Cuba se queda sin argumentos

Carlos Lauría
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20 de diciembre de 2014  

A través de los años, el gobierno cubano ha justificado el encarcelamiento de periodistas independientes bajo acusaciones de actuar contra la soberanía del Estado al servicio de Estados Unidos. En la llamada "primavera negra" de marzo de 2003, cuando el gobierno del entonces presidente Fidel Castro lanzó una masiva embestida contra la disidencia aprovechando que la atención del mundo estaba concentrada en la invasión estadounidense en Irak, 29 periodistas independientes fueron condenados con penas de hasta 27 años de prisión.

En los procesos judiciales quedó establecido que los periodistas fueron acusados de desestabilizar al país por colaborar en medios extranjeros. Se los castigó por ser "mercenarios" al servicio de una potencia extranjera (llámese Estados Unidos).

El gobierno norteamericano respaldó a la sociedad civil cubana, a través de material de asistencia y capacitación. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha instituido programas de acción para generar solidaridad con activistas de derechos humanos de la isla y para dar voz a la prensa independiente.

Pero algunos de estos programas, como el recientemente revelado para promocionar el hip-hop, han sido considerados intentos del gobierno de Estados Unidos para socavar a los Castro. El fuerte respaldo a la sociedad civil y la prensa independiente contribuyó con la estrategia del gobierno cubano al describir a los disidentes como espías al servicio del imperio.

A partir del histórico anuncio del miércoles pasado sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el argumento esgrimido por La Habana para encarcelar, acosar e intimidar a periodistas independientes ha perdido sustento. Incluso las descalificaciones que sufren la mayoría de los disidentes -entre ellos, la prominente bloguera Yoani Sánchez- de actuar como agentes encubiertos de la CIA, del Departamento de Estado o simplemente lacayos del imperio ya hoy lucen anacrónicas.

Las consecuencias de este giro sin precedentes en las relaciones entre ambos países después de 50 años de Guerra Fría podrían ser promisorias para los derechos humanos y la libertad de expresión. Como resultado, los periodistas deberían realizar su labor informativa sin tantas restricciones, sin la amenaza permanente de ser encarcelados por el solo hecho de informar y expresar opiniones críticas, y con posibilidad de acceder a Internet sin filtros, obstáculos o costos tan elevados.

Pero la realidad es que Cuba sigue siendo hoy uno de los países más restrictivos para la prensa. Un escritor y bloguero independiente, Ángel Santiesteban Prats, está preso desde febrero de 2013 condenado a cinco años de prisión en represalia por sus críticas al gobierno. Todos los medios nacionales autorizados son controlados por el Partido Comunista, que reconoce la libertad de prensa "sólo en acuerdo con los objetivos de la sociedad socialista".

Todos los periodistas independientes y blogueros trabajan en páginas web hospedadas en el exterior y actualizadas por medio de las embajadas o costosas conexiones de hotel.

Los cambios no se producirán de la noche a la mañana. Para desmontar un sistema tan restrictivo y arcaico, será necesario el compromiso ineludible de Cuba para ratificar e implementar los pactos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado, para garantizar la libertad de expresión e información, incluido el uso de Internet, la liberación sin condiciones de todos los periodistas presos y el desmantelamiento de un andamiaje legal obsoleto que castiga hasta con penas de cárcel cualquier tipo de periodismo independiente.

Dos años después del triunfo de la revolución cubana, Fidel marcó los límites de la libertad de prensa en Cuba con una recordada frase: "Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada". En este nuevo escenario, Cuba necesitará reinventarse, pero sobre todo aceptar que el derecho a la libertad de expresión existe dentro de cada persona y no es un regalo concedido por el Estado.

El autor es coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas

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