El Chapare, una zona que sigue leal a Evo, donde conviven los cocaleros y el narcotráfico

Tras renunciar y denunciar un golpe de Estado, Evo Morales se habría refugiado en Chapare, la zona cocalera del trópico de Cochabamba que lo vio nacer como dirigente político. Es una de las pocas regiones de Bolivia donde el expresidente conserva su poder intacto.

Los cocaleros de esa zona, a diferencia del sector de Las Yungas, donde está quebrada la lealtad hacia Evo, representan el núcleo duro de respaldo en un país que se encuentra convulsionado y fracturado, tras el quiebre institucional que dejó a Bolivia encerrado en la incertidumbre y con riesgo de que los enfrentamientos en las calles se agudicen.

Morales, quien viajó a esa zona durante la tarde de ayer, renunció a la presidencia pero sigue siendo el titular de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que nuclean a los cocaleros. De hecho, fue reelegido en ese cargo el año pasado. Aterrizó en un aeropuerto que fue construido en 1998 por la DEA, con base en esa región donde se producen unas 40.000 toneladas de hoja de coca por año, en su mayoría de manera ilegal. En 2008, dos años después de llegar al poder, Evo expulsó a la agencia estadounidense de esa zona de Bolivia, y esa base se transformó en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Las entrañas de Chapare

Aunque se han construido rutas y caminos durante los últimos años, las entrañas de Chapare son de difícil acceso. En esa zona del centro de Bolivia sólo hay un camino, la ruta N°4, que atraviesa parte del país, y que une los pueblos y ciudades que están entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

En noviembre de 2015, LA NACION estuvo en la base de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para realizar un reportaje sobre la producción de pasta base en el lugar. Un segundo proceso se realiza en laboratorios clandestinos en la zona cercana a Villa Yapacaní, un poblado cuya parte de su economía se nutre de la cocaína que manejan carteles internacionales, entre ellos colombianos y mexicanos.

Parte de la droga que se produce en esa región llega a la Argentina, a través de distintas rutas, como la aérea y la terrestre, por las fronteras de Yacuiba-Salvador Mazza y Bermejo-Aguas Blancas.

Por su origen y su capital político entre los sindicatos cocaleros de Chapare, Evo Morales siempre cuestionó la mirada de los organismos internacionales sobre la falta de efectividad en la erradicación de plantaciones de coca ilegal.

En 2017, cuando se aprobó la llamada ley de la Coca, que amplió las áreas de los cultivos legales –de 12.000 a 22.000 hectáreas– para uso "tradicional", generó una grieta entre los cocaleros. Porque esa normativa puso fin al monopolio de la zona de las Yungas sobre la producción legal y autorizó plantaciones que antes eran ilícitas en Chaparé, base política de Morales.

Bolivia produjo en 2018 55.000 toneladas de coca, pero la que se utiliza para el consumo interno no supera las 28.000 toneladas. ¿Qué ocurre con el excedente? Se transforma en cocaína. Bolivia es el tercer productor mundial de ese estupefaciente, después de Colombia y Perú.

Evo siempre argumentó que la lucha más efectiva contra el narcotráfico era a través del control social de los sindicatos cocaleros sobre esa zona, donde proliferan las cocinas ilegales de pasta base. Los sindicatos son la única presencia del Estado en esa selva impenetrable, donde se realizaron millonarias inversiones en estas sedes donde se centraliza la política pública de salud, educación y asistencia social.

Ese control sobre la zona caliente del narcotráfico nunca fue del todo efectiva. Y las precarias cocinas de pasta base en el medio de la selva nunca fueron erradicadas.

Después de dos años de crecimiento de los cultivos de esa hoja "ancestral", Bolivia redujo un seis por ciento la superficie destinada a la coca, según el informe de este año de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).

Bolivia es el mayor productor de cocaína más cercano de la Argentina, donde el estupefaciente ingresa por la zona fronteriza de Salta y Jujuy. Argentina tuvo una relación de tensión con el gobierno de Evo Morales en materia de colaboración en la lucha contra el narcotráfico tanto durante el periodo kirchnerista y como en la actual gestión.

Hay dos casos emblemáticos en Argentina que marcan la postura que mantuvo Bolivia con respecto a los narcos bolivianos, de persistir en impedir las extradiciones.

Uno de ellos es Wilson Maldonado Balderrama, un empresario boliviano que está acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de la región. Chichín, vinculado con un concejal de Salvador Mazza, quien se encuentra preso, carga con un pedido de captura desde el 30 de marzo de 2016 y una solicitud de extradición que llegó a Bolivia el 16 de junio de ese año. Sin embargo, la posibilidad de que sea juzgado en la Argentina por la causa denominada "Febrero Blanco" está lejos, ya que fiscales bolivianos abrieron una causa en su contra por lavado de dinero, algo que bloquea la extradición.

Ocurrió lo mismo con otro boliviano acusado de ser uno de los proveedores más grandes de estupefacientes en la Argentina, el empresario José Luis Sejas Rosales. Cuando se pidió su extradición por 11 causas, fiscales de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un proceso por lavado de activos.

Maldonado Balderrama tiene un largo historial en la Argentina, donde fue detenido por primera vez en 1993, en Buenos Aires y con 27 kilos de cocaína. Su caso es recordado por los abogados penalistas porque marcó a fuego la jurisprudencia, con la causa 24/93 "Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ inf. ley 23.737". La Corte Suprema de la Nación terminó por absolverlo cinco años después del procesamiento por deficiencias en la instrucción.

A este hombre vinculado al negocio del combustible y la madera, como también a los caballos y al tráfico de cocaína, la Justicia boliviana le abrió una causa por "legitimación de ganancias" (lavado de dinero) para determinar si los bienes que se secuestraron fueron originados con actividades ilegales, entre ellas, el narcotráfico.

El caso de Sejas Rosales es casi idéntico al de Maldonado Balderrama. Ambos compartieron también beneficios en la Justicia argentina, en tiempos en que el exjuez Raúl Reynoso ocupaba el juzgado federal de Orán. Sejas Rosales, dueño de cinco empresas que tenían contratos con YPF Bolivia, fue procesado por el juez federal N° 1 de Salta Julio Bavio el 15 de agosto de 2015 y se pidió su extradición, pero en Bolivia se abrió una causa, como ocurrió con Balderrama, por lavado de activos.

En Salta, Sejas Rosales, dueño de una flota de 250 camiones, fue acusado de ingresar más de 500 kilos de cocaína al país en 11 camiones cisterna que venían supuestamente vacíos, pero en un doble llevaban el estupefaciente, y volvían tras cargar combustible en Rosario y San Nicolás.