EE.UU.: la Corte invalidó 168 condenas a muerte

Es el segundo fallo en una semana que restringe las ejecuciones
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25 de junio de 2002  

WASHINGTON.- En un fallo que podría afectar a cientos de prisioneros condenados a muerte que aguardan la fecha de su ejecución, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó ayer que los jurados, y no los jueces, deben decidir si un acusado vivirá o morirá.

El máximo tribunal estableció, por 7 votos a 2, que la Sexta Enmienda, que garantiza a un acusado un juicio con un jurado integrado por ciudadanos, sería "insensatamente degradada" si no confiriera también a un jurado la responsabilidad de tomar la decisión final respecto del destino de un acusado.

La decisión judicial en el caso Ring contra Arizona invalidó los procedimientos para sentenciar a muerte en cinco Estados -Arizona, Colorado, Idaho, Montana y Nebraska- que tienen 168 condenados a muerte y donde un juez o un grupo de jueces dictan sentencia.

También podría afectar los estatutos sobre la pena capital en otros cuatro Estados -Alabama, Delaware, Florida e Indiana- donde hay 529 condenados a muerte. Esos Estados tienen un sistema híbrido por el cual los jurados formulan una recomendación a un juez respecto de la sentencia.

El caso resuelto ayer lleva en la carátula el nombre de Timothy Ring, que fue acusado de asesinato y robo a mano armada en 1994, en Phoenix, durante un robo a un camión blindado cuyo chofer fue asesinado a balazos y más de 800.000 dólares en efectivo y cheques fueron robados.

No quedó inmediatamente claro qué les sucederá tanto a Ring como a los otros condenados a muerte en los Estados afectados. El fallo, firmado por la jueza Ruth Bader Ginsburg, revierte la decisión de la Corte Suprema de Arizona y vuelve a transferir el caso a los tribunales estatales "para nuevos procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión".

Con esa frase, bastante común en la jerga, no quedó claro si los condenados recibirían automáticamente la pena de cadena perpetua o si podrían ser nuevamente condenados a muerte según nuevos procedimientos. Algunas anteriores opiniones memorables sobre la pena capital significaron aplazamientos para numerosos prisioneros que aguardaban la fecha de su ejecución.

Junto con la jueza Ginsburg votaron por la mayoría los jueces John Paul Stevens, Anthony M. Kennedy, David H. Souter, Stephen G. Breyer y, de manera un tanto sorprendente, los jueces conservadores Antonin Scalia y Clarence Thomas. La jueza Sandra Day O´Connor y el presidente de la Corte Suprema, William H. Rehnquist, disintieron. La primera afirmó que el criterio adoptado por la mayoría fue innecesario según la Constitución y que provocaría confusión en los tribunales.

Segunda gran decisión

El fallo de ayer fue la segunda gran decisión judicial sobre la pena de muerte en menos de una semana. Y como hicieron hace una semana, los jueces revirtieron anteriores dictámenes de la Corte Suprema.

La semana pasada, la Corte Suprema estableció que era inconstitucional ejecutar a los retrasados y débiles mentales, con lo cual dejó de lado un fallo de 1989 en sentido contrario. Ayer, la Corte Suprema se contrapuso a una decisión de 1990, redactada por la jueza O´Connor, que había confirmado los procedimientos de sentencia del Estado de Arizona.

En su decisión de ayer, la mayoría sostuvo que el veredicto de 1990 (en el caso Walton contra Arizona) no podía compatibilizarse con una decisión adoptada por la Corte Suprema hace dos años respecto de una ley del Estado de Nueva Jersey referida a crímenes de odio.

En ese caso, Apprendi contra Nueva Jersey, la Corte Suprema expresó que los jurados, y no los jueces, debían hallar "cualquier hecho" que incrementara una sentencia más allá del máximo establecido normalmente para el crimen. Pero ese fallo no se extendió hasta la pena capital.

Cuando el caso Ring fue planteado ante la Corte Suprema el 22 de abril último, la jueza Ginsburg manifestó su percepción de que la decisión judicial respecto de Apprendi había sido, de manera ilógica, insuficiente.

"Díganme cómo se le podría explicar a un ciudadano que a la sentencia de un reo no se le puede agregar cinco años sin que un jurado dé el veredicto crítico, pero que a ese reo se lo puede condenar a muerte", desafió a los abogados por el Estado de Arizona.

Al final del juicio de Ring, el jurado se estancó y no pudo determinar si era culpable de asesinato premeditado, pero coincidió en que era culpable de asesinato mientras cometía otro acto criminal. Según la legislación de Arizona no podía ser condenado a muerte a menos que el juez encontrara circunstancias agravantes, lo cual hizo, es decir, que el crimen fue cometido por dinero.

Después del robo, Ring y sus dos cómplices se jactaron de su delito durante conversaciones telefónicas y se burlaron cuando los noticieros locales hacían aparecer a la policía como incompetente.

Tanto Ring como sus cómplices no sabían que, siguiendo una pista, la policía había intervenido sus teléfonos. Luego los inspectores policiales deliberadamente formularon declaraciones engañosas a los medios televisivos con la esperanza de que los sospechosos mordieran el anzuelo y se autoincriminaran. Cosa que hicieron.

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