Cataluña lleva su desafío al extremo

Después de declarar ilegal el referéndum separatista, el Tribunal Constitucional ordenó ayer la suspensión de una consulta alternativa no vinculante; el gobierno regional dijo que seguirá adelante
Martín Rodríguez Yebra
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5 de noviembre de 2014  

MADRID.- Demasiado tarde para frenar: en abierta desobediencia a una orden del Tribunal Constitucional, el gobierno de Cataluña confirmó ayer que mantendrá la votación independentista convocada para el próximo domingo y llevó al extremo la crisis territorial que afecta a España.

El máximo órgano judicial dispuso al mediodía la suspensión del proceso electoral, al aceptar un recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy, que considera ilegal el plan de los nacionalistas catalanes. Pero apenas dos horas después el presidente regional Artur Mas decidió hacer oídos sordos al fallo.

"Se mantiene el proceso participativo con todas sus consecuencias", anunció el ministro vocero de la Generalitat catalana, Francesc Homs. Sin admitir que se trataba de un desafío al tribunal, argumentó que los jueces estaban decidiendo sobre una "interpretación falaz" que hace el gobierno español.

Mas intentó organizar un plebiscito para que los catalanes decidieran sobre su independencia de España, pero el Tribunal Constitucional le cerró el camino a fines de septiembre. Descartó rebelarse -como le reclamaban sus socios separatistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)- y en cambio quiso esquivar la suspensión judicial mediante la convocatoria para el mismo domingo 9 de un "proceso participativo", una versión informal y sin efectos jurídicos de la consulta popular original.

Esa votación estará abierta a ciudadanos que se inscriban en el colegio electoral (no habrá un censo formal), no será supervisada por ninguna autoridad oficial y estará organizada por 40.000 voluntarios, de modo que los funcionarios públicos no queden expuestos a cometer un delito de desacato.

Quienes participen podrán responder la doble pregunta que habían acordado hace ya un año los cuatro partidos políticos que promueven el llamado "derecho a decidir". Es decir: "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".

El problema que enfrenta Mas es demostrar que la votación no es un plebiscito de autodeterminación, sino una forma de "expresión popular" y, por lo tanto, no puede ser impugnada por el gobierno central.

Así lo intentó explicar, con esfuerzo, el ministro Homs: "El Constitucional se limita a transmitir lo que el gobierno español presupone que estamos haciendo, que es cambiarle el nombre a una misma cosa, algo que no es verdad. Si no hacemos lo que creen que estamos haciendo, ¿qué es lo que debemos de dejar de hacer?".

Para Mas es fundamental cumplir su promesa de que el 9 de noviembre "habrá urnas y habrá papeletas" en Cataluña. Incluso cuando el resultado del "proceso participativo" difícilmente pueda tomarse como referencia clara de la voluntad ciudadana. Será como mucho un grito de protesta, similar a las masivas movilizaciones independentistas que colmaron las calles de Barcelona a lo largo de los últimos tres años.

Lo que resta por ver es cómo reaccionarán el gobierno español y el propio tribunal al anuncio de que todo sigue adelante, pese a que el fallo ordenó a la Generalitat suspender la votación y los actos administrativos relacionados con su organización.

Una opción con la que se especulaba ayer en Cataluña y en Madrid era que Mas finalmente dejara todo el operativo en manos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las entidades cívicas que con una notable capacidad logística organizaron las marchas separatistas más numerosas. Así, intentaría cumplir la orden sin cancelar el simulacro electoral.

Especulaciones aparte, lo que sí dejó en claro el líder catalán es que llevará hasta el fondo su disputa con el gobierno central. Homs anunció que la Generalitat demandará a las autoridades españolas por "atentar contra el derecho de participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica".

Cambio de nombre

Tras el primer fallo del Tribunal Constitucional del 29 de septiembre contra el referéndum independentista, la Generalitat convocó a un "proceso participativo".

Nuevo revés

El Tribunal ordenó ayer cancelar también ese modo de consulta.

Convocatoria en firme

El gobierno autónomo dijo ayer que seguirá con el proceso, pues lo considera una "expresión popular".

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