El día después de la tragedia por el motín en Venezuela

VENEZUELA.- En el día después de la tragedia, las voces desesperadas de los familiares, las quejas nacionales y las denuncias internacionales atronaron al unísono, tras confirmarse las 68 víctimas mortales en el "presunto incendio" de los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, como definió el fiscal general Tarek William Saab una de las mayores masacres carcelarias de la historia de Venezuela. En cambio, desde el Palacio de Miraflores y el gabinete de Nicolás Maduro se guardaba silencio, pese a las continuas apariciones de los ministros con excusa de la Semana Santa.

Los investigadores barajaban distintas hipótesis, desde el motín a un intento de fuga, pasando por un conflicto entre detenidos. En cambio, algunos familiares, incluso uno de los reclusos que pudo hablar con un grupo de periodistas a través de una ventana enrejada, subrayaron que se usó gasolina contra las víctimas. De la misma opinión es Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

"Que no vengan a decir que fueron ellos quienes provocaron el motín, porque no es así. Que los policías digan qué pasó. ¿Cómo los presos tenían gasolina allá dentro?", se interrogó la madre de un preso que salvó su vida y que no quiso dar a conocer su identidad. Otra mujer contaba que un policía lanzó el combustible contra los presos durante la refriega en unas mazmorras malditas desde hace ocho años, cuando el famoso boxeador Edwin Valero "El Inca", campeón del mundo de peso ligero y uno de los íconos de la revolución, se ahorcó con su propia ropa. Estaba detenido por asesinar a su mujer.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que en los calabozos se encontraron armas, una situación que no sorprende en el caos actual que se vive en las comisarías de todo el país.

"Ahí estaban como animales, eran demasiadas personas. No sabemos qué pasó, cómo se quemaron tantos. Lo único que sé es que a Carlos no lo trasladaron a ningún otro penal ni está en el hospital. Es desesperante", sollozaba Delia María Viloria, quien nada sabe de la suerte de Carlos Sánchez, uno de los internos a los que frecuentemente visitaba, que era "como un hijo" para ella.

Estos calabozos solo están preparados para albergar a los detenidos durante unos días, pero hoy pueden llegar a permanecer durante años. La ONG Una Ventana a la Libertad calcula que el hacinamiento supera el 300% en las comisarías venezolanas, todos ellos presos preventivos, la gran mayoría sin juicio. También se trataba de la principal queja de los reclusos en estas dependencias policiales.

La estampa habitual son los calabozos saturados, "en condiciones de insalubridad", incluso con casos de tuberculosis y desnutrición aguda. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su consternación por las "terribles muertes". Además también destacó su preocupación por la represión contra los familiares, que fueron dispersados por gases lacrimógenos. La ONU denunció las "malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, lo que genera reiterados hechos de violencia y motines".

Condiciones muy parecidas a las que reinan en el retén policial de Maracay, en el estado vecino de Aragua. En la madrugada pasada 26 presos lograron fugarse de los calabozos tras apoderarse de un arma y enfrentarse a los agentes. Dos de ellos perdieron la vida y otro fue de nuevo detenido.

Los calabozos y las cárceles venezolanas son fiel espejo de la crisis que vive el país, a la que se suma el tradicional desastre de las prisiones. En lo que va de siglo y hasta diciembre de 2016 un total de 6.754 presos han perdido la vida en las cárceles y 16.685 resultaron heridos, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.

"Esta horrible y completamente evitable tragedia es otra señal de la total negligencia de las autoridades venezolanas en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad", criticó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

"Desde la Asamblea Nacional abriremos una investigación exhaustiva que nos lleve a la verdad de lo que está ocurriendo en nuestras cárceles. Basta de impunidad", pidió la diputada Delsa Solórzano. Iris Varela, poderosa ministra de Asuntos Penitenciarios, es una férrea aliada del presidente Nicolás Maduro.

En la vereda opuesta, la ONG de derechos humanos Provea protestó: "Lo ocurrido es un motivo más para exigir la renuncia de Maduro. Su continuidad es garantía de caos, miseria y represión. Gobierno indolente ante los graves problemas sociales".