Comienza el reparto en Bolivia de las tierras expropiadas

LA PAZ (Reuters).- El gobierno boliviano anunció ayer que repartirá entre campesinos e indígenas más de 50.000 hectáreas de tierras forestales que le acaba de expropiar a un empresario brasileño en el departamento norteño de Pando. La medida se da en el marco de la llamada "revolución agraria", lanzada hace cuatro meses por el gobierno del socialista Evo Morales, que tiene la mira puesta en los latifundios improductivos o adquiridos de manera ilegal.

Las tierras "expropiadas y que serán declaradas tierras fiscales" antes de su redistribución están ubicadas en una franja de 50 kilómetros desde la frontera con Brasil. El fundamento principal de la expropiación fue que la Constitución boliviana prohíbe a los extranjeros ser titulares de propiedades en esa franja fronteriza.

"Nada se puede oponer a la ley. Tenemos que proceder en las tierras mal habidas a más tardar hasta noviembre", afirmó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aunque sin precisar cómo hizo el empresario maderero brasileño para lograr el control de los bosques fronterizos.

Aunque no fue identificado, el empresario brasileño sería Milton José Soder, que talaba ilegalmente la madera de esa región tropical y luego la comercializaba a altos valores en su país, también fuera de la ley. Durante la expropiación fueron secuestrados camiones cargados con maderas y fueron encontrados niños trabajadores en situación de semiesclavitud.

Más brasileños

Almaraz explicó que en el mismo departamento amazónico de Pando hay por lo menos otros 100 brasileños -en este caso, de pocos recursos- que detentan ilegalmente la propiedad de tierras y que serán afectados también por el proceso de expropiación, aunque dentro de un programa de reubicación concertado con el gobierno de Brasil.

El gobierno de Morales ha repartido en el último trimestre poco más de tres millones de hectáreas de tierras fiscales entre comunidades campesinas e indígenas (35.925 familias). Pero ésta será la primera vez que el reparto abarque tierras expropiadas. Sin embargo, el gobierno todavía no ha podido poner en marcha su plan mayor de distribuir hasta 20 millones de hectáreas en cinco años, por falta de acuerdo en el Congreso con la oposición.

El oficialismo, que es mayoría en la Cámara de Diputados y tiene la mitad del Senado, no ha podido regular la ley propuesta en mayo pasado para acelerar la devolución al Estado de tierras improductivas o ilegales, particularmente en los distritos orientales de Pando, Santa Cruz y Beni, que afectará también a terratenientes bolivianos cuyas tierras son consideradas "improductivas".

Bolivia, un país de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, ya experimentó una reforma agraria en 1953 e inició un segundo proceso de distribución de tierras en 1996, que el gobierno de Morales considera un fracaso.

Según un reciente informe de la Iglesia Católica, un reducido grupo de grandes empresarios tiene en su poder casi el 90 por ciento de las tierras productivas de Bolivia y el resto está en manos de más de tres millones de campesinos e indígenas.

El tema del reparto de tierras que propone el gobierno es uno de los que más irrita al bloque de provincias orientales, que son, justamente, las afectadas por la medida.

Si bien en reiteradas oportunidades Morales y sus colaboradores trataron de calmar a los opositores e insistieron en que sólo se expropiarán tierras improductivas, entre el empresariado agrícola ganadero de Bolivia persiste el temor y la incertidumbre.

De hecho, durante los últimos encuentros de la oposición conservadora, la "reforma agraria" que impulsa el gobierno se destacó en la agenda, junto con el enojo por el carácter "originario" y "fundacional" que pretende imprimirle el gobierno a la nueva Carta Magna que redacte la Asamblea Constituyente.