El chavismo arremete contra periodistas y activistas por revelar la tragedia de los balseros

CARACAS.- Dulce Pérez se ahogó abrazada a sus dos hijitos, de tres años y de 11 meses. No los soltó pese a la furia del mar. Así los encontraron a los tres, juntos, sin despegarse, buscando el milagro imposible. Junto al padre de los niños forman parte del naufragio de 23 balseros venezolanos en el Golfo de Paria, las nuevas víctimas de la tragedia venezolana, cuyos cuerpos a la deriva fueron rescatados del Mar Caribe desde el sábado.

Una tragedia a cuentagotas: primero fueron 11, el domingo tres más, el lunes ocho y el martes un cadáver, todos ellos procedentes del naufragio del bote Mi Recuerdo. Las autoridades marítimas no han dado por acabadas las labores de rescate en la búsqueda de "otras posibles víctimas". Incluso el diputado opositor Robert Alcalá hizo público que el lunes pasado, en medio de la tragedia, otro bote zarpó con una veintena de personas con destino a Trinidad y Tobago, a menos e 100 kilómetros de Venezuela.

Demasiadas vidas que restar a las más de 100 que ya se ha cobrado la peligrosa vía de escape ante el colapso nacional al este de Venezuela, que une las costas de Sucre con la isla caribeña, en la que ya viven 40.000 venezolanos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se hizo eco de la tragedia de los emigrantes, la gran huida que suma entre los cinco millones que aseguran los organismos internacionales y los más de seis millones que calcula el Observatorio de la Diáspora Venezolana. El debate se realizó gracias al bloque de 18 países que encara los abusos del chavismo y pese a la abstención de 11 naciones, entre ellas la Argentina, México y la propia Trinidad y Tobago, que ha quedado retratado en esta crisis por sus deportaciones de alto riesgo.

Mientras arreciaba la tormenta política, Venezuela estaba de luto, un duelo insuficiente para el chavismo, que buscaba cabezas de turco para desviar la repulsa internacional. La nueva ministra de Interior, la almiranta Carmen Meléndez, anunció que investigará a periodistas y activistas de derechos humanos que informaron sobre el naufragio.

En su primera nota oficial del domingo, el gobierno achacó el naufragio a las bandas criminales, que se mueven con impunidad en la zona. Pero según crecía la indignación dentro y fuera del país, el chavismo intensificaba su hostigamiento contra los periodistas, a quienes también persigue en la zona costera del naufragio para que no puedan informar. "Rechazamos la campaña emprendida por las corporaciones mediáticas cómplices de una estrategia de guerra contra el pueblo venezolano basada en el terrorismo psicológico y la manipulación de la verdad", subrayó el Ministerio de Interior en un comunicado.

Y no sólo periodistas, también representantes de la sociedad civil que sufren el acoso de la revolución. Diosdado Cabello, número dos de la revolución, adelantó que legislarán y castigarán a las ONG que trabajan sobre el terreno. Las Fuerzas Especiales de Maduro (FAES), consideradas batallones de exterminio por la ONU, allanaron la sede de Convite, una organización que cuida ancianos, y detuvieron durante varias horas a su coordinador.

En el caso de la muerte de los 23 balseros, además de amenazarlos a través de los medios públicos, Interior aseguró que está investigando a "voceros del extremismo venezolano en la generación de zozobra que han utilizado esta tragedia humana como un dispositivo mediático con fines macabros y perversos, causando más dolor a quienes ya padecen los efectos del cruel bloqueo criminal". Aliados latinoamericanos, como el colombiano Gustavo Petro, alentaron las soflamas propagandísticas de la revolución en estos días.

"El Estado es responsable de la seguridad humana en las áreas marítimas y por ello debe responder", insistió pese a las amenazas Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, la primera en advertir el sábado del hallazgo de los cuerpos y que ha informado al país sobre las movilizaciones en una zona abatida por el colapso nacional.

Los ciudadanos de Güiria, amparados por la Iglesia católica, que como tantas otras veces ha sustituido al Estado, encendieron sus velas y en procesión despidieron a los suyos en la noche del lunes. También protestaron por la detención del dueño del bote, quien en el siniestro perdió a cuatro hijos y varios nietos y nueras.

"Esta es la consecuencia triste del naufragio de la dictadura", clamó el presidente encargado, Juan Guaidó, durante el pleno del Parlamento democrático, que exhortó a las organizaciones internacionales para que investiguen a Trinidad y Tobago, cuyo gobierno deporta a los venezolanos en los mismos botes en los que navegan hasta la isla caribeña, con poco combustible y casi sin comida.