Duro revés del premier italiano: se reabriría un proceso por corrupción. Berlusconi, sin inmunidad

Declaran inconstitucional la ley que se la había otorgado; ahora pueden enjuiciarlo

14 de enero de 2004

ROMA.- Martes 13, ayer, para el primer ministro Silvio Berlusconi. En un nuevo y fuerte revés, la Corte Constitucional italiana declaró inconstitucional la controvertida ley que en junio último le había otorgado inmunidad, lo que le permitió eludir un juicio por corrupción.

Aprobada en medio de gigantescas polémicas en junio último por el Parlamento -donde la coalición de centroderecha del Cavaliere tiene amplia mayoría-, la denominada ley "salva-Berlusconi" fue considerada ilegal por la Corte Constitucional porque viola dos artículos de la Carta Magna: el que dice que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley" y el que afirma que "la defensa es un derecho inviolable".

La decisión de la Corte -la votación fue dividida, 10 votos contra 5- llegó ayer por la tarde, después de tres días de deliberaciones y luego de los recursos presentados por los fiscales de Milán y el empresario Carlo de Benedetti, uno de los implicados en el llamado caso SME.

Considerada por la oposición de centroizquierda como "hecha a medida" del premier -el hombre más rico de Italia-, en junio último la ley había logrado que, a pocas semanas de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea, Berlusconi evitara ser juzgado por sobornar jueces.

La ley, también denominada Laudo Schifani, en efecto, otorga inmunidad penal a los cinco más altos cargos del Estado, es decir, al jefe del gobierno y a los presidentes de la república, de las dos cámaras del Parlamento y de la Corte Constitucional, mientras dure su mandato.

Con la decisión de ayer, todo indica que el juicio contra Berlusconi por el caso SME, que había sido suspendido, deberá recomenzar, pero desde el principio y en otra sede.

El caso SME se remonta a 1987, cuanto el gobierno italiano privatizó el holding alimentario SME y el grupo fue adjudicado al empresario De Benedetti. Fue entonces cuando Berlusconi, que en ese momento aún no había incursionado en la arena política y era solamente un empresario, consiguió invalidar la subasta pública. Esto lo llevó a los tribunales, ya que tanto el propio jefe del gobierno como su abogado y diputado, Cesare Previti, fueron procesados por sobornar a varios jueces.

El 22 de noviembre pasado, en otra sentencia que golpeó a Berlusconi, Previti fue condenado a cinco años de cárcel por los mismos cargos de corrupción que el Cavaliere ahora deberá volver a enfrentar.

"¡Comunistas malditos!"

La decisión del máximo órgano judicial del país es considerada otra cachetada en pocas semanas para Berlusconi, que a mediados de diciembre vio cómo el presidente Carlo Azeglio Ciampi decidió no firmar -y volver a enviar al Parlamento- otra controvertida ley de medios, también cuestionada por muchos por "inconstitucional" y hecha a medida del premier, dueño del más importante grupo televisivo privado de Italia.

La sentencia --que también profundiza la virtual guerra entre el Poder Judicial y Berlusconi, que se siente perseguido políticamente por las "togas rojas"- llegó también en momentos de profunda crisis en el seno de su coalición de centroderecha. El choque entre el vicepremier Gianfranco Fini (de Alianza Nacional) y el ministro de las Reformas, Umberto Bossi (de la Liga Norte), se ha agravado y el clima entre los socios está al rojo vivo.

Como era de esperar, la oposición de centroizquierda, exultante, aplaudió la decisión de la Corte Constitucional. "Es realmente una buena noticia, porque nosotros siempre sostuvimos que el Laudo Schifani es una ley inconstitucional e inmoral", dijo Antonio di Pietro, el famoso fiscal de la operación Manos Limpias.

"Ganó la legalidad", sostuvo por su parte Piero Fassino, líder de los Demócratas de Izquierda.

En el bando contrario, el diputado de Forza Italia y abogado personal de Berlusconi, Carlo Taormina, sin medias tintas, clamó: "¡Comunistas malditos!" Y como muchos miembros de la centroderecha, denunció a la Corte Constitucional de haber emitido una sentencia politizada.

"Se trata de una sentencia política -aseguró-, y por enésima vez constatamos el uso instrumental de la Justicia."

Por Elisabetta Piqué<br/>Corresponsal en Italia

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