Críticas a la Casa Blanca por el uso de la ayuda

De organismos de derechos humanos.
De organismos de derechos humanos.
(0)
29 de agosto de 2000  

WASHINGTON.- Después de un fin de semana sangriento en Colombia, tres de las principales organizaciones de derechos humanos criticaron ayer a Bill Clinton por avanzar con la entrega del paquete de ayuda aun cuando las fuerzas armadas colombianas mantienen fuertes vínculos con los grupos paramilitares.

Para recibir en los próximos dos años una ayuda extraordinaria de 1300 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, el gobierno colombiano tenía que cumplir con una serie de requisitos en materia de derechos humanos que impuso por ley el Congreso de los Estados Unidos, pero Clinton los omitió alegando razones de seguridad nacional.

Una de las exigencias que omitió obliga al gobierno de Andrés Pastrana a impulsar la investigación judicial de las masacres que involucran a grupos paramilitares (la última ocurrió el domingo último en Buenaventura y terminó con siete muertos) y a los oficiales de las fuerzas armadas que actúan en complicidad.

"Una de las lecciones que ya deberíamos haber aprendido es que no se puede derrotar a nuestros enemigos en alianza con fuerzas que cometen abusos a los derechos humanos", dijo George Vickers, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, su sigla en inglés).

"Es un error gravísimo haber omitido las condiciones. Así no hay ninguna esperanza de que las fuerzas armadas colombianas mejoren su pobre desempeño en materia de derechos humanos y rompan su relación con los paramilitares", agregó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América latina de Human Rights Watch.

Junto con la división para la región de Amnesty International, a cargo de Andrew Miller, las tres organizaciones entregaron al Departamento de Estado una carpeta en la que piden -entre otras cosas- la suspensión de cinco generales en actividad que están acusados de haber cooperado activamente en masacres cometidas por los llamados grupos de autodefensa.

Los paramilitares son -según datos que los organismos de derechos humanos tomaron de un informe del Departamento de Estado- responsables por el 70% de los casos de violaciones de derechos humanos.

Otra de las condiciones que impone la ley es que los militares sean juzgados en fueros civiles, y apartados cuando hay acusaciones creíbles que merezcan ser investigadas.

"Una de las condiciones ya se cumplió, y confiamos en que el resto lo será a la brevedad", dijo un vocero del Departamento de Estado a La Nación . Vivanco, en cambio, afirmó que "falta voluntad política" por parte del gobierno de Pastrana.

MÁS leídas ahora

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.