Chávez y la oposición firmaron el acuerdo

El pacto permite el llamado a un referéndum para decidir si el mandatario permanece en el poder o no
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30 de mayo de 2003  

CARACAS.- Tras más de seis meses de tensas negociaciones, el gobierno y la oposición venezolanos firmaron ayer el acuerdo por el que se comprometen a solucionar la actual crisis política del país a través de un referéndum para definir la permanencia o no en el poder de Hugo Chávez, respetando las normas sobre este tipo de consultas que establece la Constitución.

"No es el gobierno el que va a salir diciendo que hemos vencido con este acuerdo; tampoco esperamos que la oposición lo haga: el país es el triunfador, la tolerancia es la triunfadora", aseguró Chávez después de la firma.

El acuerdo fue negociado durante seis meses y medio por representantes del gobierno y otros seis de la alianza opositora Coordinadora Democrática, bajo la mediación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.

El documento, de 19 puntos, fue suscripto por los 12 negociadores, en presencia de Gaviria y de representantes del Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También asistieron a la ceremonia los embajadores de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal, países miembros del Grupo de Amigos de Venezuela.

El titular de la OEA advirtió en un comunicado que "el acuerdo no resuelve las discrepancias existentes, pero es un aporte para que el proceso se enmarque en la normativa vigente".

El acuerdo, que da por terminada la tarea de la mesa de negociación facilitada por Gaviria, conviene en crear un "enlace permanente" de dos miembros por cada sector. Según el texto, las partes reafirmaron su "total adhesión y respeto" a la Constitución y las leyes locales.

Profundas discrepancias

Coincidieron en que la solución electoral es la prevista en el artículo 72 de la Constitución, que establece los referéndum revocatorios de los mandatos de todos los funcionarios elegidos popularmente, incluido el presidente, que arriban a la mitad del período para el cual fueron elegidos.

Sin embargo, el acuerdo no establece una fecha precisa para la consulta, lo que representa, según la oposición, un oportunidad para que el gobierno trabe el referéndum.

La Constitución permite hacerlo a partir del 19 de agosto, cuando se cumplirá la mitad del período de gobierno de Chávez, después de reunir 10 por ciento de las firmas de electores. Pero por los plazos establecidos para las formalidades burocráticas la consulta no sería realizada antes de noviembre.

En el texto del acuerdo las partes también respaldan el trabajo que efectúa la Asamblea Nacional para la designación del nuevo Consejo Electoral para que sea un "árbitro electoral confiable, transparente e imparcial". Además instan a ese órgano a crear la Comisión de La Verdad que investigue los sucesos de abril de 2002, en los que fallecieron unas 70 personas y cuando Chávez fue derrocado por 47 horas.

Tras el golpe de abril, la tensión creció en Venezuela. En diciembre, la oposición convocó a un paro general en reclamo de la renuncia de Chávez que duró más de 60 días y dejó al país al borde del colapso político.

El oficialismo no presentó fisuras a la hora de firmar el documento, pero hasta minutos antes del acto la oposición no lo respaldaba en bloque. Voceros de los diferentes grupos opositores expresaron "profundas discrepancias" con el contenido del acuerdo por considerarlo "una declaración de principios", como lo definió el fundador de Proyecto Venezuela, Henrique Salas, o "un saludo a la bandera", como lo calificó el gobernador William Dávila.

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