Colombia y las FARC anuncian un acuerdo histórico de paz

LA HABANA.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de la guerrilla de las FARC , Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, anunciaron hoy un histórico acuerdo entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera.

El acuerdo versa sobre justicia transicional para intentar poner fin al conflicto de más de 50 años que incluirá amnistías amplias o indultos -pero no para delitos de lesa humanidad-, y señalaron que a más tardar en seis meses, es decir en marzo de 2016, deberá estar firmado el Acuerdo Final del Proceso de Paz.

Santos, afirmó que el acuerdo entre su gobierno y las FARC, anunciado esta tarde en La Habana, representa "un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia y no solo de Colombia, sino de toda América".

"Hoy es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación del conflicto armado", dijo el mandatario en el mensaje que pronunció luego de la lectura de la declaración conjunta que refleja el acuerdo entre el gobierno y la organización guerrillera.

"Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC (Rodrigo Londoño, alias Timochenko y Timoleón Jiménez) y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final" y "a más tardar ese día, en exactamente seis meses, estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia", señaló Santos.

El jefe del Estado colombiano reiteró algunos de los aspectos centrales del comunicado conjunto que acababa de ser leído, a los que calificó como "anuncios trascendentales".

"Hay algo más, de la mayor importancia: hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia; este tema es tal vez el más difícil y el más complejo de definir, así ha sido en todos los procesos de paz del mundo", remarcó Santos.

Día cargado

Tras un día cargado de expectativa y rumores, el máximo líder de la guerrilla y la cabeza del Ejecutivo de Colombia se reunieron por primera vez en La Habana -nunca se habían visto anteriormente- y tras un encuentro privado, encabezaron un acto en el que asistió también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y delegados de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, y Venezuela y Chile.

De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial que estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y, en participación minoritaria, juristas extranjeros.

La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo, "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".

El acuerdo, leído por los delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega, Dag Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos".

No entra en indulto

En ese sentido, aclara que "en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual".

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente, señala el texto.

Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias.

El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.

Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel.

Un punto clave que tendrá el acuerdo es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad. Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo.

De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.

Los negociadores, en tanto, seguirán analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos.

Agencias AFP y AP