El escenario. El capítulo más crítico de su lucha con la Corte

Por Ignacio Coló De la Redacción de LA NACION

28 de junio de 2008

La relación entre el presidente Alvaro Uribe y la Corte Suprema colombiana nunca fue buena. Pero ayer alcanzó su punto máximo de tensión y dejó al país al borde de una crisis institucional de impredecibles consecuencias.

El mandatario -que goza de una altísima popularidad y que cada vez disimula menos su intención de prolongar su estadía en el poder- recibió con disgusto que la Corte, que investiga al oficialismo por sus vínculos con los paramilitares, ahora ponga en duda la legalidad del proceso constitucional que habilitó la reelección de 2006.

Vale aclarar que en ningún momento se cuestionó el desarrollo mismo de esos comicios, sino que el fallo del máximo tribunal se refiere a un proceso que lo antecede y que data de 2004.

Acorralado, el mandatario colombiano retrucó con una propuesta que -paradojas de la política latinoamericana- suena propia de su par venezolano, Hugo Chávez, con quien mantiene pésimas relaciones: Uribe desestimó abiertamente la decisión judicial y eligió sortearla por la vía política y haciendo uso del apoyo popular.

"La convocatoria de Uribe a un referéndum no guarda relación con el caso. Lo que ha hecho la Corte Suprema ha sido declarar que la votación que hubo en la Cámara de Representantes para reformar la Constitución fue ilegal porque se compró el voto de una parlamentaria. Frente a esta realidad, que es un proceso judicial penal, el presidente, que goza de una amplia popularidad en las encuestas, propuso repetir las elecciones. Es una cortina de humo, una propuesta política frente a una decisión judicial", explicó a LA NACION Pedro Santana, presidente de la organización no gubernamental Viva la ciudadanía, en comunicación telefónica desde Colombia.

Por eso no son pocos los analistas que creen que, en realidad, Uribe aprovechó la decisión adversa de la Corte para tratar de alcanzar un tercer mandato, a pesar de que la Constitución que él mismo reformó se lo prohíbe.

"Es una propuesta soterrada para lograr la aprobación de su tercer período presidencial, una maniobra política para evitar una reforma constitucional que en las condiciones políticas actuales no podría llevar a cabo con éxito", estimó Pedro Medellín, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.

"Se trata de una propuesta de corte populista, mediante la cual pretende ajustar todo a sus deseos de perpetuarse en el poder", agregó Medellín.

Es necesario remontarse un par de años en el pasado para comprender el enfrentamiento actual entre la justicia y la presidencia colombianas.

Los "paras", como se conoce en Colombia a los grupos armados ilegales de extrema derecha, habrían colaborado activamente con la carrera política de dirigentes políticos y en particular de decenas de legisladores oficialistas.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema llegó a vincular a más de 60 congresistas con los paramilitares, 33 de los cuales terminaron presos. Entre ellos se encuentra Mario Uribe Escobar, primo del mandatario.

"Desde que estalló el escándalo de la parapolítica se desató una lucha entre la Corte y el presidente", afirmó el politicólogo Medellín.

"El año pasado, Uribe había acusado a la Corte de formar parte de un complot para tumbarlo", contó en comunicación telefónica desde Bogotá el analista político León Valencia.

Y el último fallo de la Corte fue, para Uribe, la gota que rebasó el vaso. Ahora el mandatario eligió desconocer la decisión judicial. "Lo que parece decir Uribe es: «No me someto al imperio de la ley, sino al pueblo»", consideró Valencia. Esto podría tener consecuencias aún más graves para Colombia, porque significaría el quebrantamiento del orden jurídico.

"El presidente incluso acusa a los magistrados de la Corte de ser útiles al terrorismo y de estar vinculados con el terrorismo. No sólo los acusa de ser parciales, sino de hacerles el juego a los terroristas: desafía al Poder Judicial con su poder electoral", afirmó el académico Medellín.

"La crisis abierta no tiene jurisprudencia ni antecedentes en Colombia", informó el analista Santana.

"Es un conflicto inédito en la medida en que la Justicia cuestiona una reforma constitucional. Es algo muy nuevo, y el presidente propone la solución que más le conviene a él", dijo el politicólogo Rodrigo Losada.

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