Crisis en Cataluña: Sánchez dijo que los grupos soberanistas que protestan "no representan a la mayoría catalana"

MADRID.- España está convulsionada por la violencia en Cataluña. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez , se reunió de urgencia con la oposición tras las escenas de caos y violencia por la condena a dirigentes independentistas, y brindó una conferencia de prensa en la que aseguró: "Más pronto que tarde se restablecerá la tranquilidad y la convivencia en Cataluña" y además consideró que los grupos que protestan "no representan en absoluto a la mayoría catalana".

El presidente español apoyó a las fuerzas de seguridad y apuntó contra los manifestantes, a los que consideró extremistas. "Policía nacional, mossos y guardia civil tienen el respaldo del conjunto de la ciudadanía porque son garantes de lo más preciado: la defensa de las libertades públicas y los derechos civiles. Gracias por su labor y su contención frente a las provocaciones de los extremistas", dijo Sánchez.

Y agregó: "Hay que condenar de manera tajante cualquier acto de violencia. Estoy convencido de que pese a las imágenes dramáticas que estamos viendo, la convivencia y la tranquilidad serán restauradan en Cataluña. Estos fenómenos que estamos viendo quedarán como una muestra de la marginalidad radical que representa una parte del independentismo, pero que no representa en absoluto la mayoría de la sociedad catalana"

En relación con la determinación judicial que condenó a líderes independentistas, dejó en clara su postura: "En primer lugar hay que acatar la sentencia, cumplirla, y en segundo lugar, que los responsables políticos catalanes tienen que hacer autocrítica. Apelo a abrir una nueva etapa bajo la premisa de que cualquier diálogo se tiene que hacer respetando la ley", dijo.

Sánchez convocó hoy en La Moncloa a los tres líderes de los grandes partidos "de la oposición", según la descripción del Ejecutivo: Pablo Casado (Partido Popular, PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Los tres fueron citados por separado para afrontar la situación en Cataluña.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, fue el primero en verse con Sánchez. Casado compareció después de la reunión en un tono muy duro contra el presidente, diferente al que usaba en los últimos días. Dijo que a Sánchez "le sobrepasó la imprevisión" y pidió al gobierno que ponga en marcha una batería de acciones, entre las que destaca el envío al presidente de la Generalitat de un requerimiento, como paso previo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, una medida que supondría la intervención de la autonomía y la aplicación inmediata de la ley de seguridad nacional. El gobierno socialista no descarta nada, pero de momento no cree que se den las condiciones para tomar esas decisiones.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró tras su encuentro con Sánchez que su impresión es que a corto plazo el Ejecutivo no va a tomar medidas excepcionales para abordar la situación en Cataluña y ha mostrado su respaldo al gobierno ante cualquier medida que sirva para "desinflamar".

Iglesias dijo además que el presidente le confirmó que la colaboración de los mossos con Policía y Guardia Civil está siendo "correcta" y se da con absoluta "normalidad". El líder de Podemos también opinó que en Cataluña se han constatado "dos fracasos": "El fracaso de las recetas de la derecha pensando que la judicialización de un conflicto político podría traer una solución y el fracaso del unilateralismo de los partidos independentistas que ha llevado a una situación de callejón sin salida", analizó.

En la tercera jornada de manifestaciones contra las penas de hasta 13 años de cárcel impuestas a nueve separatistas por la tentativa de secesión en 2017, la movilización continuaba con marchas desde cinco ciudades catalanas para converger el viernes en la capital regional. Ese día habrá una huelga general y una manifestación multitudinaria.

Hoy, las imágenes de "guerrilla urbana" en el elegante Paseo de Gracia barcelonés colmaban las tapas de los diarios en España, con titulares como "Batalla campal".

En Barcelona, 40.000 personas participaron en la manifestación antes de que estallaran los disturbios, con cientos de personas, muchos con la cara tapada, lanzando objetos contra la policía. También hubo enfrentamientos en Girona, Tarragona y Lleida.

El lunes pasado fueron los primeros enfrentamientos con la policía, cuando 10.000 personas bloquearon el aeropuerto de Barcelona, horas después de que el Tribunal Supremo anunciara su condena a nueve separatistas, entre ellos el exvicepresidente regional Oriol Junqueras, a 13 años de prisión.

"Marchas por la libertad"

Mientras se registraban nuevos cortes de rutas y de vías férreas, desde cinco ciudades catalanes partieron las "marchas por la libertad", para llegar a Barcelona el viernes tras recorrer 100 kilómetros.

"Esto es una gran demostración de fuerza. El tema es no parar", dijo Jordi Soler, un estudiante de doctorado de 25 años, que salió de Girona. "Esto es muy pacífico y está bien", aunque "a veces hay que ser más contundente", apuntó.

Nacida de la frustración a dos años del fracasado intento de secesión que dejó a los separatistas sin rumbo claro, los hechos violentos muestran una radicalización de una parte del movimiento independentista, que se vanagloriaba de haber sido hasta ahora pacífico.

"Se ha iniciado un camino de no retorno", indicaron en un comunicado los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos autoorganizados con expeditivos métodos de protesta.

"No caigamos en la trampa de aquellos que nos quieres desmovilizar con el falso argumento de la violencia", indicaron, al llamar al gobierno regional independentista a "romper con el Estado español".

Una pintada de "Torra traidor" podía verse en Barcelona, en referencia al presidente regional, Quim Torra, mostrando el distanciamiento entre los activistas más radicales y el gobierno catalán.

"No les regalemos lo que buscan", señaló en cambio el número dos del gobierno catalán, Pere Aragonés, que advirtió que la violencia podría conllevar la posibilidad de que se intervenga la autonomía regional, como ya ocurrió tras la fallida secesión en 2017.

El gobierno catalán, que no ha dudado en alentar la movilización ante la sentencia del Tribunal Supremo, pidió "aislar a las personas con comportamientos violentos", en boca de su vocero, Meritxell Budó.

Agencia AFP, DPA y diario El País