El chavismo busca aliviar la presión internacional con dos liberaciones

CARACAS.- Unos salen de la cárcel y otros están a punto de entrar. Así son las llamadas "puertas giratorias" de los presos políticos en Venezuela, enroques estratégicos del oficialismo con el objetivo de fortalecer su hegemonía. Los dos últimos en conseguir la libertad fueron Yon Goicochea y Delson Guárate, ambos dirigentes de Voluntad Popular (VP), el partido de otro prisionero, Leopoldo López . Ambos, también, son dos casos emblemáticos.

Los amenazados son Freddy Guevara y Julio Borges, vicepresidente y presidente del Parlamento, dos pesos pesados de la oposición. Según el Foro Penal Venezolano, son 378 los presos políticos que permanecen en las cárceles del chavismo o que sufren arresto domiciliario, como López y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma.

"Venezuela, todo pasa, todo se supera. Hoy con mi familia... Dios con nosotros." Goicoechea, preso durante 14 meses, saludó su libertad abrazado a su mujer y con la montaña caraqueña del Ávila a sus espaldas. El político, que tiene la doble nacionalidad venezolana y española, abandonó a medianoche su encierro en las mazmorras de la siniestra sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El caso de Goicoechea atrajo el repudio internacional, porque desde hace 12 meses su abogado tenía el boleto de libertad firmado por el juez de su caso. De nada sirvió. El Sebin, bajo el mando del vicepresidente Tareck El Aissami y dentro de la órbita del radical Diosdado Cabello, no sólo se negó a liberarlo, como era su obligación tras la orden judicial. Ni siquiera se molestó en dar una explicación.

Tanto el gobierno español y el gobierno autonómico vasco como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional y Human Rights Watch reclamaron la libertad de un dirigente que siempre estuvo en la mira de la revolución. Lo acusaba de liderar a los universitarios que en 2007 derrotaron a Hugo Chávez en el referéndum constitucional con el que quería eternizarse en el poder e imponer un paquete de leyes socialistas.

Goicoechea también fue uno de los siete presos políticos que obtuvieron este año el premio Sajarov, entregado por el Parlamento Europeo.

El segundo preso liberado es Delson Guárate, ex alcalde del municipio Mario Brideño Iragorry. Luchador social muy reconocido en su estado, Aragua, Guárate forma parte de la legión de alcaldes apresados, exiliados, destituidos o perseguidos por la revolución en vísperas de los comicios municipales de diciembre. "Llegó el día de recibir la libertad para dos venezolanos inocentes. También llegará ese día para todos los presos políticos de nuestro país", subrayó Lilian Tintori, la mujer de López.

Ambos políticos, a los que se les han aplicado medidas cautelares, fueron detenidos a fines de agosto y principios de septiembre del año pasado, víctimas de falsas acusaciones que nunca fueron demostradas en el marco de la Toma de Caracas, cuando la oposición reunió a más de un millón de personas en la capital. A Goicochea se lo acusó por tenencia de artefactos explosivos y a Guárate por tenencia de armas de guerra y asociación para delinquir.

Pero ni los apoyos internacionales ni las constantes iniciativas del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en pro de su libertad pudieron obtenerla. Hasta ayer, el mismo día que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó procesar penalmente a Guevara, vicepresidente del Parlamento y coordinador nacional de VP, y tramitó ante la todopoderosa Asamblea Constituyente chavista retirarle su inmunidad parlamentaria por supuestos delitos cometidos durante las protestas contra Maduro entre abril y julio, cuya represión provocó 125 muertos.

El chavismo endureció su presión contra la Asamblea en las últimas horas. Agentes del Sebin rodeaban ayer la casa de Guevara mientras Borges esperaba acciones contra él tras ordenar Maduro al fiscal que lo acusara de traición a la patria.

"Rechazamos categóricamente y no reconocemos esta medida proveniente de una institución ilegítima, que es parte esencial de la dictadura", protestó Luis Almagro, secretario general de la OEA.