Chávez, en guerra contra las cadenas de comida rápida

Podría cerrarlas si se aprueba una ley contra el acaparamiento, que ya tiene media sanción
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25 de mayo de 2011  

CARACAS.- Ya cerró por 48 horas los locales de McDonald's en Venezuela, alegando una supuesta evasión impositiva. No conforme con eso ("detrás de McDonald's, viene la ideología", denunció), creó "la caja social lista", que hasta incluía galletas hechas a su imagen y semejanza, para competir con la cajita feliz de la cadena norteamericana.

Pero el presidente de Venezuela, Hugo Chávez -de él se trata-, no se rinde en su cruzada contra la comida rápida: si se ratifica una ley antimonopolio que acaba de aprobar en primera discusión por la Asamblea Nacional (falta una segunda), podrá acusar de monopolio a aquellas franquicias con un mínimo de 15 sucursales y obligarlas a cerrar.

El proyecto tiene una redacción lo suficientemente ambigua "como para que el gobierno pueda poner en la picota al sector de franquicias, cadenas de tiendas y supermercados", dijo a La Nacion el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado. "El gobierno está en guerra contra el capitalismo y contra toda expresión exitosa del capitalismo, entre ellas, las cadenas de comida rápida", añadió.

En rigor de verdad, la norma tiene por objetivo combatir la especulación y el acaparamiento de bienes, pero, según Maldonado, los monopolios y oligopolios no tienen incidencia directa en estos temas, sino que más bien degradan el precio y la calidad de los productos al expulsar la competencia. De todos modos, si el Ejecutivo considera por alguna razón que hay desabastecimiento puede responsabilizar del asunto a las franquicias y cadenas de supermercados, y expropiarlas.

Con este argumento, puede hacerse de activos productivos y declararlos parte de la llamada "propiedad social". De ahí a hacerlos formar parte de sus propias redes de distribución de alimentos subsidiados o utilizarlos como vivienda para albergar damnificados por las recientes inundaciones, que desnudaron la enorme crisis habitacional de este país, hay un solo paso. Así empresas como McDonald's, Wendy's y Burger King, entre otras, deberán poner sus barbas en remojo.

Otra empresa en la mira es la cadena de supermercados de origen portugués Central Madeirense, la principal del país. También los supermercados del mismo origen Excelsior Gama, a los que ya se ha obligado a cerrar durante algunos días por supuesto fraude impositivo. "No podemos permitir que esas cadenas, por ninguna razón, se presten para especular, acaparar y violar los precios regulados", dijo Chávez, hace unos días. Añadió que en ese caso las cadenas de supermercados deben ser "posiblemente expropiadas", con lo que se incrementarán "las redes socialistas de distribución que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos".

"En el sistema estatal no hay ganancias. El monopolio garantiza ganancias y cuando el Estado está al frente de un sector no se privilegian las ganancias", dijo el diputado chavista Jesús Farías, uno de los principales impulsores de la norma antimonopolio en el Parlamento venezolano, donde el oficialismo tiene mayoría, en una frase que despertó críticas y hasta burlas de los opositores.

Si bien el gobierno quiere dotarse de un marco legal que le permita tomar el control absoluto de todos los factores de producción, apostaría en esta etapa por permitir que los privados sigan existiendo, pero limitados en su margen de acción y ganancias, en un modelo muy similar al que ha aplicado en Siria la familia Al-Assad. "Erradicar por completo a la propiedad y las empresas privadas representaría un riesgo muy alto de colapso político que el presidente de Venezuela no está dispuesto a asumir antes de las elecciones presidenciales de 2012", escribió recientemente el analista Eugenio G. Martínez en el diario venezolano El Universal.

En este contexto, la ley antimonopolio procurará capear la inflación (26,9% en 2010, la más alta de la región) y evitar que el desabastecimiento ponga en riesgo una victoria electoral de Chávez el año que viene. Otra pieza clave de su estrategia electoral es la Misión Vivienda, con la que prevé combatir la aguda crisis habitacional mediante la construcción de 250.000 casas en un año, algo que parece imposible en momentos en que la falta de electricidad hace estragos en casi todo el país salvo la capital.

Así las cosas, la alternativa que aparece para satisfacer la creciente demanda habitacional es albergar en instalaciones de firmas expropiadas a quienes no tienen dónde vivir. Aunque parezca increíble esto ya ocurre en Venezuela: el shopping center Sambil de la Candelaria, en pleno centro de esta capital, fue expropiado por el gobierno y alberga a unas 1500 personas sin vivienda.

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