Condenan a 12 años y 11 meses a Lula por otra causa de corrupción

RIO DE JANEIRO.- El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva , quien ya cumple una pena de segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel en el caso de un departamento adquirido por sobornos en el marco de la Operación Lava Jato, fue condenado esta tarde a otros 12 años y 11 meses de prisión por corrupción activa, pasiva y lavado de dinero en otra causa relacionada con una chacra reformada gracias a coimas de grandes empresas a las que benefició durante su gobierno (2003-2010).

Según la jueza Gabriela Hardt, de Curitiba, el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió más de un millón de reales (US$ 270.000) de las constructoras OAS y Odebrecht y de la compañía de ingeniería petrolera Schahin para efectuar reformas en la finca Santa Bárbara, en la localidad paulista de Atibaia, que no aparece a nombre de Lula sino como propiedad del empresario Fernando Bittar, hijo de un amigo del exmandatario, el exsindicalista Jacó Bittar. Como contrapartida, según la magistrada, estas empresas obtuvieron jugosos contratos con Petrobras.

"El condenado recibió ventaja indebida como consecuencia de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar", señaló en su sentencia Hardt, quien heredó los procesos de la Lava Jato en Curitiba luego de que el juez Sergio Moro renunció para aceptar ser nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública del actual presidente Jair Bolsonaro .

Lula, quien se encuentra preso desde el 7 de abril último en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, está también procesado en otras siete causas relacionadas con la Lava Jato, por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencia, asociación ilícita e intento de obstrucción de la Justicia. La primera condena contra Lula, emitida por el juez Moro, lo halló culpable de haber recibido de OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá como soborno en especie a cambio de otros contratos con Petrobras. La primera sentencia, de julio de 2017, había sido a nueve años y seis meses de prisión, pero tras la apelación, en enero del año pasado, el Tribunal Regional Federal de la 4ª. región, en Porto Alegre, la aumentó a 12 años y un mes de reclusión. Todavía queda pendiente un recurso de tercera instancia.

Los abogados del expresidente ya adelantaron que apelarán el fallo de Hardt. Durante el juicio, resaltaron que aunque Lula y su fallecida esposa, Marisa Leticia, usaban habitualmente la chacra, no era de ellos, que nunca fueron consultados sobre las reformas hechas al lugar, y que no hay pruebas de que el exmandatario haya pedido las obras a cambio de negocios con el gobierno o Petrobras.

Durante allanamientos que se hicieron en la propiedad, fueron halladas servilletas con las iniciales de Lula y su esposa, así como botes a pedal con los nombres de los nietos del exmandatario. En una de las audiencias, Fernando Bittar reconoció que no pagó "ni un real" por las obras realizadas en la chacra, dijo no saber si el dinero había sido desembolsado por Lula o su verdadero origen. Sin embargo, el encargado del sitio, el exescolta de Lula Rogério Pimentel, afirmó que el expresidente lo había puesto al comando de las refacciones y confirmó los pagos hechos por las empresas sospechadas.

Para Hardt, "es un hecho que la familia del expresidente era frecuentadora asidua del inmueble, e hizo usufructo de él como si fuera su dueña". Apuntó que era posible concluir "por encima de cualquier duda razonable" que los fondos de las reformas fueron "oriundos de ilícitos anteriores" en provecho de las empresas y que Lula sabía del intercambio de favores.

"Era conciente de que había pagos sistemáticos de sobornos destinados al partido y de que parte de esos valores fueron usados para su beneficio personal", escribió.

Además de Lula, fueron condenadas otras doce personas acusadas en esta causa, entre ellos los empresarios Marcelo y Emilio Odebrecht; Leo Pinheiro (OAS), y José Carlos Bumlai (Grupo Schahin).