El desplante de EE.UU. a la CIDH, otro síntoma de los problemas que enfrenta el organismo

El gobierno de Trump no envió a ningún representante a la comisión que depende de la OEA; preocupación de funcionarios y de las ONG
Rafael Mathus Ruiz
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22 de marzo de 2017  

WASHINGTON.- Las sillas vacías fueron un testimonio. En un desplante de Donald Trump a la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos faltó a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se discutió la política migratoria y de protección ambiental de la Casa Blanca.

La audiencia, una de las cinco "de oficio" convocadas este año por la CIDH, estuvo abocada a las medidas más controvertidas del gobierno de Trump: la construcción de un muro en la frontera con México; la llamada "prohibición musulmana" y el veto a los pedidos de asilo de refugiados; la ampliación de las deportaciones, y la flexibilización de los permisos ambientales para obras de infraestructura, un tema que tocó la resistencia de la tribu sioux Standing Rock a la construcción del oleoducto Dakota Access.

Una mesa fue ocupada por los comisionados de la CIDH. Otra, por representantes de organizaciones civiles y testigos. La mesa para funcionarios del "Estado" -ayer, Estados Unidos- quedó vacía. Un vocero del Departamento de Estado justificó la ausencia en los litigios que enfrenta el gobierno norteamericano en los tribunales por los temas de las audiencias.

"Estados Unidos tiene un gran respeto por el papel desempeñado por la CIDH en la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el hemisferio, incluso en Estados Unidos", dijo el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, ante la consulta de LA NACION.

"Respetuosamente, sin embargo, no es apropiado que Estados Unidos participe en estas audiencias mientras que el litigio en estos asuntos está en curso en los tribunales", justificó.

Nadie recordaba ayer en la OEA cuándo fue la última vez que Estados Unidos decidió eludir una audiencia, o si, de hecho, había ocurrido alguna vez. Se recordaban, sí, ausencias en años recientes de funcionarios de Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras o la Argentina. Pero no de Estados Unidos.

"Es lamentable que se pierda esta oportunidad para el diálogo no sólo entre los presentes, sino ante la colectividad que sigue esto", dijo el comisionado Francisco José Eguiguren, quien presidió una de las audiencias.

Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y uno de los activistas que expuso en una audiencia, dijo a LA NACION que la ausencia del gobierno de Trump era un "error histórico" que enviaba un "mensaje peligroso".

"La ausencia es un nuevo punto bajo", dijo Dakwar. "La decisión de la administración Trump es una muestra sin precedente de falta de respeto a la comunidad internacional que alienará a los aliados democráticos. Negarse a comprometerse con la Comisión es una política aislacionista que refleja el comportamiento de regímenes autoritarios y sólo servirá para envalentonarlos", agregó.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, no se mostró sorprendido ante LA NACION por la ausencia de funcionarios norteamericanos porque, dijo, las decisiones tomadas por Trump revelan un "desprecio" no sólo por los estándares de derechos humanos, sino también por los mecanismos de control.

"La ausencia es consistente con la arrogancia que ha mostrado hasta ahora la administración del presidente Trump frente a temas como estándares universales de derechos humanos, pero también el rol que cumplen organismos internacionales, como la Comisión", afirmó Vivanco. "No me sorprende. Al contrario, me sorprendería muchísimo que Estados Unidos hubiera venido", agregó.

Las organizaciones civiles que sí participaron de la audiencia entregaron un documento a la Comisión en el que solicitaron al organismo que urja a la Casa Blanca a rescindir los decretos que endurecieron la política de deportaciones, impusieron la llamada "prohibición musulmana" y relajaron las exigencias de protección ambiental para proyectos de infraestructura. Y, en caso de no poder hacerlo, que monitoree su ejecución.

"Los decretos son una tragedia para la comunidad inmigrante. Estamos siendo criminalizados", afirmó Maru Mora Villalpando, una inmigrante indocumentada, activista, que viajó desde el estado Washington, en la costa oeste, para hablar en la audiencia.

"Los animo a todos ustedes a que utilicen su poder para protegernos", imploró.

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