Crónicas norteamericanas. Asalto a las libertades civiles

MIAMI.- Los ataques terroristas del 11 de septiembre han tenido el efecto de transformar de manera drástica la vida de los norteamericanos, empezando por la economía, pero lo que comienza a hacerse palpable en las últimas semanas, es que algunos de los principios sacrosantos de la democracia estadounidense, como son las libertades civiles, también deberán contarse entre las víctimas.

Una extraordinaria sucesión de medidas restrictivas de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, impensables tres meses atrás, han sido impuestas raudamente por la administración Bush, con poca o ninguna resistencia, a caballo de la premisa de que se trata de instrumentos indispensables en la lucha contra el terrorismo.

"Es importante entender que estamos en guerra", sentenció el fiscal general, John Ashcroft, como si la invasión de la televisión por imágenes de afganos, paquistaníes y otros individuos de aspecto feroz, ataviados a la usanza regional, no fuera suficiente.

Pero no todos están convencidos de que se trate de una ecuación inobjetable. Desde la izquierda y desde la derecha han comenzado a surgir voces de disenso, alertando sobre el peligro de permitirle al gobierno avanzar sobre los derechos individuales sin ninguna restricción.

Organizaciones liberales como la fundación People for the American Way y conservadoras como el Cato Institute, han salido a denunciar públicamente el "persistente asalto a las libertades civiles" (American Way) y "la arrogancia de la Casa Blanca" (Cato Institute), advirtiendo que la luna de miel de que goza el presidente Bush con la opinión pública no debería servir de pretexto para recortar garantías.

Entre las medidas más inquietantes aprobadas en los últimos días, figuran:

• La orden de Bush permitiendo la creación de tribunales militares secretos para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo. Estos tribunales podrán considerar evidencias ad hoc, no sujetas a revisión de las cortes.

• Una decisión autorizando el monitoreo de las conversaciones entre detenidos en prisiones federales y sus abogados.

• La prolongada detención sin proceso de más de mil sospechosos, sin necesidad de revelar sus nombres, cargos, lugar de detención y duración de la misma.

• La vaga definición que la nueva ley hace del término "terrorista", entendiendo por ello a individuos que proveen apoyo a un grupo designado como organización terrorista o percibido como tal por el fiscal general, aun si la organización no opera en los Estados Unidos o no tiene entre sus objetivos atacar a ciudadanos norteamericanos.

Estas son apenas algunas. También está el derecho a allanar domicilios sin notificar a sus dueños, a escuchar conversaciones telefónicas y a interceptar correos electrónicos. Pero en el clima de intenso patriotismo, alta resistencia a la crítica y considerable paranoia que se vive actualmente en los Estados Unidos, hasta los más tradicionales detractores están dispuestos a ponerse el bozal.

Tanto es así, que las admoniciones de la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y del vocero presidencial, Ari Fleischer, a la prensa por exceder límites que sólo figuran en la cabeza de los funcionarios, han despertado alguna preocupación pero ninguna reacción.

Indefinición

La televisión aceptó abstenerse de pasar los futuros videos de Osama ben Laden y Bill Maher, conductor del programa "Políticamente incorrecto", que había cuestionado la aplicabilidad de la palabra "cobardes" a los autores del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono, debió admitir la semana pasada que finalizaría su ciclo, dada la alta deserción de anunciantes.

Congresistas, abogados, constitucionalistas y defensores de las libertades civiles -aun aquellos que apoyan la política de Bush- se agarran la cabeza cuando se menciona el amplio y peligroso espacio de indefinición que todas estas medidas han dejado.

"El terrorismo no es la única amenaza a nuestro estilo de vida", le dijo Ralph Neas, presidente a People for the American Way al diario The Washington Post. "Necesitamos un fiscal general que nos defienda de los terroristas, pero también necesitamos un fiscal general que defienda la Constitución."

El miedo en una sociedad es una calle de doble mano donde la razón retrocede mientras la prepotencia avanza. Los Estados Unidos, por lo visto, no han logrado sustraerse a esta trampa. Por lo menos por ahora.

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