Los frentes abiertos de la Casa Blanca: se amplía la polémica por el despido de fiscales. Crece la disputa entre Bush y el Congreso

WASHINGTON.- Sin tiempo para tomar aire entre la guerra en Irak y sus varios escándalos domésticos, la Casa Blanca elevó ayer a la categoría máxima de contrapunto constitucional su enfrentamiento con el Congreso por el controvertido despido por razones políticas de ocho fiscales generales.

El desafío mutuo de dos poderes del gobierno ocurrió después de que un subcomité de la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, ordenó la comparecencia forzosa de Karl Rove, el principal estratego político del presidente George W. Bush, y de otros altos funcionarios y ex funcionarios republicanos.

La oposición exige que Rove, la ex consejera presidencial Harriet Miers, y otros colaboradores de Bush declaren bajo juramento y en audiencias públicas qué participación tuvieron en el despido de esos fiscales, algunos de los cuales investigaban delitos con presuntas ramificaciones políticas.

Bush rechazó la presión demócrata, a la que acusó de intentar una "expedición a ciegas" en busca de cualquier dato que alimente una controversia, y anticipó que está "absolutamente" decidido a recurrir a la Justicia para que anule esas órdenes de comparecencia, antes que aparecer en público en retirada.

"La pregunta que tienen que hacerse [los demócratas] es si están más interesados en un espectáculo público que en alcanzar la verdad", afirmó el vocero presidencial, Tony Snow.

La Casa Blanca está resistiendo las fuertes presiones para que renuncie el debilitado secretario de Justicia, Alberto Gonzales, y ofrece que Rove y el resto de los citados por el Congreso declaren ante un puñado selecto de legisladores, pero a puertas cerradas, sin prestar juramento y sin que se distribuya luego una transcripción de sus declaraciones.

La oferta resultó insuficiente para los demócratas, que recuperaron el control del Capitolio tras 12 años en minoría y ahora prometen controlar más y mejor a la administración Bush, en especial en su guerra en Irak, sus vínculos con el empresariado y los lobbistas y la influencia ideológica y religiosa que introdujo en áreas científicas y técnicas de la administración.

"Debe haber rendición de cuentas", afirmó la legisladora Linda Sanchez, presidenta del subcomité Judicial en Derecho Comercial y Administrativo que ordenó la comparecencia forzosa y dejó en la cuerda floja a Gonzales.

Redoblar la apuesta

Hasta anoche, esas órdenes no habían sido efectivamente emitidas, a la espera de un acuerdo político de último momento -y desde una posición de fuerza- con la Casa Blanca. Pero los demócratas están dispuestos a subir su apuesta.

El Comité Judicial del Senado también podría aprobar hoy sus propias órdenes de comparecencia sobre las mismas figuras del gobierno. "Creo que mucho más saldrá a la luz y es nuestro deber lograrlo", acusó la senadora de la oposición Dianne Feinstein. "La Casa Blanca muestra una mentalidad de búnker: no escucharán, no cambiarán", afirmó.

De acuerdo con la ley, cada presidente puede reemplazar a los 93 fiscales generales existentes en Estados Unidos. Así lo hizo Bill Clinton. Y eso es lo que debatieron Rove, Gonzales y Miers, y sus respectivos segundos, entre otros, según surge de correos electrónicos entregados por la Casa Blanca.

Pero la sospecha es que la salida de los ocho fiscales respondió a otros motivos, más oscuros. Ciertas investigaciones que impulsaban esos fiscales podían arrojar vínculos ilegales entre ciertos empresarios y políticos republicanos, con posibles actos de corrupción, a lo que se sumó que, en por lo menos un caso, uno de los fiscales fue sustituido por un amigo de Rove.

La Casa Blanca, a pesar de saberse a la defensiva, rechazó las condiciones demócratas. Y exigió todo lo contrario: imponer las propias. "Si emiten las comparecencias forzosas, nuestra oferta será retirada", anticipó Snow.

Es decir, nadie declarará en el Congreso y Bush acudirá a la Justicia. Así, si los poderes Ejecutivo y Legislativo no ceden posiciones, será el tercer brazo del gobierno, el Poder Judicial -en última instancia, la Corte Suprema-, el que deberá terciar en la disputa institucional más aguda que vivió hasta ahora Bush como presidente.

Un privilegio relativo

Tampoco puede anticiparse cuál sería la posición del tribunal. Desde un fallo de 1974, cuando la Corte concluyó que el llamado "privilegio ejecutivo" es relativo, es decir que la protección de la confidencialidad de cierta información barajada dentro de la Casa Blanca tiene sus límites. Y en 2004 falló a favor del vicepresidente Dick Cheney, pero dijo que esos privilegios no deberían invocarse a la ligera, para evitar "una colisión" con el Congreso o la Justicia misma.

La historia norteamericana ofrece muchísimas otras ocasiones en las que la Casa Blanca recurrió al "privilegio ejecutivo", como cuando Bill Clinton buscó aplacar el escándalo por su affaire con la becaria Monica Lewinsky.

Sí está claro, por lo pronto, que la controversia en los tribunales podría provocar el "espectáculo público" que Bush dijo que quería evitar, al justificar por qué ofrecía que Rove declarara a puertas cerradas.

Un espectáculo del que tampoco es seguro que los demócratas salgan beneficiados ante la opinión pública, pero en el que la oposición se siente más cómoda, tras seis años de dominio absoluto del poder por la administración republicana.

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