El espionaje, un negocio con altos beneficios para las empresas

WASHINGTON.- ¿Cuánto valen nuestras conversaciones privadas para el gobierno? Al parecer, pueden valer mucho, dependiendo de la tecnología que haya que usar.

En estos tiempos de intensa vigilancia gubernamental y de órdenes secretas de los tribunales, surgió un turbio negocio multimillonario. Pagadas con los dólares de los contribuyentes estadounidenses, pero con muy poco control de esos gastos, las tarifas secretas que le cobran al gobierno las empresas telefónicas y tecnológicas pueden variar enormemente.

AT&T, por ejemplo, aplica una "tarifa de activación" por cada pinchadura telefónica que asciende a los 325 dólares, a los que se suman 10 dólares diarios de mantenimiento. Las empresas más chicas, como Cricket y U.S. Cellular cobran "sólo" unos 250 dólares por pinchadura. Pero ¿cuánto cuesta espiar a un cliente de Verizon? Eso le cuesta al gobierno 775 dólares durante el primer mes, y 500 dólares por mes después de eso, según revelaciones que le realizó el año pasado ese sector al representante demócrata por Massachusetts, Edward Markey.

Mientras tanto, la masa de mails recopilados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) con el programa que reveló Edward Snowden probablemente fue muy barata o directamente gratis. Facebook dice no cobrarle al gobierno por acceder a su base de datos. Y aunque Microsoft, Yahoo y Google no dicen cuánto le cobran, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) descubrió que los registros de mail pueden conseguirse por apenas 25 dólares.

Más allá del precio, el negocio de la vigilancia está creciendo. Al amparo de una ley que tenía por objeto la captura de sospechosos de criminalidad y terrorismo, el gobierno de Estados Unidos disfruta desde 1994 de acceso a las redes telefónicas y al tráfico de Internet de alta velocidad. Más recientemente, el FBI presionó a empresas de tecnología como Google y Skype para que le garanticen el acceso en tiempo real a sus servicios de comunicaciones. Y como se demostró por las recientes revelaciones de las prácticas de vigilancia de la NSA, los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen mucho interés en analizar los datos y los contenidos que fluyen a través de las firmas de tecnología norteamericanas para recolectar información de inteligencia extranjera.

Para desalentar los pedidos gratuitos e impedir la pérdida de dinero, las empresas del sector apelaron a un artículo de la ley que permite que las empresas sean reembolsadas por el costo de "buscar, reunir, reproducir y proveer" el contenido o los registros de las comunicaciones en nombre del gobierno. Esos costos, según la ley, deben ser "acordados, razonables y consensuados" con el gobierno.

A partir de allí, las empresas telefónicas desarrollaron un cuadro tarifario y empezaron a facturarle al gobierno como a los otros clientes. AT&T estima que, entre 2007 y 2011, obtuvo unos 24 millones de dólares en reembolsos del gobierno por este servicio. Verizon, que tiene las tarifas más altas, aunque dice no cobrar en todos los casos, reportó ingresos por cantidades similares, con reembolsos de entre tres y cinco millones de dólares anuales durante el mismo período.

Emergencias

La mayoría de las empresas están de acuerdo en no cobrar en situaciones de emergencia, como, por ejemplo, el rastreo de un niño secuestrado. Tampoco están autorizadas a cobrar por el registro telefónico que dice quién llamó a una línea y cuánto duró la comunicación -como los datos que obtuvo el Departamento de Justicia sobre los teléfonos de la agencia AP durante una investigación por filtraciones- porque esa información se desprende fácilmente del sistema automatizado de facturación.

Sin embargo, los cargos por otros conceptos se van acumulando con facilidad. Una pinchadura telefónica cuesta unos 50.000 dólares promedio, una cifra que incluye los reembolsos, así como otros costos operativos. Un sólo caso de narcóticos del año 2011 en Nueva York le costó al gobierno la friolera de 2,9 millones de dólares.

Lo cierto es que ese sistema no es realmente una solución basada en el libre juego del mercado. Si el FBI o la NSA necesitan datos, están dispuestos a pagar lo que sea. Pero es probable que las empresas les cobren de menos, para no correr el riesgo de ser acusadas de aplicar cargos infundados al gobierno, un delito con penas muy severas.

Rusia sin pedido de asilo

Edward Snowden aún no presentó un pedido formal de asilo al servicio federal ruso de inmigración, dijo ayer el jefe del organismo, Konstantin Komodanovski, luego de que el ex agente manifestara su intención de hacerlo para después viajar a alguno de los países de América latina que se lo ofrecieron.

Traducción de Jaime Arrambide

Anne Flaherty