Boris Johnson volvió a advertir sobre un posible no deal y le puso presión a la UE

PARÍS – El gobierno británico volvió a poner ayer sobre la mesa la posibilidad de un no deal, al advertir que se retirará de las negociaciones post-Brexit en junio si no llega a un acuerdo con la Unión Europea (UE). El bloque exige que el Reino Unido se alinee con las reglas comunitarias a cambio de un ventajoso sistema de libre comercio.

Tras la salida de Gran Bretaña de la UE, a fines de enero, la publicación de las 30 páginas del mandato de negociación del gobierno de Boris Johnson confirmó ayer los profundos desacuerdos entre ambas partes. Esas negociaciones, que deben comenzar este lunes, deberán definir la futura relación entre Londres y los 27 países del bloque.

"El gobierno quiere lograr un amplio acuerdo de libre comercio en diez meses", anunció ayer, ante la Cámara de los Comunes, el número dos del gobierno, Michael Gove, lord canciller. "Pero no aceptaremos ningún alineamiento con las leyes de la UE, como exigen. Porque no venderemos nuestra soberanía", agregó.

A pesar de la dificultad de la tarea, británicos y europeos tienen, en efecto, diez meses para decidir cómo será su futura relación. El 31 de diciembre marcará el fin del período de transición actual, durante el cual el Reino Unido continúa aplicando las reglas europeas y que Londres excluye en forma categórica prolongar.

Fiel a su estilo brutal, y ante la actitud monolítica de los miembros de la UE, Johnson decidió dejar planear nuevamente la amenaza de un no deal, cuyas consecuencias serían desastrosas en ambos lados del Canal de la Mancha.

Uno de los mayores obstáculos es la exigencia de Bruselas de que Gran Bretaña continúe respetando a largo plazo ciertas reglas de la UE, sobre todo en materia de ayudas estatales, medio ambiente, derecho laboral o materia fiscal. A cambio, le otorgará una amplia apertura al mercado europeo, sin derechos de aduana para sus exportaciones, cuyo 50% está actualmente destinado al bloque.

"El gobierno no negociará ningún acuerdo en el cual el Reino Unido no tenga el control de sus propias leyes y de su vida política", afirma el mandato publicado. "Esto quiere decir que no aceptaremos ninguna obligación de alinearnos sobre las leyes de la UE o que alguna institución europea –entre ellas la Corte Europea de Justicia– sea competente en nuestro país", agrega.

Para los 27, esas exigencias tienen por objetivo evitar una competencia desleal a las puertas del bloque. Johnson y todos los pro-Brexit, por el contrario, insisten en que el objetivo del Brexit fue justamente asegurar la independencia económica y comercial, aun cuando eso implique hacer frente a barreras comerciales.

Londres quiere tener absoluta libertad para decidir su propia reglamentación en materia de subsidios a los sectores productivos nacionales. Pero se declara dispuesto a lograr "compromisos recíprocos para no debilitar o reducir el nivel de protección actual en el terreno laboral o medioambiental".

Otro de los obstáculos mayores de la negociación será el tema ultrasensible de la pesca. La UE quiere "mantener un acceso recíproco" a las aguas territoriales y condiciona la conclusión de un pacto de libre comercio a un acuerdo sobre pesca. Esa exigencia parece imposible para Londres, cuyos pescadores –en su gran mayoría ultra-Brexiters– hicieron del fin del statu quo su principal bandera.

Insistiendo en su voluntad de volver a ser "un Estado independiente" a fines de 2020, Johnson pretende negociar cada año con la UE el acceso a las aguas británicas, como lo hacen hoy Noruega e Islandia, ninguno miembro del bloque.

El primer ministro quiere obtener un acuerdo comercial básico, como el que la UE negoció con Canadá, que, a su juicio, preservaría la autonomía económica de su país. Bruselas responde invariablemente que Canadá no es el Reino Unido, por una cuestión geográfica y porque un amplio ingreso al mercado único exige respetar ciertas reglas.

Tanto Bruselas como Londres reconocen la posibilidad de un fracaso de las negociaciones. Si así fuera, las relaciones económicas pasarán a regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mucho menos ventajosas para todos.