Difícilmente haya una respuesta positiva

El Pentágono dijo que cooperó con España

20 de octubre de 2005

WASHINGTON.- Un vocero del Pentágono afirmó ayer que Estados Unidos "cooperó" con las autoridades españolas en el esclarecimiento de la muerte en Bagdad del periodista José Couso, una declaración que abona la suposición de que el pedido de captura emitido por un juez de la Audiencia Nacional contra tres soldados norteamericanos difícilmente tendrá eco en Estados Unidos.

"El Departamento de Defensa ha cooperado previamente con el gobierno español", dijo ayer el teniente coronel Barry Venable tras la solicitud del magistrado español Santiago Pedraz.

El militar dijo que el Pentágono ha aportado información sobre el incidente y también sobre la investigación posterior. Uno de los argumentos de Pedraz para pedir la captura internacional y la extradición de los militares es justamente la supuesta falta de cooperación de las autoridades norteamericanas.

Según Venable, el Pentágono "toma seriamente todas las alegaciones sobre posibles violaciones de las leyes de guerra por parte de soldados estadounidenses". Sin embargo, no quiso aclarar si su país accederá a la petición del juez español y explicó que "éste es un asunto legal que será tratado por los canales apropiados". Además, no coincidió con las dudas planteadas por la justicia española sobre lo que pasó exactamente ese 8 de abril de 2003 en que murió Couso y resaltó que el Mando Central norteamericano, que coordina las acciones en Irak, "ha investigado el incidente completamente y ha determinado que los soldados estadounidenses actuaron de forma apropiada durante una acción de combate".

Las posibilidades de que Estados Unidos acceda a extraditar a sus soldados parecen escasas. "No creo que haya ningún precedente para esto", explicó Tom Malinowski, director de la oficina en Washington de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch. Cuando Estados Unidos despliega soldados en un país firma el llamado "acuerdo del estatus de las fuerzas" con su gobierno, lo que permite al sistema judicial norteamericano enjuiciar a militares estadounidenses que cometan crímenes allí, explicó Malinowski.

Según José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de Américas de HRW, "cuando se ordena la detención de una persona para ser procesada por un tribunal extranjero, lo lógico hoy en día, especialmente en aras de la cooperación judicial para combatir el delito, es que Estados Unidos, como cualquier otro Estado, coopere con la Audiencia Nacional". Agregó que "la norma que existe es que un país debe respetar la orden de arresto internacional, o bien acceder a la extradición, o bien juzgar a la persona en su propio territorio".

Pero el gobierno de George W. Bush ha lanzado una fuerte ofensiva contra toda posibilidad de que militares estadounidenses sean juzgados por cortes extranjeras, más allá de lo estipulado por "los acuerdos del estatus de las fuerzas", firmados con Colombia, Alemania o Japón, por ejemplo. A tal fin, Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia de oposición a la Corte Penal Internacional (CPI) y ha sancionado a una treintena de países con la suspensión de la ayuda militar, con el objetivo de forzarlos a firmar los acuerdos del llamado artículo 98, por los que esas naciones se comprometen a no extraditar a estadounidenses a la CPI.

Secuestrado

LONDRES (DPA).- El irlandés Rory Carroll, corresponsal del diario británico The Guardian, fue secuestrado ayer en Irak, según confirmaron sus familiares. El periodista, de 33 años, trabajaba en una nota sobre reacciones populares al juicio contra Saddam. Para ello, había visto la transmisión televisada del juicio en casa de una familia en Bagdad. Fue secuestrado por tres hombres armados cuando se retiraba de esa vivienda, informó su padre en Dublin.

Agencias EFE y AP

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