Dilma negocia una marcha atrás en parte del ajuste
Frente al rechazo de su último plan, el gobierno aceptaría cambiar algunos puntos; crecen los pedidos de impeachment
RÍO DE JANEIRO.- Más obstáculos en Brasil. Tantas resistencias enfrentó el nuevo paquete de ajuste que el gobierno de Dilma Rousseff presentó el lunes para evitar un déficit presupuestario el próximo año que la presidenta ya comenzó a negociar una marcha atrás en algunos puntos, mientras la oposición insiste en su destitución.
Después de que la semana pasada la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la nota de Brasil y le quitó su grado de inversión para volverlo especulativo, el equipo económico de Dilma se apresuró a anunciar nuevas medidas de austeridad y lograr que el agujero de 8500 millones de dólares en el presupuesto de 2016 se convirtiera en un superávit de 9000 millones de dólares.
Para ello, propuso recortes por 7000 millones de dólares a través del congelamiento de ajustes salariales y nuevas contrataciones de empleados públicos, la eliminación de diez de los 39 ministerios y la reducción de inversiones en construcción, infraestructura y programas sociales de salud y vivienda, además de un aumento de unos 10.500 millones de dólares en la recaudación a través de la reinstalación, por cuatro años, de un impuesto a las transacciones financieras.
La idea del nuevo tributo fue rechazada de inmediato por importantes sectores del Congreso, del que depende su aprobación, así como por poderosos grupos económicos como la Confederación Nacional de Industria y las federaciones industriales de los estados de San Pablo y Río de Janeiro. Asimismo, la Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal ya confirmó un cese de actividades para el próximo miércoles y, junto a la Central Única de Trabajadores (CUT), ya estudia convocar a una huelga general en las próximas semanas.
Dilma volvió a reunirse ayer con los líderes de las bancadas aliadas al Partido de los Trabajadores (PT) para convencerlos de la "gravedad de la situación"; les pidió su compromiso y que hagan su parte para apuntalar la economía. De todos modos, el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ya adelantó que ve improbable la aprobación de un nuevo tributo, que sería muy impopular.
Según la prensa brasileña, la presidenta apuntó que, para salvar el paquete de ajuste, estaría dispuesta a bajar de cuatro a dos años la aplicación del polémico impuesto y también a reducir de seis a tres meses el congelamiento de ajustes salariales para empleados públicos. Asimismo, se abrió la posibilidad de que el nuevo impuesto no sea aplicado a la "nueva clase media" surgida durante los últimos años de crecimiento económico, durante los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva.
"Lo llamaríamos una franja de excepción; estamos conversando", señaló el líder del PT en el Senado, Humberto Costa, que también indicó que para aumentar la recaudación se podría evaluar la legalización de los juegos de azar.
La gran duda es cómo recibirían estos retrocesos en el programa de ajuste los mercados y las otras dos grandes agencias calificadoras de riesgo -Moody's y Fitch-, que mantienen el grado de inversión de Brasil. Si el país pierde esta codiciada nota crediticia de una segunda agencia, muchos fondos de inversión se verán obligados por sus reglas internas a retirar capitales del gigante sudamericano. Para evaluar esta disyuntiva, Dilma mantuvo ayer por la tarde un encuentro privado con Lula, su padrino político.
Por su parte, los principales partidos de la oposición, encabezados por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), apoyaron ayer la presentación de un nuevo pedido de impeachment a la presidenta, que fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados por un ex ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Miguel Reale Júnior, y firmado también por otro jurista fundador del PT, Hélio Bicudo. El documento señala que Dilma habría violado la ley de responsabilidad fiscal al maquillar las cuentas públicas el año pasado, y además la acusa de responsabilidad política por el escándalo de corrupción en Petrobras.
En tanto, el Supremo Tribunal Federal vetó ayer la financiación de campañas electorales a través de donaciones de empresas privadas, una práctica común que ahora está bajo la lupa por haber facilitado el enorme esquema de sobornos pagados por grandes compañías en Petrobras; gran parte de ese dinero fue desviada a partidos de la base aliada como "donaciones electorales".
"Nunca se combatió tanto la corrupción"
- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró ayer que "nunca se combatió tanto la corrupción" en el país como durante su gobierno y subrayó su deseo de que "las duras sanciones de la ley recaigan sobre todos aquellos que practicaron actos ilícitos".
- Rousseff habló durante un acto en el que inició un nuevo mandato el procurador general Rodrigo Janot, uno de los responsables de la investigación del caso Petrobras, que salpicó a medio centenar de políticos. "Todos queremos un país en el que la ley sea el límite", en el que "los jueces juzguen con imparcialidad", dijo.
Más leídas de El Mundo
Dos años de la “guerra contra las pandillas”. Cómo cambió la seguridad en El Salvador con Bukele y por qué denuncian una “ilusión errónea”
"Rumbo común". Macron y Lula se muestran como amigos: planes para la Amazonia y un submarino nuclear... y un dardo por el pacto UE-Mercosur
"Pocos motivos para el optimismo". El país "con suerte" que tras décadas de prosperidad quedó en una posición incómoda