevado a prisión). En Colombia, por lo menos 20 funcionarios estuvieron implicados y las autoridades realizaron detenciones de alto perfil, incluido un exsenador, el exjefe de campaña del expresidente Juan Manuel Santos y el exCEO de una empresa.

Los cuadernos de las coimas

1. Durante el gobierno kirchnerista, el chofer del exfuncionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, anotó en ocho cuadernos los movimientos de un circuito de recaudación ilegal de dinero. Según ese esquema, decenas de empresarios de la obra pública y del sector energético pagaban sobornos a funcionarios del Estado para recibir contratos. A bordo del auto que manejaba Centeno fueron transportados millones de dólares en bolsos que tenían como destino final la quinta de Olivos, la Jefatura de Gabinete y el departamento del matrimonio Kirchner en la ciudad de Buenos Aires.

2. Los cuadernos de Centeno los consiguió, a través de una fuente que conocía al chofer, el periodista de la nacion Diego Cabot, que entregó el material a la Justicia y reveló en este diario, hace un año, cómo funcionaba la estructura delictiva.

3. La causa judicial iniciada a partir de las anotaciones de Centeno adquirió una dimensión inédita en la historia de la Justicia argentina. Ese expediente ya tiene más de 100 empresarios y exfuncionarios procesados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, a quien se investiga como la jefa de la asociación ilícita que recaudó millones de dólares de coimas. La causa está a un paso del juicio oral.

La Estafa Maestra

1. Durante el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se desviaron unos 400 millones de dólares a través de 128 empresas fantasma en beneficio de ocho universidades estatales, 11 dependencias públicas y empresas privadas.

2. Los investigadores del sitio independiente mexicano Animal Político y la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) trabajaron juntos para investigar los documentos auditados. Descubrieron que más de 100 de las compañías que habían obtenido ofertas no existían o no estaban en capacidad de cumplir con las tareas contratadas.

3. Solo se presentaron cargos contra funcionarios de nivel medio y bajo, y ninguno fue condenado.

La Línea

1. Durante el gobierno del general guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) una red de funcionarios públicos y empresarios de alto perfil trabajó con la autoridad tributaria de Guatemala (SAT) para reducir artificialmente los impuestos a la importación a cambio de sobornos. Los agentes de aduanas, importadores y funcionarios utilizaron una línea telefónica especial, conocida como La Línea, para liquidar coimas a cambio de las reducciones.

2. La Línea salió a la luz por una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la oficina del fiscal general de Guatemala en 2015. Se interceptaron llamadas y correos electrónicos entre funcionarios e importadores, en los que se acordaban facturas fraudulentas.

3. Las pérdidas relacionadas con impuestos no recaudados fueron de un 1,8% del PBI guatemalteco (64.000 millones de dólares). Las investigaciones implicaron a Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes renunciaron y esperan juicio.

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