Choque de poderes en Perú por el caso Odebrecht: Vizcarra enfrenta a la fiscalía

El presidente peruano, Martín Vizcarra
El presidente peruano, Martín Vizcarra Fuente: Archivo - Crédito: DPA
Dos fiscales fueron restituidos tras ser removidos para frenar la causa de sobornos
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3 de enero de 2019  

LIMA.- El escándalo de corrupción que involucra a un abanico de expresidentes y dirigentes peruanos, acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht , dejó esta semana al sistema político envuelto en una nueva crisis, que incluyó primero la expulsión y luego la restitución de dos fiscales del caso.

Tras ordenar su destitución el lunes, sin mayores argumentos, el fiscal general Pedro Chávarry dio marcha atrás y reincorporó ayer en sus puestos a los dos fiscales que investigan esos vínculos, y que se disponían a dar un paso decisivo en el avance de la causa.

La reposición de estos dos fiscales de lavado de activos resultó tan sorprendente como su arbitrario despido, cuatro horas antes del final de 2018.

Chávarry revirtió su decisión luego de que la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez desencadenó una ola de protestas populares y obligó al presidente Martín Vizcarra a pedir que se declare en emergencia el Ministerio Público, lo que en la práctica significaba su cese de funciones.

El punto crítico se produjo, sin embargo, después de que los sustitutos designados por Chávarry declinaron asumir sus cargos.

"Hoy hemos presentado, por el bien de la institución (...) y para que no se perjudiquen las investigaciones, nuestra declinatoria al cargo", dijo Marcial Páucar, que había sido nombrado junto con Frank Almanza.

Acorralado entre las protestas de la calle, el presidente y la negativa de los reemplazantes, Chávarry decidió "dejar sin efecto en todos sus extremos" la resolución del 31 de diciembre mediante la cual removió a los influyentes Vela y Pérez.

La contraorden que los devolvió a sus despachos "tomó en consideración la trascendencia e importancia de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht", explicó.

La sensación prevaleciente era que Chávarry había intentado favorecer la impunidad con el cese de dos fiscales claves del caso para ayudar a sus principales apoyos políticos, el partido fujimorista Fuerza Popular, que controla el Congreso con el apoyo del partido Aprista.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está en prisión preventiva desde el 31 de octubre, luego de que un juez diera curso a un pedido del fiscal Pérez. A su vez, el expresidente y líder aprista Alan García tiene prohibido salir de Perú .

Expresidentes investigados

Keiko y García están investigados por la fiscalía en el marco del caso. Asimismo, los fiscales tienen a su cargo las investigaciones contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, todos por recibir presuntos aportes ilegales de Odebrecht.

La expulsión de los fiscales fue rechazada por varias organizaciones civiles, y cientos de personas realizaron protestas en Lima con banderas peruanas desde la noche del lunes, mientras eran vigiladas por policías antidisturbios pese al feriado del Año Nuevo. Vizcarra había cuestionado tiempo atrás al fiscal general y pedido su renuncia por sus presuntos nexos con una red de corrupción de magistrados de alto rango denunciada hace meses.

"Usaremos todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotarlo, corresponde que todos los poderes del Estado hagan lo mismo y que prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés", afirmó. También señaló que Odebrecht no debería poder seguir trabajando en Perú porque la constructora brasileña había "contaminado la actividad privada" e incluso admitió mediante sus ejecutivos haber sobornado a funcionarios públicos.

La razón inmediata de la expulsión de los fiscales habría sido el intento de boicotear una nueva etapa en la investigación, ya que Vela y Pérez se disponían a viajar a Brasil para colaborar con los fiscales brasileños a cargo de la Lava Jato en el interrogatorio a ejecutivos peruanos de la constructora.

Según un acuerdo de delación premiada entre las fiscalías de los dos países, los empresarios que colaboren con la Justicia serán beneficiados si aportan pruebas documentales de pagos a políticos peruanos. El acuerdo empezará a regir el próximo 11 con una declaración en San Pablo del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Sus palabras ya causan anticipadamente escalofríos en el ambiente político del país, ya que podrían hundir todavía más las perspectivas de Keiko Fujimori, Alan García y demás dirigentes ya condenados o bajo sospecha de los tribunales peruanos.

Keiko, además, todavía tiene expectativas de acceder a la presidencia peruana, luego de dos intentos fallidos, en 2011 y 2016, en los que triunfó en la primera vuelta, pero cayó en el ballottage. Su partido, sin embargo, es la fuerza dominante del Congreso.

  • Críticas: El presidente cuestionó al fiscal general Pedro Chávarry, cercano a la oposición, por expulsar a dos fiscales de la causa Lava Jato en Perú
  • Encubrimiento: Chávarry habría intentado frenar así un avance de la causa que perjudicaba a la poderosa Keiko Fujimori

Agencias AFP, AP y DPA

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