Crece la protesta contra Trump y se le abre una batalla legal
Una jueza frenó parte del decreto que traba la llegada de musulmanes; se multiplican los reclamos en todo el país
WASHINGTON.– Tras sólo diez días de gobierno, y a caballo de su controvertido freno a la inmigración, Donald Trump estaba ayer amenazado por un explosivo frente judicial, político y de movilizaciones populares dispuesto a hacerlo retroceder.
Primero fueron las protestas, que se extendieron por todo el país y llegaron hasta las puertas de la Casa Blanca. Luego, los abogados defensores de derechos humanos, y desde ayer, legisladores demócratas, que prometieron luchar en el Congreso contra esta “barbaridad”, según dijo el senador demócrata Chuck Shumer. El objetivo es abrir una batalla legal contra su controvertido decreto para limitar el ingreso de ciudadanos de siete países musulmanes. Una lucha a la que ayer se sumaron los fiscales generales de 16 estados, que calificaron de “inconstitucional” el decreto, que ya había sido parcialmente frenado anteanoche por una jueza.
El estupor no se limita a Estados Unidos. En buena parte del mundo crece la indignación contra el presidente, una reacción pocas veces vista en tan poco tiempo de gestión.
Presionada e incómoda, la Casa Blanca reaccionó de modo airado. No sólo ratificó en pleno sus medidas contra ciudadanos musulmanes, sino que aseguró que todo está dentro de la ley. "No tenemos nada por lo cual pedir perdón y no lo haremos", dijo el jefe de gabinete, Reince Priebus.
El disparador fue el decreto del viernes pasado, por el que Trump paralizó el programa de refugiados y, al mismo tiempo, puso un veto a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen.
"No queremos muro, no queremos prohibición", cantaban las multitudes que se reunieron en diversos puntos del país. Entre ellos, frente a la Casa Blanca. El clima se recalentaba, como una continuación de la masiva marcha que siguió a la asunción de Trump, el pasado 21.
"No se por qué es todo esto. No hay nada malo", insistía Priebus. La pulseada está servida y es un inesperado momento de dificultad e incertidumbre para el flamante gobierno. Se lo objeta por racista, xenófobo y antimusulmán. "Hemos visto ciudadanos maltratados por la policía de migraciones sólo porque profesan una religión", sostuvieron alcaldes demócratas. Incluso entre sectores republicanos están criticando la medida.
Anteanoche, un grupo de abogados logró que una jueza de Nueva York, Ann Donnelly, emitiera un fallo que frenó parcialmente los efectos de la medida. En cuestión de minutos, hubo fallos de distinto alcance pero similar tono en Boston y en Virginia. Para desesperación de la Casa Blanca, la puja legal había comenzado. Y ayer se sumaron 16 fiscales generales de distintos estados, algunos gobernados por republicanos, que se manifestaron en contra del decreto y lo calificaron de inconstitucional.
Todo empezó como una guerra de David contra Goliat. Pero se potenció y ganó fuerza al ritmo de la indignación popular y del desconcierto internacional.
La punta de lanza, sin embargo, fue un grupo de abogados defensores de los derechos humanos. Satisfechos por su primer triunfo, se aprestan ahora para la "batalla de fondo" contra la decisión, ratificada por la Casa Blanca, de limitar el ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes.
"Lo que hemos tenido es una pequeña victoria. La pulseada final empieza ahora", admitió ante LA NACION el abogado Lee Gelernt, de la Asociación por los Derechos Civiles (ACLU, por sus sigla en inglés) y promotor del fallo judicial que detuvo parcialmente el decreto.
El gobierno dijo que "cumplirá" los fallos judiciales que, promovidos por ese pequeño grupo de abogados, frenaron algunos aspectos de la medida. Entre ellos, que no haya deportaciones y que no se alcance a ciudadanos con derecho de residencia. Esto es, que no afecte a poseedores de la llamada green card, tal como se conoce a la tarjeta que reconoce ese derecho.
De hecho, ése es uno de los puntos en los que la administración de Trump parece haber dado marcha atrás. "El decreto no alcanzará a los poseedores de esa tarjeta", sostuvo ayer Priebus. Reveladora de cierta confusión dentro del elenco de gobierno, la afirmación implicó una rectificación respecto de lo que, apenas 24 horas antes, sostenían fuentes oficiosas de la Casa Blanca.
Al participar en los habituales programas políticos en la televisión de esta ciudad, Priebus no hizo más comentarios sobre las razones para ese cambio. Pero el giro marca, también, otro triunfo del reclamo de los abogados.
La puja, que se perfila como una de las primeras batallas para limitar medidas del presidente Trump, comenzó el viernes por la noche, cuando el presidente firmó un controvertido decreto con dos efectos.
Por un lado, paralizó temporalmente el programa para aceptar refugiados en el territorio norteamericano, aunque en el caso de Siria lo suspendió de modo definitivo.
Por el otro, impuso un veto temporal a la llegada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Con el argumento de que se trata de una medida de "seguridad" para impedir el acceso de "extremistas islámicos", el decreto provocó una fuerte ola de rechazo, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.
Medios de todo el país se pronunciaron en contra de una medida que consideran "cobarde, peligrosa e inconstitucional". Académicos y analistas coincidieron en el diagnóstico. "Hay que tener cuidado de que esto no sea un búmeran que termine generando mucho más sentimiento antinorteamericano", previno Conrad Black, analista en temas de seguridad.
"Me da la impresión de que es algo que estamos dando servido a todos aquellos que se dejan engatusar por la prédica de grupos extremistas", añadió.
Extranjeros que alzan la voz contra Trump
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