Colombia: protección militar para alcaldes

Pastrana recibió a funcionarios amenazados y pidió que resistan ante un posible vacío de poder; secuestraron a otro político
(0)
26 de junio de 2002  

BOGOTA.– El gobierno de Andrés Pastrana puso ayer en marcha una serie de medidas con las que intentará dotar de seguridad a más de doscientos alcaldes municipales amenazados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con el fin de frenar una renuncia masiva de funcionarios civiles que podrían crear un vacío de poder en el país.

Tras pedir un fuerte compromiso democrático que desoiga las “amenazas terroristas”, Pastrana dijo que los alcaldes amenazados podrán trasladar sus oficinas a bases militares y cuarteles de la policía, si es necesario, y afirmó que el gobierno dotará de guardaespaldas a los funcionarios que requieran de mayor protección.

Las promesas del gobierno, de hecho, llegaron en la misma jornada en que uno de los funcionarios amenazados resultaba finalmente secuestrado por guerrilleros. El alcalde del municipio de San Sebastián, en el departamento de Cauca, Rodrigo Ordóñez Muñoz, fue tomado cautivo en su casa por presuntos hombres de las FARC.

Mientras tanto, también los Estados Unidos ofrecieron su colaboración para poner freno a la campaña de amenazas de los grupos armados. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) expresó el apoyo de su país a las autoridades colombianas para dar protección a los funcionarios.

Las FARC tienen amenazados de muerte a 203 alcaldes municipales, en 22 departamentos colombianos, y a unos 4000 concejales en una campaña que pretende la expulsión de autoridades civiles de pueblos y ciudades.

En la lista de los alcaldes están el de Bogotá, Antanas Mockus, y el de Cali, John Maro Rodríguez, que reiteraron que permanecerán en sus cargos hasta el último día del mandato, el 31 de diciembre de 2003.

Pastrana también anunció que las fuerzas armadas tendrán mayor presencia en los municipios y ciudades afectadas, pero no especificó cómo piensa lograrlo en momentos en que el ejército y la policía están operando en el límite de sus capacidades presupuestarias y de hombres disponibles.

Sin embargo, el comandante del ejército, general Jorge Mora, consideró que la guerrilla “no impondrá su voluntad, y nuestras fuerzas militares están listas a prestarles protección, ofrecerles vehículos y la seguridad para garantizarles la vida”.

“Vamos a colaborar con los alcaldes, para que atiendan desde nuestras instalaciones militares”, enfatizó Mora, quien reiteró su acusación a las FARC de violar el derecho humanitario por vincular a los civiles en el conflicto.

Programa especial

Después de reunirse por más de cuatro horas con el director de la policía, algunos ministros, alcaldes y gobernadores, el presidente aseguró que impulsará un programa especial de protección a funcionarios similar al que rige para periodistas y sindicalistas y creará un comité de evaluación de amenazas.

El gobierno no dio ayer detalles de las medidas y dejó poco conformes a la mayoría de los mandatarios del interior, que aspiraban a que el presidente decretara el estado de sitio para afrontar la grave crisis.

“Si la conmoción interior es la solución, ya se hubiera aplicado”, sostuvo Pastrana a periodistas. No obstante, no descartó su futura aplicación y pidió a los mandatarios locales presentar propuestas concretas de cómo implementarla en sus respectivas regiones.

Desde hace más de tres semanas, las FARC, con unos 17.000 combatientes, iniciaron una ola de intimidaciones y amenazas de muerte contra alcaldes, concejales y gobernadores en diversas zonas del país donde tienen un amplio control.

La situación desató en los últimos días una avalancha de renuncias masivas de alcaldes de pequeños poblados colombianos, pero sus dimisiones no fueron aceptadas por el gobierno de Pastrana, quien, a punto de culminar su mandato, el 7 de agosto, se halla cada vez más acorralado por los rebeldes.

La mayoría de los gobernantes locales sostiene que son considerados “blancos militares” de las FARC por haber apoyado al presidente electo Alvaro Uribe, un dirigente con un discurso de línea dura contra los grupos armados ilegales, especialmente contra la guerrilla, que asesinó a su padre en 1983.

Las FARC, considerada la primera y más antigua organización guerrillera del país, fue calificada de “grupo terrorista” por Estados Unidos y Europa, y lanzó esas amenazas como parte de un plan para demostrarle al futuro gobierno que tiene poder militar, consideran los analistas colombianos.

Al mismo tiempo, un informe “confidencial” dado a conocer por Radio Cadena Nacional de Colombia refiere que las FARC impulsan la expulsión de las autoridades civiles y la ingobernabilidad en varias poblaciones del país para extender su dominio y alcanzar “un gobierno total”.

Por su parte, los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían amenazado, en sentido contrario, a los funcionarios que haciendo caso de las amenazas guerrilleras abandonaran sus funciones. Sin embargo, ayer, los paramilitares de ultraderecha desistieron de tomar medidas contra las autoridades civiles renunciantes. “Manifestamos nuestro compromiso de cesar cualquier hostilidad que por cualquier motivo hayamos planteado contra algún alcalde en las actuales circunstancias”, dijeron las AUC en un comunicado.

Temor por la libertad de prensa

  • NUEVA YORK (ANSA).– La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) se declaró ayer “muy preocupada” por las declaraciones del futuro ministro de Interior de Colombia, Fernando Londoño, quien se expresó en favor del posible restablecimiento del estado de sitio en el país sudamericano. “Las propuestas de Londoño hacen temer lo peor en relación con la libertad de prensa a partir del próximo 7 de agosto, fecha en que entrará en función la administración del presidente Alvaro Uribe”, dijo Robert Ménard, secretario general de RSF.
  • Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

    Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?